Desde la presidencia de la Comisión, el senador Nicolás Viera valoró positivamente el contraproyecto, destacando que “estamos unánimemente de acuerdo en que debe regularse el ingreso a las intendencias”, aunque admitió que aún persisten diferencias en artículos vinculados a contrataciones en períodos preelectorales.
Contraproyecto de los intendentes
Tope del 4 %: Se limita a ese porcentaje el cupo de designaciones directas dentro del total de funcionarios, siempre por razones fundadas y contratos que caducan al concluir la administración.
Modalidades de ingreso reguladas: Se incluyen modalidades alternativas a los concursos, como arrendamiento de obra, designación de becarios, contratos artísticos, laborales o adscriptos; estas personas no adquirirían estabilidad pública.
Prohibición de ingresos en el último año: Queda vedado incorporar nuevos funcionarios en los doce meses finales del mandato, salvo ascensos ya iniciados o contrataciones urgentes y temporales.
Prórroga de contratos existentes: Se permite renovar contratos vigentes con fecha anterior al 11 de julio de 2024, por hasta 24 meses, para garantizar continuidad.
Controversias y desafíos constitucionales
El proyecto original aprobado en Diputados —de solo dos artículos— ya establecía concursos públicos obligatorios, la posibilidad de sorteos cuando lo ameriten los requisitos y la prohibición de designaciones en el último año de la gestión. Sin embargo, se consideró insuficiente, y fue calificado de posible violación del principio de autonomía departamental, lo que hace necesario alcanzar una fórmula formalmente viable y consensuada.
El senador Viera también subrayó que las prácticas de “acomodo del último minuto” son frecuentes en algunos departamentos como Artigas o Cerro Largo, y llamó a avanzar hacia una regulación que promueva la transparencia y evite clientelismos.
