Ingreso a la suerte de celda bajo la mirada curiosa de los internos que en grupos conversan en voz baja, una suerte de rutina del tedio instalada en una cárcel que, ya dijimos en artículo anterior, es la VIP del sistema carcelario uruguayo. (Domingo Arena: los que cumplen condena sin querer redimirse).
El encuentro tenía un único objetivo, una cuestión de honor militar personal: los 20 mil dólares que se desviaron del CGE producto del saldo de Cantinas Militares no fue para pagar la defensa del coronel Eduardo Ferro.
El contacto que pedía poder tener una reunión para aclarar este asunto llegó en mayo de este año, casi dos años después de mi artículo publicado el 21 de mayo del 2023, “Con dinero de Cantinas Militares se financió defensa de terroristas de Estado”, nota que era la continuación de las denuncias publicadas el 24 de setiembre de 2020, en su número 984, en un artículo titulado “Huele fétido en Cantinas Militares”.
Todos los militares procesados por delitos de lesa humanidad siempre se declaran inocentes. Este caso no tendría por qué ser distinto, pero, si la defensa de Ferro no cobró esa plata, ¿Qué ganaron las muchas fuentes que lo señalaban en hacerlo responsable?
Las pujas internas entre distintos bandos de militares que operaron durante el terrorismo de Estado y en el periodo democrático no era algo que desconozca, por lo tanto, si todo lo informado me había echo “pisar una cáscara de banana”, era hora de averiguarlo.
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Proyecto de enriquecimiento ilícito del Frente Amplio sigue sin tratamiento.
20 mil dólares
El desvío de 20 mil dólares del CGE para pagar los servicios del Estudio Bordes y Chávez surge de una investigación interna del Ministerio de Defensa, formándose el expediente MDN N° 2021-3-1-0000065. El expediente de más de 300 fojas debía dilucidar cerca de 12 hallazgos que representaban situaciones no claras en los procedimientos de manejos financieros. De esos 12, el que ameritaba, a sugerencia de las instructoras, una ampliación de la investigación que el exministro García, según nos confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa, nunca llevó adelante, está definido como el hallazgo número 10 y titulado “Determinación de los responsables y el destino de los fondos” (en relación a transferencias de dinero de CCMM al Comando General del Ejército y rendiciones), que luce en fojas N° 9514 en adelante.
El informe de las instructoras señala que se halló que “con cargo a ese fondo, el servicio de CCMM entregó al Comando General del Ejército (CGE) la suma en efectivo de U$S 200.000, el 16 de agosto del año 2016, y 6 millones de pesos uruguayos mediante un cheque al portador cobrado el 28 de agosto del 2019”.
Al respecto, las instructoras constataron que los “U$S 200.000 fueron utilizados en su totalidad desde marzo de 2019 a febrero de 2020 con cargo a rubros de gastos de funcionamiento, gastos de inversión, gastos de servicios, en los montos que detalla el informe. Ahora bien, de acuerdo a lo declarado por el general del Ejército en calidad de retiro Claudio Feola, al realizar el relevo entrante como comandante en jefe del Ejército constató la existencia de los mencionados fondos en la caja fuerte, viendo que en una hoja de servicio entre los generales del Ejército Guido Maníni Ríos y José González dichos fondos se denominaban como caja chica. Agrega el declarante que, al no poder averiguar de dónde provenían los mismos, decidió denominar los 6 millones de pesos como ‘fondo especial de CCMM’ y los 200.000 dólares al no poder determinar su origen como ‘fondo confidencial del comandante en jefe’”. Declaró el general (r) Feola que parte de ese dinero se adelantaba a la espera de resoluciones para el pago de viajes y viáticos a oficiales que hacían “cursos de maestría, gastos protocolares, mantenimiento de vehículos y viviendas”.
Pero un elemento que llamó poderosamente la atención a las instructoras de las declaraciones de Feola fue un pago especial para la contratación de asesoramiento jurídico de un estudio particular. “Existe un gasto específico que implicaba una deuda a un estudio jurídico Bordes, por un monto de U$S 20.000, y que al enterarse de dicha deuda envió al jefe de ayudantes a hacer un arreglo para el pago de la misma (10 cuotas de U$S 2.000). Analizada por esta asesora la citada declaración y la documentación, no existe mayor información al respecto que meros recibos de pagos efectuados (no así factura por el total), surgiendo la duda a esta asesora de si dicho gasto se encuentra relacionado con el servicio, en tanto el CGE posee profesionales abogados para hacer frente a asesoramientos y juicios del Estado”.
Las instructoras sugieren categóricamente la ampliación de la investigación, ya que “en una primera instancia no surge que se encuentre relacionado con las necesidades de servicio ni que cumpliría con el fin establecido en la normativa individualizada precedentemente”.
