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ASOCIARMELa Udelar adoptó la definición de antisemitismo promovida por la Declaración de Jerusalén y reclamó al Gobierno uruguayo abandonar la de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.
Antisemitismo
Caras y Caretas Diario
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El cambio promovido se centra en diferenciar la crítica al Estado de Israel de la discriminación a los judíos por el hecho de serlo. La resolución despertó críticas y apoyos matizados por parte de sionistas locales.
En la última sesión del Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) del 2025, por unanimidad de los consejeros (de todos los órdenes) presentes en sala[1], la institución resolvió adoptar la definición de antisemitismo propuesta por la Declaración de Jerusalén. En la misma sesión, resolvieron demandar al Gobierno uruguayo a no utilizar la definición de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) y a evaluar el retiro del país de la participación como observador en ese organismo intergubernamental.
Caras y Caretas dialogó con uno de los articuladores de esta propuesta, el profesor Gregory Randall, quien es judío y advirtió que “la definición de la IHRA es muy peligrosa y confusa”, contraria a la libertad de expresión. “Genera censura y está siendo utilizada en el mundo para reprimir a la gente” y para evitar las críticas “a las acciones genocidas del Estado israelí”, señaló.
En algunos países del mundo “se está usando esta definición para que el Poder Judicial decida si tal o cual acción de una persona ‘es antisemita o no’”, explicó. Se ha visto en Alemania y en Gran Bretaña, por ejemplo, “donde actualmente hay varias personas en huelga de hambre”[2] porque han sido criminalizadas, “calificadas de terroristas”, apuntó. Las acciones antisemitas son penadas “en numerosas legislaciones, con cárcel o con multas”, repasó.
Cuando alguien critica al Estado de Israel o denuncia “sus acciones genocidas”, entonces “es acusado inmediatamente de antisemitismo”, reclamó. Incluso, “se ha llegado a ver el absurdo de que Israel acuse de antisemitas” a António Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés), y a la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, o “a las personas que dirigen Amnistía Internacional”, denunció.
En Uruguay, los diputados colorados Walter Verri y Conrado Rodríguez “han promovido una modificación de una ley que aumenta penas y, en la exposición de motivos de esa ley, se hace referencia a la definición de la IHRA”[3], advirtió. Por eso entiende “que se podrían producir en el Uruguay los mismos atropellos a la libertad de expresión que están sucediendo en otras partes del mundo”, analizó.
La IHRA fue fundada en 1998 y actualmente está integrada por 39 Estados miembros y siete observadores. Y aunque mantiene vínculos, no integra el sistema de las Naciones Unidas ni el de la Unión Europa o el de la Organización de los Estados Americanos. Algunos de los países miembros son Israel, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Argentina. Desde 2016 este organismo sostiene que “el antisemitismo es una cierta percepción que puede expresarse como el odio a los judíos”, a través de “manifestaciones físicas y retóricas que se dirigen a las personas judías” o “a sus bienes, instituciones y lugares de culto”.
Para el CDC la definición propuesta por la IHRA, “especialmente por los ejemplos” que acompañan a la misma, “lleva a la criminalización de la protesta” en la medida en que incluye “la crítica a las políticas del gobierno de Israel dentro de lo que podría considerarse antisemitismo”, pudiendo generar “efectos nocivos” a la libertad de expresión. En su decisión, la Udelar consideró “las precisiones” que distintas académicas y académicos de distintas partes del mundo, especialistas en los campos de la historia del Holocausto, los estudios judíos y de Medio Oriente, “han proporcionado como forma de combatir el antisemitismo, protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión”.
Entre tanto, la Declaración de Jerusalén, impulsada por el instituto israelí Van Leer, fue firmada por más de 370 expertos de distintas partes del mundo desde su presentación en 2021. Surge como una contrapropuesta en relación a la definición de la IHRA y establece que: “El antisemitismo es la discriminación, el prejuicio, la hostilidad o la violencia contra las personas judías por el hecho de serlo (o contra las instituciones judías por ser judías)”. Ambas delimitaciones, en su nivel más básico, son similares, pero como “definiciones de trabajo” también cuentan con aclaraciones que explican cómo aplicarlas y cómo tener en cuenta el contexto al usarlas. Ambas coinciden en que minimizar el genocidio perpretado por la Alemania nazi y sus aliados, así como alegar que los judíos como pueblo o que el Estado de Israel “inventan o exageran” sobre el Holocausto, es antisemita. También coinciden en que acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel que a los intereses de sus propios países también es odio hacia los judíos. Ambas concuerdan sobre que la idea de que los judíos están vinculados a las fuerzas del mal, es decir, que los judíos como pueblo poseen un poder oculto que controla los gobiernos, medios de comunicación y son dueños de los bancos es antisemita.
