Sostienen, además, que la Comisión no ha podido realizar inspecciones en cárceles a más de dos años de presentado el petitorio, por lo que entienden que en este caso se estaría ante una “omisión del Estado".
“Durante estos últimos años de decadencia del sistema penitenciario uruguayo, los trabajadores nos hemos tenido que organizar para iniciar acciones judiciales para luchar por nuestras mejores condiciones de trabajo y las de la vida de las personas privadas de libertad”, ya que ambos grupos conviven en los mismos establecimientos, dice el petitorio.
Prueba de esto son los numerosos recursos judiciales que los operadores han presentado a la Justicia en los últimos años, aparte del mencionado petitorio del año 2022. En setiembre de 2023 se presentó un habeas corpus por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran las mujeres privadas de libertad en la unidad N.º 5. En aquel momento, el nivel de hacinamiento en el centro penitenciario era de 184 %.
En septiembre de 2024, Sitrapen inició, junto al exdirector de la Cárcel de Punta de Rieles, Luis Parodi, una demanda ante el Estado uruguayo en la persona del Ministerio de Interior por la situación crítica y las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad (PPL) en el ex Comcar. Un informe técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), presentado luego de la demanda ante el Estado y el cual el petitorio cita, da cuenta de que las condiciones edilicias de la unidad N.º 4 representan “un riesgo a la vida y la salud de cualquier persona que trabaje en esas instalaciones”.
Diez internos que ocupan el espacio de cuatro
En relación a las cuestiones de habitabilidad e higiene del ex Comcar, el mencionado informe refiere a las condiciones en las que viven los internos de la unidad N.º 4. Se indica que, de acuerdo a los planes originales, las celdas fueron construidas para albergar a cuatro personas, pero actualmente estas celdas tienen en su interior a diez, lo que genera que las condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad “sean inexistentes”.
“Los internos cocinan en la propia celda con implementos y alimentos que son brindados por sus familias, con lo que ese estrecho espacio en que conviven, cocinan, hacen sus necesidades fisiológicas, sumado a un deterioro importante de los revoques impermeables, hace imposible mantener en condiciones higiénicas las habitaciones”, dice el informe, cuya descripción aplica para los módulos 3, 4, 8, 10 y 11 de la unidad N.º 4.
El informe indica que, especialmente en los módulos 3 y 4, el sistema eléctrico se encuentra “en pésimas condiciones”, lo que implica “un riesgo inminente” y “atenta contra la integridad física de las personas alojadas”.
Las conclusiones del petitorio
Como conclusiones, el petitorio señala que las condiciones de trabajo de la unidad N.º 4 son “un riesgo para la vida y la salud de los trabajadores”. A esto se le suma la falta de personal crónica, hecho que ya fue denunciado por Sitrapen reiteradas veces.
Por otro lado, se indica que el hacinamiento en la cárcel es otra manera de demostrar el “colapso de las instalaciones edilicias y la sobrecarga de trabajo a los funcionarios”.
“Si al día de hoy la Comisión no ha podido realizar las inspecciones es una omisión a varios niveles del Estado que atenta contra los trabajadores de cárceles que seguimos esperando porque reconozcan lo evidente, que el trabajo en cárcel es insalubre”, indica el documento.
En diálogo con Caras y Caretas, Germán Gutiérrez, presidente de Sitrapen, sostuvo que la Comisión tiene el derecho de realizar las inspecciones, pero hasta ahora “no la han dejado”.
“Este informe es una prueba irrefutable de las malas condiciones de trabajo para los funcionarios, y de tortura para los presos”.
Para Gutiérrez, el Estado “viola toda la normativa” laboral de prevención de accidentes y de reclusión de los privados de libertad. “De ir a la Justicia penal, ¿quién sería responsable? Porque el Estado es garante de las PPL, y este informe demuestra que el deterioro y las condiciones inhumanas de trabajo vienen sucediendo desde hace años, y el Estado ha sido omiso en sus obligaciones”.
¿Cuáles son las tareas de un operador penitenciario?
Pese a que en Uruguay las tareas de un operador penitenciario no están bien definidas, las mismas están reguladas por el decreto N.° 104/011. Las tareas de los operadores penitenciarios son similares a las de la Policía, con la excepción del uso de la fuerza, que solo se permite en situaciones límites. A lo largo del tiempo, ha habido un aumento en el número de policías en comparación con el de operadores penitenciarios .
Los operadores penitenciarios se enfocan en la gestión de la convivencia y la mediación de conflictos, utilizando la comunicación como herramienta principal. Esto implica que muchos conflictos en el entorno carcelario pueden resolverse a través del diálogo, especialmente cuando un privado de libertad tiene necesidades urgentes que no son atendidas, o porque hay un conflicto de convivencia que puede ser fácilmente solucionado por medio de la palabra antes de llegar a instancias mayores. Por lo tanto, el operador penitenciario actúa como un gestor de convivencia dentro del sistema penitenciario.
