Serpaj valora como hechos de contexto lo que los titulares de los grandes medios de prensa y el sistema político valoran como anécdotas o hechos puntuales. Señala, además, con acierto, la dimensión real del asunto que quizás pasada la “fiebre electoral” seamos capaces como sociedad de asimilar: “Los discursos y actividades político-partidarias se desarrollaron en paralelo a una vida social, económica y política en el territorio que reproduce y profundiza las desigualdades, las violencias estructurales y estatales, las dificultades para muchas y muchos de llevar una vida digna, libre de violencia”.
Simpatizantes partidarios de los barrios marginados que asisten a los actos embanderados con los colores de su partido para volver, luego de los aleccionadores discursos, a su cotidiana y dura realidad, donde más esperanzador que el triunfo electoral es que no hayan entrado a robarle la casa, rapiñarlo a su regreso, a ir pergeñando los ingresos económicos que le permitan parar la olla al otro día, a encontrar los medicamentos imprescindibles en las policlínicas de ASSE, a que la asistencia al acto no termine en una violenta recriminación.
Colgados del pretil
A pesar de la insistencia de Mujica de que la política no debe servir para hacer dinero, las organizaciones partidarias han encontrado el modo de repartir unas migajas para generar magros pero necesarios ingresos a simpatizantes laboralmente desocupados, una suerte de changa, de zafra electoral que, al mejor estilo asistencialista y, por qué no, clientelista, implica una distribución del ingreso financiero de los partidos políticos.
Claro que Mujica se refiere a quien hace de la actividad política su única forma de ingreso y de acumulación de capital, convirtiéndose así en una “clase social para sí”, y en un conjunto de militantes que reciben algunas monedas por doblar y repartir listas, colgar y descolgar carcelería, trasladar gente a las actos y múltiples actividades que, en el caso de la izquierda, se realizaban con “tracción militante”.
El atavismo de las urnas del sistema político uruguayo promueve este tipo de actividades que, posiblemente sin quererlo, generan “beneficiarios” dentro de los excluidos. Así, quienes estaban al frente de la comisión de vecinos de su barrio, que se movilizó por la olla, el merendero, conseguir el acceso a la luz y al agua y algunos materiales para construcción de vivienda, se empiezan a convertir en un ser “privilegiado” entre los suyos, y la historia termina en que se convierte en un extraño que se va del arrabal buscando un horizonte mejor y pasa a vivir en el final feliz de un empleo conseguido por la generosa retribución de la partidocracia.
La militancia política partidaria se convierte así, con su fuerza centrífuga, en una oportunidad que lleva a los elegidos y fieles hacia mejores niveles de vida, cuando lo que debería generar, al menos desde una visión de izquierda, son poderosas organizaciones sociales con una capacidad de autonomía que elaboren sus propias síntesis políticas.
Porque en este proceso que venimos describiendo se consolida la idea de un liderazgo que se convierte en un “gestor campechano” de los asuntos públicos, un gobernante macanudo que centrará sus esfuerzos en gobernar para todos y generar ejércitos de militantes que, en base al “paternalismo” (maternalismo, si prefieren), atan los destinos de hombres y mujeres a sus suertes políticas; más claro: les dan la caña, el cebo y el pescado. Parece existir una abdicación no reconocida de la participación popular.
Los no rindes electorales
Sobre la situación pronunciada de desigualdad en Uruguay ya hemos escrito, pero, por si acaso, lo recordamos: El 10 % más rico de la población posee el 62 % de la riqueza neta total. El 1 % más rico posee el 26 % de la riqueza neta total. El 0,1 % más rico posee el 14 % de la riqueza neta total. El 0,1 % de la población más rica tiene control sobre más de la mitad de la riqueza financiera y más del 90 % de la riqueza empresarial. En cuanto a los ingresos, el 99 % de la población uruguaya obtiene sus ingresos principalmente de salarios o jubilaciones. Solo los más ricos de ese 99 % obtienen un porcentaje de ingresos por capital cercano al 5 % de sus ingresos totales.