Sin embargo, cuando se entra en el plano del conflicto palestino-israelí, comienzan las diferencias. De acuerdo a la Declaración de Jerusalén, la definición de la IHRA incluye once ejemplos de antisemitismo, siete de los cuales “se centran en el Estado de Israel, poniendo un acento exagerado”. Por ello buscan establecer “los límites del discurso y la acción política legítimos respecto al sionismo, a Israel y a Palestina”.
Para la IHRA, “establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis”, denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, “alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista”, así como “pedir, apoyar o justificar muertes o daños contra los judíos en nombre de una ideología radical o de una visión extremista de la religión”, entre otros casos, es antisemita. Dentro de los ejemplos, también incluyen lo que consideran un doble estándar “al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático”.
En contraposición, para la declaración impulsada por el instituto Van Leer, no es antisemita “criticar u oponerse al sionismo como forma de nacionalismo” o defender diferentes acuerdos constitucionales para judíos y palestinos en la zona comprendida entre el río Jordán y el Mediterráneo. “No es antisemita apoyar acuerdos que concedan plena igualdad a todos los habitantes ‘entre el río y el mar’, ya sea en dos Estados, en un Estado binacional, en un Estado democrático unitario, en un Estado federal o en cualquier otra forma”, argumentan. Tampoco son antisemitas por sí mismas las críticas a Israel como Estado fundadas en pruebas, ni “denunciar la discriminación racial sistemática”. Por lo tanto, “aunque sea polémico”, no es antisemita en sí mismo comparar a Israel con otros casos históricos, “como el colonialismo de asentamiento o el apartheid”. La Declaración agrega que “el boicot, la desinversión y las sanciones son formas usuales y no violentas de protesta política contra los Estados”, y aunque muchos signatarios no defiendan esas medidas, no las consideran antijudías.
En este momento “Uruguay tiene una definición de antisemitismo, que es la de la IHRA”, prosiguió Randall. “Es extremadamente preocupante y sería muy importante que Uruguay haga lo que hizo el alcalde de Nueva York, [Zohran] Mamdani”, es decir que decrete “que Uruguay se retira de la IHRA y que relegue esa definición [de antisemitismo]”, expresó.
El profesor universitario, además de promover esta resolución del CDC a través del orden docente, en paralelo también integra el colectivo antisionista “Judios y judías contra el genocidio en Palestina”, quienes celebraron la decisión de la Udelar.
Con esta decisión, “la Universidad de la República se posiciona del lado de la paz, la justicia y la libertad”, reafirma “que es posible luchar contra el antisemitismo” sin censurar la crítica política y que la defensa de los derechos del pueblo palestino no es “ni debe ser jamás confundida con odio hacia los judíos”, manifestaron en un comunicado. Esta organización agradece “el gesto institucional que honra la memoria de quienes lucharon contra el fascismo, el racismo y el colonialismo” y que permite “seguir construyendo una voz judía comprometida con la vida, la dignidad y la libertad de todos los pueblos”. Porque “ser judío no implica apoyar políticas coloniales ni justificar la ocupación, ni callar ante el exterminio de un pueblo”, concluyeron.
Un vocero de la Casa de Cultura Mordejai Anilevich (CCMA), que pidió no ser identificado, transmitió la posición desde esta institución sionista progresista uruguaya. En diálogo con Caras y Caretas explicó que “la Declaración de Jerusalén está bien fundada y fue firmada por académicos de todo el mundo que saben de lo que están hablando”. La definición de la IHRA “parece ser más ambigua y puede confundir temas relacionados con Israel”, sintetizó. Aún así, “una cosa es adoptar una definición, y otra cosa es salir de una institucionalidad [como la de la IHRA]”, matizó.
Más allá de las definiciones, lo que interesa en la CCMA “es que la Universidad tome cartas en el asunto”, remarcó. En la universidad “hay muchísimas personas que son judías, docentes, estudiantes, funcionarios y egresados”, y por eso se preguntan “qué mecanismo va a tener la Universidad para detectar y sancionar los casos de antisemitismo que se den dentro de la institución”, puntualizó.
Cuando una institución adopta una definición, “se considera capaz de comprenderla e interpretarla”, por lo tanto tiene que poder “detectar la diferencia entre la crítica de Israel y el antisemitismo oculto tras un velo de crítica de Israel o [de un discurso] antisionista”, reclamó. “Preocupa que la Universidad sea capaz de hacerlo”, sostuvo.
