Doce personas, entre las que están Luis Alberto Heber, Francisco Bustillo, Guillermo Maciel, Carolina Ache y Alejandro Balbi, deberán declarar en octubre como imputados ante el fiscal Alejandro Machado, quién investiga la entrega de un pasaporte en diciembre del 2021 al narcotraficante Sebastián Marset, que estaba preso en Dubái. Ese documento uruguayo le permitió obtener la libertad y desde entonces permanece fugado.
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De acuerdo a información difundida por el diario ABC de Paraguay, “a principios de setiembre del 2021 Marset estaba en los Emiratos Árabes Unidos participando de un congreso de narcotraficantes que se proveen de cocaína en América del Sur”.
De la reunión participaron miembros de la mafia italiana Ndrangheta, integrantes de carteles serbios, albaneses y gallegos, junto con varias mafias sudamericanas que tienen a Marset como un “gran empresario”.
Hasta allí había llegado con un pasaporte paraguayo falso, pero, cuando quiso ingresar a Dubái el 10 de setiembre, fue detenido en el aeropuerto. Dos días después fue asesinado Mauricio Schwartzman cuando llegaba a su casa en el barrio Jara de Asunción. Este era el sujeto que le había conseguido el documento al narco. La víctima era informante de la SENAD (Secretaría Nacional Antidrogas) y su nombre habría sido revelado a Marset por el fiscal paraguayo Lorenzo Lezcano, exministro del Interior y exministro de Inteligencia del gobierno de Horacio Cartes.
Marset no había hecho el trámite legal para sacar el pasaporte, sino que recurrió a alguien que lo obtuvo en el “mercado negro” y, como no era de buena calidad, ordenó matarlo. Esta información contenida en una investigación de 503 páginas realizada por el organismo antidrogas de Paraguay, da por tierra con una resolución de un Tribunal de Apelaciones de los Emiratos, quien sostuvo que “Marset desconocía el carácter falso” del documento que portaba.
El informe de la SENAD establece que, de acuerdo a los registros de Migraciones, Marset comenzó a frecuentar Paraguay desde abril del 2018. En agosto del 2019 ingresó con un pasaporte boliviano falso a nombre de Gabriel de Souza Beumer.
A principios del 2020 decidió radicarse en Asunción, acompañado por su pareja, Gianina García Troche, y sus hijos menores de edad.
Se había integrado al “Grupo Insfrán”, una poderosa organización de traficantes y lavadores de dinero. Esta organización “legalizaba” activos a través de los clubes de fútbol Rubio Ñu, River Plate y Deportivo Capiatá, además del club griego Atlético Trikala, y de la iglesia denominada Centro de Avivamiento, que tenía sedes en varias ciudades paraguayas y congregaba multitudes. Esta banda fue desmantelada recién en febrero del 2022.
Pero Marset, su tarea principal fue unir a varios grupos mafiosos tanto a nivel nacional como internacional, a los que proporcionaba toda la logística para trasladar miles de kilos de cocaína a la región y a Europa, principalmente.
El informe de la SENAD consigna al detalle todas las etapas del tráfico desde la producción hasta la comercialización de toneladas de drogas. Sebastián Marset es sindicado como “ideólogo, organizador y supervisor de las operaciones ilícitas”.
Las escuchas telefónicas revelan al detalle nombres de otros integrantes de la organización, lugares y formas de envío de la droga, estudios contables, así como la identificación de 13 avionetas que operaban como taxis aéreos, pero en realidad estaban al servicio de los narcos, junto a un importante listado de automotores y propiedades de los Insfran.
Gran parte de la droga se acondicionaba en contenedores con otras mercaderías de exportación, que luego eran enviados a través de la Hidrovía a los puertos de Rosario y Montevideo, con destino a Europa y África. O también por tierra a la región, en camiones y camionetas acondicionadas.
El lunes 25 de abril de 2022, tres brasileños, presuntos miembros de la organización mafiosa brasileña Primer Comando de la Capital, rociaron a balazos el vehículo donde viajaba el jefe policial investigador, Juan León Mallorquín.
La policía confirmó poco después que los brasileños detenidos confesaron quiénes los contrataron y cuánto les pagaron para matar al policía, pero hasta hoy existe hermetismo sobre lo que dijeron.
