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Política controversia |

Petits scandales

Las controversias que rodean a Carlos Albisu en la Intendencia de Salto en tres meses de gestión

Nepotismo, clientelismo y violación de convenios colectivos. Se acusa a la gestión de Carlos Albisu de ingresos discrecionales y despidos arbitrarios.

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A Tres meses de asumir como intendente de Salto, Carlos Albisu encabeza una gestión marcada por tensiones políticas, sindicales y éticas. A los cuestionamientos por los ceses masivos de funcionarios, se suma ahora una resolución de la JUTEP que calificó como acto de corrupción la designación de un jerarca con parentesco directo dentro de su administración.

Ceses y denuncias de persecución política

En los primeros días de gestión, Albisu dispuso el cese de 292, según distintas versiones funcionarios contratados durante el período anterior del Frente Amplio, alegando que los vínculos laborales provenían de “convenios irregulares”. El sindicato Adeom Salto denunció que la medida constituye “persecución política” y un acto de revanchismo, al sostener que los ceses afectaron sobre todo a trabajadores identificados con el Frente Amplio.

Albisu defendió la decisión como una acción “jurídica, técnica y necesaria”, asegurando que los contratos violaban normas legales y que el proceso de revisión se hará “caso a caso” para considerar la situación social de los afectados.

Incorporaciones de confianza y acusaciones de clientelismo

Tras los despidos, el intendente nombró a entre 42 y 52 funcionarios de confianza, según distintas fuentes. La oposición y el sindicato cuestionaron que la administración reemplazara un clientelismo por otro, mientras Albisu sostuvo que su antecesor tenía un número mayor de cargos políticos y que muchos de los nuevos ingresos ya eran funcionarios de carrera.

Crisis financiera y denuncias de "desorden heredado"

Albisu declaró haber recibido una Intendencia con una deuda de 287 millones de pesos con el Banco República y pasivos con proveedores por unos 800 millones de pesos, lo que, según dijo, puso en riesgo el pago de salarios.

El intendente argumentó que se trata de una “crisis heredada”, mientras que el Frente Amplio acusó al nuevo gobierno de sobredimensionar la situación financiera para justificar despidos y recortes.

Adeom Salto se declaró en conflicto y realizó paros y movilizaciones frente a la sede comunal, reclamando diálogo y denunciando la falta de transparencia. Desde la oposición también se cuestionó que las decisiones contradicen las promesas de “orden y transparencia” con las que Albisu llegó al gobierno departamental.

Resolución de JUTEP por nepotismo

En octubre, la JUTEP resolvió que la designación de Juan Manuel Texeira Núñez como director de Obras constituye un acto de corrupción por violar normas de ética pública, al existir un vínculo de parentesco directo con el secretario general, Walter Texeira, su padre.

El organismo identificó infracciones a los artículos 9, 11, 13, 14 y 35 del Decreto 30/003 y a los artículos 9, 13, 15, 16 y 36 de la Ley 19.823, y exhortó a la Intendencia a revertir la situación en un plazo de 30 días. Albisu respondió calificando la resolución como un “ataque político sin fundamento legal”, y cuestionó que la JUTEP no considerara normativa departamental vigente. Afirmó que su gobierno “dará respuesta jurídica hasta las últimas consecuencias”.

La resolución llega en un momento de alta tensión interna, cuando la administración intenta ordenar las finanzas y "recomponer" relaciones con los trabajadores.

Antecedentes en la CTM

Antes de asumir como intendente, Carlos Albisu ya había estado envuelto en controversias durante su gestión al frente de la Delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, donde también se lo cuestionó por designaciones políticas y presuntos casos de nepotismo. Aunque no hubo sanciones formales, aquel episodio anticipó el tipo de críticas que hoy vuelven a rodear su administración departamental.

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