"Es una decisión política y es una decisión que también tiene connotaciones jurídicas y técnicas", dijo la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
Por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que "el gobierno va a resolver en el momento que entienda oportuno y que por derecho corresponda, porque los procedimientos administrativos tienen sus garantías, sus vistas, sus plazos".
Informes negativos
El Ministerio de Defensa recibió en los últimos días un nuevo informe de los capitanes de navío Héctor Cardozo e Ismael González, quienes volvieron a constatar problemas en los tiempos de construcción de las patrullas.
El informe sostiene que solo una ínfima proporción de los planos que el astillero presentó de las diferentes partes de la primera patrullan han sido aprobados, al tiempo que se desconoce la cantidad de planos que debería tener el proyecto.
Por su parte, en las conclusiones de la auditoria de Bureau Veritas dice que, tras 11 meses de iniciado el proceso de construcción, "el comprador declara que no dispone de proceso de construcción definitivos ni evidencia de obtención de aprobación ni permiso de construcción de conformidad con los requeridos de la bandera del Uruguay".
Tras la auditoría de Bureau Veritas y el informe de los capitanes de navío, el gobierno considera imposible que Cardama pueda llegar a tiempo a la fecha limite para entregar la primera nave, que, sumando las prórrogas previstas, está estipulada para el 23 de noviembre de este años.
