Desde setiembre, la espera por la firma del acuerdo de implementación entre Alur y HIF Global, que regularía la relación entre ambas entidades y un contrato futuro de abastecimiento de CO2 biogenético, ha sido larga y complicada. La falta de resolución ha sembrado desconfianza y ha generado cuestionamientos sobre la gestión del gobierno en un sector que se presenta como clave para el desarrollo energético de Uruguay.
Tensión entre el Ejecutivo y Ancap
Bajo este clima de incertidumbre, el presidente Lacalle Pou instó a Ancap a desistir de su derecho a participar en el proyecto de HIF Global. Esta decisión crea un escenario preocupante para el futuro de la empresa estatal, que representa un pilar crucial en la soberanía energética del país. Se ha especulado sobre la posibilidad de que ANCAP pueda participar con un 30% en el proyecto, un aspecto que, de concretarse, podría reforzar su posición en el mercado energético.
El dilema radica en que renunciar a esta participación implicaría no solo una pérdida inmediata de influencia en un sector estratégico, sino también un costo de oportunidad significativo. La decisión de despachar la participación de Ancap podría atar las manos del futuro gobierno frente a consideraciones clave en la política de combustibles del país, algo que históricamente ha sido un objetivo del Partido Nacional: debilitar las empresas públicas y reducir su peso en la economía nacional.
No se han conocido opiniones ni declaraciones del gobierno electo, pero sin dudas serán temas que estarán en declaraciones a la brevedad.
Contexto internacional y el potencial del hidrógeno verde
La realidad internacional ha evidenciado la importancia de Ancap y la relevancia de mantener una empresa estatal robusta, especialmente ante los vaivenes en los precios de los combustibles y la creciente búsqueda de fuentes de energía alternativas. En este sentido, el hidrógeno verde representa una oportunidad valiosa para Uruguay, dado su potencial como recurso renovable y su capacidad para diversificar la matriz energética del país.
Uruguay cuenta con condiciones privilegiadas para el desarrollo de energías renovables, lo que incluye no sólo el hidrógeno verde, sino también otras fuentes alternativas que podrían consolidar su soberanía energética. La decisión de desestimar la participación de ANCAP en un proyecto de esta magnitud podría resultar en un paso atrás en las políticas energéticas, una falta de visión de futuro que podría lastrar el desarrollo del país a largo plazo.
Una falta de visión estratégica y negociados
La situación actual del gobierno uruguayo resalta una serie de decisiones que parecen más reactivas que proactivas, revelando una falta de una mirada de futuro y de desarrollo coherente. Los últimos acontecimientos en torno a los proyectos de Ancap y la producción de hidrógeno verde son solo una muestra más de los "negociados" de este gobierno.
Es imperativo que se reconozca el papel fundamental que desempeñan las empresas públicas en el desarrollo sostenible y en la garantía de una política energética coherente. Mantener la soberanía energética y avanzar en energías renovables deben ser prioridades ineludibles, y el camino a seguir debe estar cimentado en la colaboración y el entendimiento entre el gobierno y sus instituciones. En este punto crítico, la forma en que se resuelvan estas tensiones será clave para el futuro energético y económico de Uruguay.
