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Política organismo |

A Sebastián Da Silva

Pereyra: "La interpelación a Fratti es impulsada por un renunciante defensor de intereses privados"

El senador Aníbal Pereyra, del MPP, salió al cruce de la interpelación parlamentaria impulsada contra el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

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En declaraciones públicas, Pereyra señaló al senador nacionalista Sebastián Da Silva, impulsor de la iniciativa, de haber incurrido en una “falla grave” al no declarar previamente sus intereses personales en el tema, tal como exige el reglamento del Senado. “La bancada del Frente Amplio está muy tranquila. Esta es una interpelación inducida por un renunciante defensor de intereses privados, que nunca informó su conjunción de intereses como marca el reglamento”, expresó Pereyra.

Según el artículo 97 del reglamento de la Cámara Alta, todo legislador debe manifestar sus vínculos personales o económicos cuando trata temas con los que está relacionado, algo que, según el senador del MPP, Da Silva omitió sistemáticamente.

Un organismo debilitado

Pereyra también criticó las afirmaciones recientes del senador Luis Alberto Heber, quien aseguró que durante el gobierno del Partido Nacional el INC adjudicó más de 20.000 hectáreas y desmintió que su partido esté en contra de la política de colonización. “Basta ver los datos oficiales: el periodo pasado fue uno de los que menos tierras adquirió en la historia del Instituto”, afirmó Pereyra. Además, subrayó que la actual administración heredó pagos sin planificación y un organismo debilitado por la eliminación de líneas de crédito.

El legislador frenteamplista sostuvo que detrás de la interpelación hay un intento por desprestigiar decisiones estratégicas del Instituto Nacional de Colonización. “Se quiere tergiversar la política que debe llevar adelante el INC y desviar el foco de las prioridades que este gobierno se ha trazado para la adquisición de tierras. Colonización fue desfinanciada y ahora se pretende instalar una realidad que no se ajusta a los hechos”, concluyó Pereyra.

Un informe elaborado por la división jurídica del INC respalda firmemente la legalidad de la operación y contradice las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), cuya objeción apuntaba al número de votos utilizados para aprobar la compra.

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