Lavado de activos: las "empresas cáscara" eligen a Uruguay

El Estado uruguayo sabe que existe un riesgo de lavado de activos vinculado a la triangulación de transacciones entre distintos países. Se trata de falsas operaciones de comercio -importaciones y exportaciones- para las que no existe un movimiento real de mercaderías porque se cuentan con exoneraciones tributarias y asimetrías con las normativas cambiarias de otros países que favorecen la operativa.

“Se trata de una actividad que alcanza cifras muy significativas de facturación que cuenta con limitados controles”, dice el último informe de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Además, existe un tratamiento tributario especial para estas actividades que se realizan fuera de las Zonas Francas, “lo que podría alentar la realización de maniobras ilícitas por parte de entidades que ni siquiera están obligadas en materia de lavado de activos”, diagnostica el informe.

La resolución de la DGI establece que la ganancia es 3% y, sobre ese porcentaje, se le aplica el impuesto a la renta que es 25%; por tanto, se termina pagando 0,75%, mientras que en Argentina es 35%. “Efectivamente esto favorece la realización de maniobras para eludir impuestos que pueden ser usadas igual para lavar dinero en la medida que la diferencia en la facturación permite inflar o desinflar los ingresos”, dijo Ricardo Gil Iribarne quien encabezó la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En tanto, la resolución de la DGI tiene que ver con los aspectos impositivos y, cuando se habla de lavado, la preocupación no es cuántos impuestos se pagan, sino “cuántos ingresos ilegales se pueden hacer aparecer como legales”, agregó Gil Iribarne.

Precisamente, una investigación sobre el comportamiento del Grupo Techint concluyó la evasión de impuestos que realiza esta empresa argentina a través de las empresas cáscaras instaladas en Uruguay.

El exsecretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Ricardo Gil Iribarne, dijo a Caras y Caretas que “la evasión impositiva y la posibilidad de lavado de activos se instrumentan con operaciones cuyo precio de origen y destino no son controlables. Si se compra a 10, pero se aparece vendiendo a 100, hay 90 que queda como ingresado y nadie lo controla”, indicó Gil, quien agregó que “está el riesgo de lavado pero, como no se le da importancia a esas operaciones, no son controladas”.

“El sistema antilavado uruguayo no le ha dado importancia -continuó- porque en este momento el gobierno tiene baja percepción de los riesgos de lavado y por eso instrumentó formas que bajan las defensas”. El exjerarca dijo que la baja percepción es lo que la gente estima que es problemático o no. “Si el gobierno establece en la Ley de Urgente Consideración que hay que hacer pocos controles sobre los orígenes de los fondos que estén bancarizados, porque supuestamente el banco los controló, y además establece operaciones en efectivo hasta por 140 mil dólares en Uruguay, claramente la percepción del problema será baja". Gil Iribarne dijo que “los reportes de operaciones como sospechosas disminuyeron y nadie está supervisando, al punto que en los últimos años existen muy pocos casos de lavado de activos en investigación”.

El economista argentino Gustavo García Zanotti dijo a Caras y Caretas que “las empresas cáscara captan depósitos de empresas filiales y luego transfieren esos fondos”. Definió esta actividad como “nociva” para la economía en términos tributarios. Lo hacen para eludir impuestos y crean este tipo de estructuras en Uruguay para pagar lo mínimo. Todas las empresas del Grupo Techint actúan bajo este régimen.

Por su lado, el sociólogo también argentino Alejandro Gaggero, quien también investigó junto a García Zanotti aspectos del régimen tributario y sistema financiero, en su informe ‘Gasoducto al paraíso: la estructura offshore del Grupo Techint en Uruguay‘”, revela que el Grupo Techint, responsable de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Argentina, opera con una serie de empresas en Uruguay, que no tienen patrimonio, ni empleados, ni producción, y, por esto, por no contar con una organización, funcionan como empresas cáscara. Los beneficios fiscales de Uruguay redundaron en estas empresas, concluyó la investigación, lo que derivó en una facturación en 2021 de 7.500 millones de dólares para todo el Grupo Techint. La cifra corresponde al 13% de todo el PBI de Uruguay, dijeron Gaggero y García.

“El objetivo es eludir el pago de impuestos y por eso son empresas que, si bien no producen, sin embargo tienen una facturación monumental”, dijo García Zanotti en diálogo con Caras y Caretas. Eligen Uruguay para trasladar la ganancia de su producción a lugares de baja tributación, explicaron los investigadores, y agregaron que gran parte de la comercialización “es una triangulación consistente en que la empresa en Uruguay le compra, por ejemplo, tubos a otra empresa instalada en Argentina, y luego los vende a un cliente real; una intermediación innecesaria que además nunca entra esa mercadería en Uruguay siendo entonces un mero registro contable”.

García Zanotti dijo que se encontraron con patrimonios de 3.000 millones de dólares en empresas cáscara en Uruguay, radicadas en Montevideo, que sin embargo mantenían dos empleados. En cuanto al rol de los bancos, el exjearca de la Secretaría Antilavado, Gil Iribarne, dijo que “los fondos que manejan no necesariamente tienen que mover fondos, sino que compensan llevando cuentas corrientes”; en tanto el economista e investigador argentino García Zanotti dijo que “los depósitos se realizan en diversos bancos del mundo”. De todas maneras, los investigadores argentinos sostuvieron que la actividad en sí misma de las empresas cáscara no es ilegal, aunque subrayaron que sí lo es el desvío de precio de transferencia por evasión impositiva; compran barato y venden al precio de mercado. Subrayaron, en definitiva, que no se trata de un problema abstracto porque los impuestos que no se recaudan de los más ricos repercuten en la distribución del ingreso de toda la sociedad.