600 marineros
La grave situación afecta a cientos de efectivos subalternos de la Prefectura Nacional (parte de la Armada Nacional). Estos funcionarios no están recibiendo en tiempo y forma los pagos por servicios especiales de seguridad, conocidos como "Artículo 222", prestados a la Administración Nacional de Puertos (ANP).
Aproximadamente 600 marineros de Prefectura enfrentan atrasos de entre 4 y 7 meses en el cobro de sus servicios especiales. Este dinero es crucial, ya que para muchos representa entre 25 mil y 60 mil pesos uruguayos, marcando la diferencia entre llegar o no a fin de mes.
El servicio 222 no solo implica servicios de vigilancia y seguridad en puertos; la tarea de vigilancia cumple un rol fundamental para mantener la calificación de seguridad nivel 1 bajo sistemas internacionales (PVIP).
La Ley 13.318 de 1964 lo regula y sufrió una modificación en la Rendición de Cuentas de 2021 (decretada en 2022) con el fin de regularizar los pagos, pasándolos de un sistema "en negro" a un recibo de sueldo oficial con descuentos legales.
Durante mucho tiempo, el servicio 222 era considerado como uno en el que el funcionario “acordaba” personalmente con el empleador, público o estatal, y la institución (Policía, Armada, Ejército) autorizaba al personal a poder desarrollar la tarea. Sin embargo, la necesaria regularización ha generado trabas burocráticas enormes para el cobro.
La parte del león
La Armada cobra a la Administración Nacional de Puertos unos 600 pesos por hora de servicio, de los cuales al marino le corresponden aproximadamente 270 pesos. La Administración Nacional de Puertos (ANP) afirma estar al día con los pagos a la Armada, respaldado por transferencias electrónicas por varios millones de pesos mensuales. El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) inicialmente alude a retrasos de los contratantes o a demoras en la obtención de recursos presupuestales y "observaciones de auditoría" de la Contaduría General de la Nación.
La Contaduría General de la Nación (dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas) es señalada como el "cuello de botella". La acumulación de pagos de varios meses en una sola liquidación excede el tope de 120 horas mensuales, requiriendo una "justificación expresa" que retrasa los pagos.
Desde el MDN se asegura que se mantienen reuniones entre la Armada y la Contaduría, y que el Gobierno busca incorporar 70 millones de pesos anuales al presupuesto quinquenal para agilizar estos gastos. Sin embargo, el Ministerio de Economía no ha emitido declaraciones.
Familiares toman la bandera
Ante la desesperación y la imposibilidad de los efectivos de denunciar, sus familiares (esposas, hermanas, madres) redactaron una carta formal al Comando General de la Armada y al Ministerio de Defensa. En la carta, fechada el 15 de septiembre, denuncian la irregularidad de los pagos desde marzo, la dilución de responsabilidades y la falta de soluciones, a pesar de que los fondos ingresan mensualmente al Estado (solo el 50 % de lo recaudado llega a los funcionarios).
Advierten que, de no recibir una respuesta formal y positiva en pocos días, tomarán "acciones directas", incluyendo movilizaciones pacíficas frente a las sedes de la Armada, el MDN y el puerto de Montevideo.
Estas denuncias de familiares, coinciden con algunos juicios que están en proceso en el Poder Judicial. Los familiares, que han recorrido algunos medios de comunicación, cuentan de las dificultades económicas que vienen atravesando, incluyendo cortes de servicios básicos (luz, agua, teléfono), deudas acumuladas y la imposibilidad de acceder a créditos. Muchos están viviendo situaciones límite, algunos al borde del suicidio, ausencia laboral por experimentar depresión, discusiones matrimoniales y separaciones. Algunos funcionarios tuvieron que vender sus vehículos para saldar deudas.
Una situación compleja es que, debido a la falta de personal, algunos realizan hasta 200 horas de estos servicios al mes (el tope es 120), sin cobrar por el excedente ni por las horas debidas.
Deudas de inspección
En marzo del 2025 difundíamos que “desde el año 2021 al 2023, el Comando General de la Armada no realiza los pagos de inspecciones realizadas por la Comisión Técnica (COTEC), en este caso particular en el control de buques que estén ‘libres de gases’”.
El Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, a través de la Prefectura Nacional Naval, tiene entre sus cometidos la matriculación (División Matrículas, DIVMA), registro (Escribanía de Marina, ESMAR), inspecciones técnicas (Comisión Técnica, COTEC), el control del cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad de los buques y/o embarcaciones, habilitando las zonas de navegación de acuerdo a sus características técnicas y otorgando los certificados de navegación correspondientes y la matrícula de los buques (Dirección Registral y de Marina Mercante, DIRME).
Esa inspección se cobra porque es un servicio que brinda el Estado por la seguridad de todos. En este caso, el asunto es grave porque la plata recaudada por la Armada, que luego manda al Ministerio, que antes pasa por otras áreas y del Ministerio vuelve a la Armada, se perdió en el camino, debiendo un total de tres millones de dólares que, según algunos, puede llegar a los 4 millones si se toma en cuenta la partida de refuerzo de rubro que salió del Ministerio. El abogado lleva adelante un juicio por uno de los inspectores a quien, sólo a él, se le deben unos 500 mil dólares. Como el “dinero desapareció” en algún mojón de las variadas rutas, la demanda va dirigida contra el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de la Armada, Ancap, la Administración Nacional de Puertos y distintas empresas privadas: Tsakos, Universal Shipping Agency, Christophersen S.A. y la Agencia Marítima Escena S.A.
La deuda reclamada por varios inspectores al día de hoy asciende a 3.646.724 pesos uruguayos.
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