Hasta ahora dos empresas -la brasilera Polimix Concreto y la argentina Loma Negra- son las que compraron el pliego de licitación para la producción, comercialización y distribución de cemento portland en las plantas de Ancap, ubicadas en Paysandú, Minas y Manga. Sus autoridades resolvieron prorrogar hasta setiembre la recepción y apertura de ofertas. Opositores a la privatización consultados por Caras y Caretas sostienen que es posible que se esté dando tiempo a otra empresa para que pueda presentarse al llamado.
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Una de las empresas que compró el pliego para eventualmente participar en el llamado a licitación para la privatización de la industria del cemento es la empresa brasilera Polimix Concreto y la otra empresa interesada es Loma Negra, que mantiene una participación marginal en la asociación de Cementos del Plata que comercializa actualmente el portland producido por Ancap. Según pudo conocer Caras y Caretas, la empresa brasileña mira con atención el conflicto que mantienen los trabajadores de Ancap en las distintas plantas donde han planteado ocupaciones y paros, además de la posición del Frente Amplio, que ha rechazado la privatización de la industria cementera. En principio la empresa brasileña hizo saber al directorio de Ancap que si los trabajadores y partidos políticos en el Parlamento se oponen al proceso licitatorio, entonces el interés de esa empresa podría disminuir o desaparecer, más aun si se tiene en cuenta que corre el año preelectoral.
La prórroga resuelta por el directorio de Ancap para recepción y apertura de las ofertas de privatización de la producción, comercialización y distribución del cemento portland “podría apoyarse en que el directorio en realidad está buscando dar tiempo a otros interesados para que se presenten al llamado”, dijo una fuente consultada por este medio.
En tanto, esta semana la Federación Ancap anunció la profundización de medidas sindicales en determinadas unidades de la refinería de La Teja, entre otras movilizaciones que se suman a las ya realizadas en distintos puntos del país. Los trabajadores de Ancap y los agremiados en el gremio de la construcción, Sunca, que también trabajan en la planta Paysandú, se oponen a la privatización de la industria del cemento.
Además, las medidas gremiales en unidades de la refinería podrían revelar que la metodología establecida en la Ley de Urgente Consideración para aumentar el precio de los combustibles no es tan transparente como se sostuvo por parte del gobierno. Fuentes consultadas indicaron que la diferencia del precio de combustible importado y refinado es abismal y las medidas gremiales podrían incidir en el llamado margen de refinación y si Ancap consiguiera combustibles más baratos que el Precio de Paridad de Importación, revelaría que desde hace dos años “no se le está diciendo la verdad a la población sobre el precio de los combustibles”, dijo el secretario general de Fancap, Manuel Colina. La otra posibilidad es que para defender el mecanismo establecido en la LUC, Ancap decida pagar ese desfasaje que se genere, que no será nada despreciable y podría aumentar su déficit”.
En tanto, el 5 de junio pasado, cuando aún se desconocía que el directorio de Ancap prorrogaría la recepción de ofertas para la privatización de la industria del cemento, el presidente del ente, Alejandro Stipanicic, resolvió personalmente un recurso presentado por los trabajadores y luego de haberlo resuelto -en un acto personal- lo hizo evaluar por el resto del directorio.
“Por medio de la presente informamos que por resolución de Presidencia de fecha 5 de junio de 2023 se decidió levantar el efecto suspensivo del recurso de revocación interpuesto por la Agrupación ex Federación Ancap (Fancap) y funcionarios del organismo contra la Resolución de Directorio N° 286/5/2023 de fecha 18 de mayo de 2023, que resolvió aprobar el pliego de la Licitación Pública Internacional de referencia, quedando como fecha de recepción y apertura de ofertas el 19 de julio de 2023 a las 14.00 horas”.
La resolución que luego se hizo avalar por la mayoría del directorio de Ancap está publicada en la página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.
El gremio de trabajadores de Ancap interpuso un recurso firmado por 280 funcionarios que trabajan en el portland vinculado a la salvaguarda de derechos adquiridos, al tiempo que solicitaban la suspensión de la resolución que habilitaba la licitación internacional hasta que el recurso se laudara. El secretario general de la Federación Ancap, Manuel Colina, respondió que “el presidente del ente puede -si es que es urgente- resolver un recurso ante sí, pero en este caso no tenía carácter de urgente y tampoco se notificó a la Federación Ancap la resolución adoptada”.
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