En enero de 2021 las actuaciones volvieron a las instructoras a fin de ampliar las investigaciones, pero, a pesar de los elementos que surgieron, pocas fueron las consecuencias, y da la sensación de que, en la medida que avanzaban las mismas, se le iba poniendo “un freno de mano”. En efecto, las instructoras lograron comprobar que “los pagos realizados por los servicios jurídicos al estudio Bordes y Chávez fueron para fines distintos a los del servicio y se efectuaron durante el mandato del general Claudio Feola” y fueron pagados bajo el rótulo “asesoramiento y trabajos para el Ejército nacional” (fojas 9.582 a 9.585). Como Manini ya era senador, fue consultado por cuestionario y expresó que no recordaba que se hubieran contratado los servicios del estudio jurídico Bordes y Chávez.
Las instructoras consultaron a los responsables del estudio jurídico, que manifestaron que nunca fueron contratados por el CGE ni le brindaron servicio alguno, pero sí fueron contratados por un militar que solicitó sus servicios para su defensa, que no podía realizar los pagos porque se encontraba en exterior, abonando la suma por concepto de honorarios por parte de un intermediario. Las instructoras hallan la falta administrativa en el pago de un estudio particular, pero que tiene otras graves implicancias.
¿Una cama a Ferro?
Cuando consultamos con nuestras fuentes militares quién podía ser el “misterioso” defendido por el estudio jurídico al que se le pagaron 20.000 dólares con plata de CCMM, varios recordaron la anécdota de una serie de discusiones cuando la extradición del coronel Eduardo Ferro parecía un hecho. La Fiscalía solicitaba la extradición de Ferro por hallarlo ejecutor del Plan Cóndor y responsable en la causa de la desaparición del militante comunista Óscar Tassino, y sobre el secuestro de los militantes Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti. El pedido de extradición de Ferro se solicitó en setiembre de 2017, estando prófugo. Luego de que fuera citado a declarar en el 2016, éste hizo saber a sus camaradas que no estaba dispuesto a dejarse extraditar si no se le aseguraban condiciones en el juicio a enfrentar, y que, por otro lado, estaba dispuesto a demandar al Estado por el no cobro de su jubilación. Esto motivó una serie de encuentros entre militares de diversas fracciones, entre otros con el entonces general Manini, cuyo resultado fue contratar los servicios del estudio jurídico con fondos obtenidos de CCMM, entregándose finalmente Ferro en España en enero de 2021.
Ferro se enteró de mi artículo dos años después, y hasta ese momento no había logrado hacerme de un contacto con él, a la prueba de que fue él quien logró ubicarme.
Por otro lado, había elementos que hacían verosímil lo relatado por mis fuentes, abogados del estudio habían participado como defensores en algunas causas en las que estaba involucrado el coronel retirado y nadie había salido a desmentir la versión, ni el general retirado Claudio Feola (que hasta el día de hoy guarda silencio sobre este asunto) ni el exsenador Manini.
Pero Ferro me responde con una buena coartada: su defensa fue llevada adelante por Gerard Domínguez y anteriormente por la abogada del centro militar, la Dra. Graciela Figueredo. Marcialmente, como corresponde, Ferro me desafió a que se lo fuera a preguntar personalmente (mensaje reenviado a mi celular el 14 de mayo del 2025 que Ferro circuló en su grupo de contactos de WhatsApp).
El nudo en el ovillo
La verdad está guardada bajo siete llaves en el estudio Bordes y Chávez. Las fuentes que señalaron a Ferro admitieron que a ellos la información les llegó por terceros, así que tiramos de otras puntas del ovillo.
“El ‘Toto’ Ferro ya tenía sus abogados, no tenía por qué complicarse con algo así”, me asegura una fuente que en su momento fue la única que planteó sus dudas sobre el patrocinado, pero que siguió investigando por las suyas. Otras fuentes las descartamos de entrada, sobre todo aquellas que pertenecen a facciones que estaban y están en pie de guerra contra el general retirado Claudio Feola.
Manejando los nombres de militares que en su momento estaban en el exterior y que hubo y hay pedido de extradición, surgen por parte de nuevas fuentes los nombres del coronel retirado Hermes Tarigo, buscado por Interpol por homicidio muy especialmente agravado, vinculado al asesinato bajo torturas del militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros Walter Arteche, y del joven argentino Gerardo Alter. Fue detenido en la localidad de Capaccio (Salerno, Italia) el 6/7/2023. Fue extraditado a Uruguay y procesado con prisión el 7 de julio de 2023. Se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
El otro nombre es el de Wellington Sarli, uno de los militares condenados en Chile por el secuestro del agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura chilena, Eugenio Berríos. Sarli, que cumplió condena por ese caso y vive en Chile, está requerido por la Justicia uruguaya por la causa que investiga torturas contra adolescentes en Treinta y Tres, la causa que investiga torturas en La Tablada y por la desaparición forzada de los militantes comunistas Miguel Mato, Omar Paitta y Félix Ortiz.
Siendo estos los dos nombres manejados por nuestras fuentes (Tarigo estaría descartado), el nudo del ovillo, repetimos, se encuentra en el estudio jurídico. Es de recordar que otros once militares tienen pedido de captura internacional y algunos de los que están cumpliendo condena en Uruguay se encontraban fuera del país.