Dentro de la sociedad israelí “hay [judíos] fanáticos religiosos y nacionalistas que tienen metodologías terroristas”, como los colonos, “que creen que tienen un derecho sobre las tierras de otros y sobre los otros”, son personas “racistas, violentas, que quieren expulsar a los palestinos de su tierra”, denunció. Eso no significa que haya “un exterminio” hacia los palestinos, pero “del uso desmedido de la fuerza, matanzas y crímenes de guerra se puede discutir”, puntualizó.
También “hay violaciones de los derechos humanos de parte de Israel hacia los palestinos”, enumeró. Lo cual “revuelve los valores judíos como cultura” y hace necesario “que el Gobierno de Israel caiga urgentemente y que venga otro gobierno, junto a otra política”, expresó. “El Gobierno israelí ha abusado muchas veces” del argumento del antisemitismo “de una manera chabacana y que perjudica a todos los judíos”, criticó.
La Casa de Cultura “es parte de un movimiento sionista de izquierda, que siempre obró por la paz y fue la principal víctima del 7 de octubre”. Ese movimiento “hace 110 años que no apoya políticas coloniales ni justifica la ocupación o calla ante el exterminio de un pueblo”, declaró.
La comunidad judía uruguaya “es diversa en su totalidad” en lo que respecta a su origen étnico, nacional, en su visión religiosa y política, y recibe “mucho antisemismo oculto, que viene a través de la crítica al sionismo”, señaló. “Cuando el término sionista se transforma en un adjetivo acusatorio, ahí se ve antisemitismo”, evaluó.
Caras y Caretas entrevistó al delegado latinoamericano por las organizaciones de la sociedad civil ante la IHRA, Ariel Gelblung, quien también es director para Latinoamérica del Centro Simón Wiesenthal, y fue designado por el Comité Central Israelita del Uruguay para responder en su nombre. Para el dirigente judío latinoamericano la resolución de la Udelar es “un retroceso y una decisión muy peligrosa”.
“Las instituciones centrales de la comunidad [judía] no comparten el criterio [de la Declaración de Jerusalén] porque justifica situaciones de antisemitismo”, manifestó Gelblung. “No se puede decir ‘no soy soy antisemita, soy antisionista’, además, ser judío no significa que uno no pueda ser antisemita”, argumentó. El sionismo “no es otra cosa que el movimiento de autodeterminación del pueblo judío en su tierra ancestral”, se trata de reconocer “que es necesario y defendible la legitimidad de la existencia de un Estado judío”, profundizó.
En el año 2016, “los expertos en temas de antisemitismo elaboraron esta definición y fue aprobada por unanimidad. En ese entonces eran 31 países los que formaban parte de la IHRA”, remarcó. La adopción de la Declaración de Jerusalén por la Udelar “es una reacción más de un movimiento que está pasando en distintas universidades y organismos del mundo” que permiten legitimar determinada visión “de las nuevas formas de antisemitismo, para poder llevar adelante algunas críticas no aceptables hacia Israel”, declaró.
Cualquiera puede “criticar cualquier decisión de cualquier gobierno y decir lo que quiera”, lo que no puede, por ejemplo, es sostener “que Israel, en democracia, es un Estado genocida”, desarrolló. Independientemente de que se diga “si es o no es un genocidio [lo que sucede en Gaza], cualquier acusación que se quiera hacer se tiene que hacer a una persona o un gobierno particular”, matizó. Por lo tanto, “nadie tiene por qué estar de acuerdo con Netanyahu, e inclusive puede hacer barbaridades y puede ser el peor tipo de la historia, decirlo así no es antisemitismo”, concluyó.
Por Agustín Büchner
[1] Aunque esta decisión fue aprobada por 17 consejeros en 17 presentes, previamente ocho consejeros habían votado a favor de posponer la decisión, debido a que algunos Consejos de Facultad aún no habían podido tratar el punto. En los minutos previos del tratamiento de este asunto también aprobaron por 20 votos en 20 una declaración de condena al reciente atentado terrorista en Bondi Beach, Australia.
[2] Se refiere a integrantes de la organización de acción directa inglesa, Palestine Action, que saboteó a empresas armamentistas que suministran equipamiento militar a Israel.
[3] Se trata de una ley que busca castigar penalmente la negación, banalización o menoscabo del Holocausto judío, así como de cualquier genocidio reconocido por el Estado uruguayo y por la Asamblea General de la ONU, como el genocidio al pueblo armenio.