En mayo fue asesinado en Colombia, donde estaba de vacaciones, el fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci, y la investigación tiene a Marset como ideólogo del crimen. Aunque la información que manejan es muy diferente a la que se ha hecho pública.
Según fuentes del SENAD y de la Fiscalía paraguaya, “Pecci había sido sobornado por el traficante uruguayo, pero como no cumplió con lo pactado se ordenó el asesinato contratando a sicarios colombianos”.
El documento de la SENAD indica a la pareja de Marset, Gianina García Troche, como la responsable de legalizar los millones de dólares que reciben por el tráfico de drogas. Así aparece como titular de varias empresas y propiedades en Paraguay. Las autoridades confiscaron más de 100 millones de dólares en propiedades compradas por el grupo.
El documento de inteligencia que hemos referido, cita una llamada recibida el 19 de setiembre de 2021 en el 0982 765937, utilizado por José Fernando Estigarribia, investigado como parte de la banda del narco uruguayo, realizada desde la línea extranjera 58597 1459999, utilizada por Marset.
El uruguayo pregunta si “pudo solucionar algo” en relación al pasaporte falso. Pero como la respuesta es negativa, Sebastián dice que es necesario “hablar con Marito (Abdo, actual presidente) o con Cartes, porque después, sin problemas, se va a poder pagar el favor”.
Marset estaba desesperado porque no quería seguir detenido en Dubái y pretendía volver a Paraguay. Le ofrecieron sacarlo hacia Uruguay o Francia pero se negó.
En otra llamada le informan que “la gente del juzgado (en Paraguay) pide 5 millones de dólares para cerrar la causa”.
La solución llegó de la mano del abogado Alejandro Balbi, contactado por la esposa de Marset. Él gestionó el pasaporte ante la Dirección Nacional de Identificación Civil que, dadas las circunstancias, requirió la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se reunió con la entonces subsecretaria de Cancillería, Carolina Ache, y presionó a la cónsul uruguaya en los Emiratos, Fiorella Prado.
Finalmente, Marset recibió el documento. Y con él la libertad.
Desidia
El informe de la SENAD deja en claro que ni el Ministerio del Interior ni la Cancillería pueden esgrimir desconocimiento sobre las actividades de Marset, ya que la policía uruguaya aportó información a su par guaraní. Y el embajador paraguayo en los Emiratos Árabes mantuvo informado a su par uruguayo. De ahí las advertencias que recibió Cancillería.
Advertencias realizadas por el embajador en Emiratos Árabes, Alvaro Ceriani y por la cónsul Prado. Según reveló el pasado miércoles el diario El Observador, Prado dijo en la investigación administrativa realizada por Cancillería que “el embajador Ceriani y ella no tenían posición favorable a entregarle el pasaporte a Marset, Esperemos a que salga en libertad”, dijo a sus superiores.
Por su parte, Ceriani sostuvo que “era prudente aguardar a que finalizara el juicio apelando al sentido común y no a un criterio jurídico”.
El documento de Cancillería, en poder del fiscal Machado, revela las presiones a las que sometieron a la cónsul, tanto la esposa del narco como el abogado Balbi, quien actuó en todo momento como un gestor.
Heber no podía desconocer que Marset era una persona peligrosa. Lo sabía el subsecretario de Interior, Maciel, quien a su vez advirtió a Ache en noviembre del 2021.
El otorgamiento del pasaporte fue objeto de una interpelación en el Senado a Heber y Bustillo. Luego se probó que Heber y Maciel mintieron y que Ache no dijo todo lo que sabía. Todos dijeron que Marset era un futbolista.
Pero la senadora paraguaya Desirée Masi dijo a medios locales que “el Comando Tripartito de la Triple Frontera, la organización que nuclea a las fuerzas de seguridad y fronterizas de Argentina, Brasil y Paraguay desde 1996, informó en la cámara de alta de su país que las autoridades de Uruguay advirtieron en mayo de 2021 que el esquema de tráfico internacional investigado por el Operativo A Ultranza era encabezado por el uruguayo Sebastián Marset”.
Mayo del 2021, siete meses antes de que Uruguay le otorgara el pasaporte legítimo.
Inoperancia
El 29 de julio pasado, otra vez Marset logró fugarse, esta vez de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde vivía desde hacía más de un año.