La sombra del Leviatán
“Nunca hay que dejar que se llegue a la violencia”, me dice Ferro. Nos estudiamos frente a frente, aunque ya ambos nos hemos estudiado por nuestra cuenta antes de este encuentro.
Recuerdo la teoría de “los dos demonios” y sé que no estoy frente a uno de ellos aunque me intriga saber qué grado de autonomía personal tuvo su participación en Uruguay y en Argentina. “Se nos venía la Junta de Coordinación Revolucionaria encima”, se justifica para su accionar en el Plan Cóndor. Le pregunto si realmente valoraba que la Junta era una amenaza real. La pregunta no es capciosa; después de todo, estoy frente a un exintegrante de los servicios de inteligencia adiestrados en elaborar escenarios posibles de confrontaciones y medir las capacidades beligerantes.
La consolidación de la JCR se inició en 1972, a partir de reuniones previas datadas desde 1968, y fue fundada un mes antes del golpe de Estado en Chile de 1973 y dada a conocer al público en 1974. Estuvo integrada por el PRT-ERP de Argentina, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) de Uruguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia. Si se toman en cuenta las fechas, las mayorías de las organizaciones habían sido desbaratadas militarmente (en el caso de Uruguay ya sobre fines de 1972) y no parecían representar una seria amenaza militar.
El Plan Cóndor se fortalece en 1975 y, producto de su accionar, la JCR fue desarticulada en 1976 y terminó desapareciendo en 1979.
Ferro dice que el análisis de la situación era brindado directamente por Estados Unidos, país al que no solo los oficiales uruguayos y de la región se sometían disciplinariamente, sino al que Ferro debe toda su capacitación en entrenamiento de inteligencia y contrainsurgencia.
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Restos hallados en junio de 2023 en el Batallón 14 de Paracaidístas.
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Puentes de papel
De pronto, mientras "nos observamos" recuerdo las denuncias del capitán R. Héctor Erosa sobre las actividades de espionaje de Ferro en democracia, el coronel, hoy con ropa deportiva, me habla de sus actividades de espionaje en la Embajada de Cuba y otra de un país del socialismo del Este en los 70.
El capitán Erosa aseguró que el coronel Ferro le ordenó matar a un capitán del Ejército en 1991 y que además montó un fallido operativo de inteligencia en una estancia donde se realizaba una reunión de simpatizantes del Partido Nacional.
Ferro despotrica contra los políticos que los habilitaron a combatir y luego “les soltaron la mano”; lo de Erosa no hace más que confirmar las rencillas internas entre grupos militares y la nula confianza en el sistema político. Pero de pronto me agarra desprevenido: “Hay que ponerle un punto final a este tema, Pose”, me plantea.
Cuando le planteo que un punto de arranque sería entregar los restos me sale con los desaparecidos de la Guerra Grande, y que de la gente que está presa nadie sabe nada, que los que saben ya murieron o habrá dos o tres que sepan algo pero que ni saben quiénes puedan ser. Le pregunto por la Omertá, la justifica con la lealtad entre camaradas en combate y las consecuencias obligadas de haber permitido que se llegara a niveles de violencia; toda responsabilidad de los políticos, claro.
Cuando le pregunto cómo se imagina entonces poner punto final, me dice que lo que tiene claro es que no quiere que sus hijos y sus nietos sigan enfrentados con los hijos y nietos de los detenidos desaparecidos. Le digo que ese espíritu parece muy sano, pero que en el caso de los hijos y nietos de los detenidos desaparecidos hay una multitud que se suma a su reclamo que se expresa todos los 20 de mayo en todo el país, que la necesidad de verdad y justicia no es solo de los familiares sino de la sociedad democrática. Silencio de radio.
De todos modos, salgo a hablar con otros militares de la propuesta de Ferro. ¿Valdría la pena pensar en la posibilidad de generar algún puente?, ¿sería un puente o una maniobra más? La vaga propuesta de Ferro solo tiene consenso en otros militares en cuanto a trabajar sobre evitar seguir profundizando un desencuentro entre las nuevas generaciones. ¿Hijos y nietos de los dos demonios? No, no son descendientes de dos hinchadas que en un partido de fútbol desataron una batalla campal.
La tarea operativa de quienes integraron estos grupos siempre fue imponer su voluntad a sangre y fuego; no apelaron siquiera a la máxima artiguista (ellos que se consideran herederos del Ejército artiguista) de clemencia con los vencidos. Por lo tanto, es natural que desconozcan los elementales componentes de cualquier negociación, de cualquier posible acercamiento, donde aportar información sobre los paraderos de los restos es un punto de partida no negociable.
Por un momento creí poder irme chiflando de Domingo Arena la melodía de “El puente sobre el río Kwai”, pero este de Ferro era un puente de papel.
Un solo mensaje que no vino del centro de internación N°8 atravesó el silencio, aunque quizás no aporte nada nuevo: "busquen 35 por lo menos, agujereen los terrenos como un queso".
