Olivera cuestionó que, si bien el INAU cumple el rol de rector de las políticas públicas en infancia, su capacidad de acción es limitada al enfocarse principalmente en los sectores más vulnerables. “Ser rector de políticas públicas interviniendo solo en una parte de la infancia limita mucho su accionar”, sostuvo. A esto se suma la coexistencia con otras estructuras, como el Ministerio de Desarrollo Social, que generan superposiciones y dificultades de coordinación.
El resultado, según PIAs, es un sistema fragmentado, con “nudos” que dificultan respuestas integrales. Entre ellos, Olivera mencionó altos niveles de institucionalización, judicialización e incluso “prisioneralización” de adolescentes, fenómenos que reflejan fallas estructurales en el abordaje de estas problemáticas.
Olivera advirtió que muchas de las situaciones que afectan a niños y adolescentes no son debidamente registradas ni abordadas por el Estado. En ese sentido, destacó la campaña “No son balas perdidas”, impulsada por PIAS, que trabaja en visibilizar casos de niños y adolescentes heridos o asesinados en contextos de violencia territorial. Según explicó, existe un subregistro de estos episodios y una ausencia de respuestas estructurales.
“El Estado no tiene una institucionalidad que responda ante las diferentes situaciones de violencia”, afirmó. Además, cuestionó que los informes oficiales se centren principalmente en violencia intrafamiliar y abuso sexual, dejando por fuera otras formas como la violencia territorial, institucional o digital. También señaló la falta de protocolos claros, por ejemplo en el sistema de salud, para actuar ante casos de violencia grave. Esto, dijo, deja a las familias en situación de desamparo, sin evaluaciones de riesgo ni acompañamiento adecuado.
Propuestas: institucionalidad, presupuesto y territorio
Frente a este escenario, PIAS plantea una serie de reformas estructurales. Entre ellas, la creación de una institucionalidad más robusta y transversal que atraviese todos los ministerios, incorporando la perspectiva de infancia en áreas como vivienda, desarrollo social y seguridad. También proponen avanzar hacia la creación de una Defensoría de la Niñez, similar a las existentes en países como Argentina y Chile, que permita un seguimiento más efectivo de las políticas públicas y la garantía de derechos.
Otro eje clave es la elaboración de un Plan Nacional de Infancias y Adolescencias, que articule las distintas acciones del Estado y establezca prioridades claras. En materia presupuestal, Olivera sostuvo que es necesario aumentar los recursos destinados a infancia, pero advirtió que esto no es suficiente si no se acompaña de un rediseño del modelo de intervención.
Uno de los cambios propuestos es avanzar hacia la desinstitucionalización, reduciendo la dependencia de dispositivos de internación y fortaleciendo el trabajo en territorio. Sin embargo, Olivera enfatizó que este proceso debe ir acompañado de un fuerte apoyo a las familias. “Las familias vulnerables muchas veces no cuentan con herramientas para abordar estas situaciones”, explicó. En ese sentido, subrayó la necesidad de políticas de acompañamiento integral que permitan prevenir situaciones de riesgo y evitar que los casos escalen hacia instancias judiciales.
Finalmente, el integrante de PIAS puso el foco en una dimensión que considera especialmente débil, la reparación del daño y la restitución de derechos. Según explicó, cuando ocurren situaciones graves —como intentos de homicidio o violencia reiterada— no existen mecanismos adecuados para acompañar a las víctimas y sus familias en el proceso posterior. Esto incluye desde la evaluación de riesgos hasta la reintegración al sistema educativo y el apoyo psicológico. “Tenemos una grave dificultad en reparación de daño”, afirmó.
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