Lo buscan la DEA, Interpol, la policía de Bolivia y la de Paraguay. Pero nadie sabe dónde está.
Algunas fuentes lo sitúan en Brasil, protegido por el Primer Comando de la Capital. Otros dicen que nunca salió de Bolivia. Y en los últimos días surgió la versión que lo ubica en el norte argentino.
El narco tiene hasta una cuenta en TikTok con miles de seguidores donde periódicamente muestra aspectos de su vida e incluso los movimientos que hizo para escapar de Santa Cruz.
En un audio difundido pocos días después de su fuga, Marset le agradece a un jefe policial “que cobró una platita” para avisarle que irían a detenerlo. Luego aparecieron otros audios que ratificarían esa versión.
En principio, las autoridades negaron todo, pero más recientemente decidieron investigar a cuatro jefes policiales.
Mientras tanto, realizaron decenas de allanamientos, detuvieron a decenas de personas cercanas, entre las que hay varios uruguayos, así como también recuperaron propiedades, automóviles de alta gama y empresas usadas por Marset para lavar dinero.
Hace diez años era un traficante de marihuana en Uruguay, desde hace tres es “el gerente” del narcotráfico en el Mercosur. Movió centenares de miles de kilos de cocaína hacia África y Europa, maneja centenares de millones de dólares.
Los hechos revelan que, hasta ahora, el narco ha actuado con más eficiencia que las autoridades de Paraguay, Bolivia y Uruguay.
Corrupción
Marset sobornó a autoridades de dos países y pronto sabremos si son tres.
En abril pasado, un oficial, investigador de la SENAD, dijo a Caras y Caretas: “Durante más o menos dos años nosotros investigamos a Marset y todo su entorno. Esa operación se llamó ‘A ultranza PY’, pero, cuando lo íbamos a detener, le filtraron la información desde la fiscalía y logró huir”. “Él estaba asociado al Clan Insfrán, liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias ‘Tío Rico’. Ese grupo, estrechamente vinculado al mundo político paraguayo, había encontrado en Marset un contacto muy importante para sacar la droga de Paraguay y llevarla primero a África y luego a Europa, e incluso Oriente”.
Erico Galeano, diputado cartista y también presidente del club Capiatá, estuvo en la mira de la SENAD durante mucho tiempo. “Nosotros entregamos a la fiscalía muchas pruebas sobre sus actividades, que fueron cajoneadas”, dijo el oficial de policía.
“Entre esas pruebas hay muchísimas horas de escuchas telefónicas realizadas con orden judicial. Nosotros sabemos para qué, para quién y quiénes juntaron 500.000 dólares, aunque fueron más”.
Agregó: “Lo único que voy a decirle para su interés es que tenemos identificados a dos uruguayos como receptores de parte de ese dinero. No fueron los únicos. No puedo decirle más porque la investigación sigue en curso y porque además hemos tenido muy poca colaboración de las autoridades uruguayas”, concluyó el oficial antidrogas.
En Bolivia se informó de fuentes de inteligencia locales que “Marset pagó 10 millones de dólares a autoridades uruguayas por su pasaporte”.
En la investigación administrativa de Cancillería surgen datos llamativos.
- Antes del pasaporte se envió una nota a Dubái explicando que Marset no tenía requisitorias en Uruguay. Luego se envió el documento, pero no por valija diplomática. Se le entregó al abogado Balbi y este a su hermano, quien lo hizo llegar a la familia del narco.
- En Cancillería se “perdieron” 10 mails.
- Hay correos electrónicos que salieron de Uruguay a las 22:45 e, incluso, de madrugada. ¿Quién trabaja a esa hora en el Ministerio de Relaciones Exteriores?
- La cónsul Prado dijo en la investigación administrativa que “cuando vio que Marset tenía un abogado de renombre, entendió que había dinero de por medio”.
En la investigación administrativa realizada por el Ministerio del Interior, constan declaraciones del director nacional de Identificación Civil, comisario mayor José Luis Rondán, quien opinó que “todo lo que anda alrededor de Balbi es complicado”.
Las investigaciones realizadas por Cancillería e Interior concluyeron que “no hubo irregularidades en la tramitación del pasaporte de Marset”.
El fiscal Machado parece tener otra opinión.
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