La investigación sobre la eliminación de documentación , puede apuntar a una omisión de Lacalle Pou por no denunciar lo ocurrido. Carolina Ache, había denunciado que en el piso 11 de Torre Ejecutiva se había destruido documentación clave para la investigación fiscal, referente a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Las afirmaciones del Dr. Jorge Díaz siguen mostrando la delicada situación por la que atraviesa, no sólo el Ministerio del Interior y autoridades de Cancillería, sino también la Presidencia de la República.
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De acuerdo a lo denunciado por Carolina Ache, el asesor presidencial Lafluf, habría sido la persona que destruyó la documentación que figuraba en el expediente que debía ser enviado para la consideración de la investigación judicial. Las hojas destruidas tenían las copias de los chats entre Ache y Maciel, referente al proceso por el cual se estaba tramitando el pasaporte de Marset, y que daban cuenta del conocimiento de las autoridades de la peligrosidad del narcotraficante. La versión de Carolina Ache, indica que le pidieron protocolizar nuevamente las conversaciones de su WhatsApp. Según lo expresado en Desayunos Informales por el defensor de la ex vicecanciller, Jorge Díaz, “Ahí es cuando se entera que tenía que agregarlo de nuevo porque el original se había destruido”.
El abogado defensor agregó nuevos elementos que pueden dar un giro en la investigación, ya que apuntan directamente a una posible responsabilidad penal del propio presidente Lacalle Pou. Se trataría de delitos que surgieron con posterioridad al otorgamiento del pasaporte y que pueden ser abordados por la justicia. Díaz dijo que la destrucción de la documentación “ocurrió en el ámbito del piso 11 de la torre ejecutiva de presidencia de la república, el jerarca es el presidente de la república. Si hay alguien que tiene que denunciar esto, es el jerarca de la oficina donde ocurrieron los hechos. No lo hizo”.
Jorge Díaz, insistió que el presidente Lacalle Pou tenía la obligación de denunciar el presunto hecho delictivo. Y explicó que el código penal, establece que la destrucción de documento publico o privado es un delito. Agregó además, que le corresponderá a Fiscalía citar o no al presidente para indagar sobre este episodio, y en virtud de ello determinar si existió delito o no.