Con ser la desigualdad el principal tema a abordar, están las “llagas sociales”, consecuencia de la ausencia de soluciones perdurables en el largo plazo que ella delimita.
La política de represión como eje central para restablecer el control del Estado en los barrios marginados sigue estando lejos de ser la solución. Dicho en palabras de Serpaj:
“Se trazaron continuidades en el ejercicio desmesurado del poder punitivo, registrándose también la intervención desmedida de las fuerzas policiales especializadas en protestas estudiantiles. Algo similar se ha sucedido con la intervención de fuerzas especializadas para saturar policialmente distintos barrios de Montevideo, que han sido objeto de la demonización mediática constante, a la par de que han sufrido hechos singulares de creciente violencia y una considerable elevación de la tasa de homicidios”.
A esta situación de desborde del actuar policial se suma, al decir del informe, “la actitud institucional del sistema de administración de justicia que, producto de su saturación por una deficiente asignación presupuestal, termina dilatando las denuncias de violencia institucional y con ello suprimiendo fácticamente la posibilidad de un acceso efectivo a la justicia. Resulta desalentador y revictimizante para las víctimas tener que trasladarse a las seccionales policiales a realizar denuncias, considerando que en muchas ocasiones esas sedes contienen a los elementos policiales denunciados por situaciones de abuso de funciones y otro tipo de maltratos”.
Mientras los allanamientos nocturnos siguen, por suerte, siendo derrotados en las urnas, las infancias pasan a ser objetivos de distintas violencias. Mueren niños baleados en las calles, dentro de sus hogares, y siguen siendo escarnio en los hogares del INAU a pesar de las visiones humanitarias que intentan abrir brechas en una política de casi prisionización.
Son las principales víctimas de una guerra no declarada y siempre mal orientada, en palabras del informe: “La ‘guerra a las drogas’ nos dice que todos estamos un poco más seguros cada vez que el peso de la cárcel se impone, sin importar cuál fue la entidad del daño, ni la probabilidad de su ocurrencia. Alcanza con la sola mención argumentativa para que el ‘peligro’ que nos envuelve se encuentre con el brazo represor del Estado, quien sin demoras desata su incontrolable justicia preferiblemente sobre aquel que mayor debilidad interseccional demuestre. El resultado final de esta guerra no está escrito en periódicos, expedientes o en títulos académicos, sino en la piel y las huellas de quienes son atravesados sin medida por la desigualdad estructural que sostiene sus cadenas”.
Mientras aparecen paladines émulos de Bukele, el sistema carcelario es una afrenta a la condición humana y una cantera inagotable de mejores o más violentos delincuentes.
La otra “guerra no declarada” es a las organizaciones del movimiento popular; el desmantelamiento de la Coordinadora de Ollas es el ejemplo más contundente, pero también lo es las políticas oficiales del Gobierno de Lacalle hacia el movimiento sindical.
Recuerda Serpaj:
“Son históricas las posiciones de legisladores oficialistas dedicados a menospreciar y menoscabar la actividad de los dirigentes y activistas sindicales, colaborando con la creación de una cultura adversa a la acción sindical y al sindicato como herramienta de auto tutela de colectivos vulnerables; creando en definitiva, una cultura adversa a la libertad sindical. No fueron pocas las iniciativas, legislativas, administrativas o incluso judiciales dedicadas a menoscabar la libertad sindical, buscando poner trabas al ejercicio de la misma”.
Es imposible no mencionar el casi medio siglo de impunidad que aún persiste en materia de verdad y justicia, una herida abierta que sigue supurando en la sociedad uruguaya y que representa una laceración en tanto son casi inexistentes las políticas de formación militar en materia de derechos humanos, ausencia avalada por la lógica de los dos demonios y el negacionismo.
Mientras se siguen presentando recursos jurídicos para eludir responsabilidades y surgen nuevos tropiezos en el camino de la justicia, el hallazgo de los restos de detenidos desaparecidos se convierte en el motor impulsor.
Al decir del equipo de antropólogos forenses: “Con palas y cucharines seguiremos provocando que el pasado encuentre su lugar en el presente”.
