El líder del MPP derrotó a Luis Lacalle (padre) en segunda vuelta casi por 10 puntos de diferencia. Encabezó un gobierno desordenado pero eficiente en algunas áreas; por ejemplo, logró reducir la pobreza al 9,7 %, pero dejó una inflación del 8,26 % y un déficit fiscal del 3,2 %.
Para el tercer gobierno frentista, Vázquez le ganó por 13 puntos de diferencia a Luis Lacalle Pou. El tercer mandato, si bien no tuvo la impronta del primero, logró reducir la pobreza un punto, pero subió el déficit fiscal al 4,7 % y la inflación al 7,9 %.
Muchos dirán, y con razón, que los números fríos no son los únicos indicadores de un buen gobierno.
Porque durante los gobiernos frentistas la sociedad adquirió varios nuevos derechos; mejoró notoriamente el nivel de vida de la gente; el Plan Ceibal significó una verdadera revolución educativa y asalariados y jubilados mejoraron sus retribuciones recuperando salario real.
En el año 2019 se impuso en segunda vuelta el nacionalista Luis Lacalle Pou apenas por un punto y medio de diferencia sobre el frentista Daniel Martínez.
Por primera vez en 20 años, durante este gobierno se incrementó la pobreza al 9,1 %. El deficit fiscal que deja, 4,4 % , es casi similar al que heredó; en cambio, redujo la inflación al 4,9 %. Pero este último índice se logró deprimiendo el salario de los trabajadores, quienes durante 4 años perdieron salario y poder adquisitivo.
Es difícil encontrar un legado importante del gobierno que se va. Sus votantes dirán que los hay y muchos, pero depende de qué lado de la escala social se encuentren. A los ricos les fue muy bien.
No lograron contener el déficit fiscal, tampoco reducir las tarifas públicas ni bajar impuestos, como prometieron en campaña. Es cierto que debieron enfrentar las repercusiones de la pandemia. Pero la carga de la crisis no fue igual para todos. Otra vez los más ricos resultaron favorecidos. La otra gran crisis que provocó la sequía fue fruto de su propia imprevisión.
Además, es difícil ubicar en el tiempo un gobierno con tanta rotación de ministros y con tantos escándalos que lo pusieran en jaque.
El país que encuentra Yamandú Orsi
A diferencia de Vázquez y Mujica, Orsi llega a la presidencia sin el peso de ser líder.
El electo presidente fue víctima de una de las canalladas más grandes realizadas en plena campaña. Sin embargo, no perdió el tono, no tuvo salidas destempladas. Lo mismo que se aprecia desde la noche del triunfo. Ha mostrado un tono componedor, amable, sin declaraciones rimbombantes. Claro que lo difícil aún no ha empezado.
Si bien tiene mayoría en el Senado, deberá negociarla en Diputados.
No tendría dificultades para nombrar directores de las empresas públicas y servicios descentralizados, ya que solo necesitan venia del Senado. Pero probablemente esta sea materia de negociación a futuro en Diputados.
Otro de los problemas que deberá enfrentar es un alto grado de resentimiento que se constata en ambos lados del espectro político.
Mucha gente enojada que hace uso de las redes para difundir falacias y a la que nada le viene bien.
El asunto es que entre los resentidos hay gente con peso social y político.
Al mismo nivel se ha constatado en los últimos años la irrupción de una derecha cerril que pretende eliminar algunos derechos conquistados, como aborto, matrimonio igualitario, femicidios, liberación de terroristas de Estado presos. Y que además basa su crítica en la descalificación y el insulto soez.
Es un modelo impuesto por Trump, la ultraderecha española, Bolsonaro y más recientemente Milei, ejemplos que ellos ven como exitosos.
Se trata de un asunto no menor al que las autoridades entrantes deberán prestar atención.
Pobreza infantil: un drama para comenzar a resolver ya
La tercera parte de nuestros niños son pobres. Un drama para cualquier país, pero mucho más para el nuestro, con un alto índice de envejecimiento y una muy baja tasa de natalidad.
Cuando en el año 2000 se informaba que la mitad de los menores de cinco años estaban por debajo de la franja de indigencia, nadie tuvo en cuenta que esos niños que crecían en hogares disfuncionales, la mayoría residentes en asentamientos, sin servicios básicos, sin educación, podrían pasar a ser un problema mayor 20 años después.
Muchos de esos niños de entonces son jóvenes que hoy pueblan nuestras cárceles, que han sucumbido a la adicción de la pasta base, que han terminado siendo mano de obra del narcotráfico o pueblan las calles de las ciudades durmiendo a la intemperie en invierno y en verano.
Otros, tal vez la gran mayoría, sufren la discriminción por ser pobres, por el lugar donde viven, por cómo se visten.
Su esfuerzo por salir adelante se debe multiplicar porque no están en igualdad de condiciones, en un país donde la Constitución —letra muerta para temas importantes— establece que “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”.
Todos los estudios públicos y privados aseguran que la pobreza infantil en Uruguay se debe a: falta de ingresos en los hogares, dificultad para acceder a servicios básicos, discriminación y exclusión, inseguridad alimentaria, viviendas con carencias estructurales, residencia en asentamientos irregulares.
Para resolver esto se necesita mucha plata. ¿Cuánta? Toda la que sea necesaria para comenzar a enfrentar un problema oprobioso. Y en esto parece haber consenso. O sea, ahora hay que diseñar el plan y en muy poco tiempo hacer lo que hay que hacer. Que es mucho, pero le asegurará a miles de niños otra calidad de vida y a todos una mejor sociedad.
La inseguridad nuestra de cada día
El gobierno de Lacalle Pou, que hizo de la inseguridad su caballito de batalla para las elecciones del 2019, mostró un grado de improvisación e ineptitud alarmantes.
Ciertamente con espíritu revanchista, Jorge Larrañaga destruyó algunas de las buenas cosas que había hecho su antecesor, Eduardo Bonomi. Durante años, éste último alejó de la fuerza policial a oficiales que no habían dignificado la profesión y logró incorporar a jóvenes con formación universitaria en su mayoría. Apoyado en Julio Guarteche y en Mario Layera, creó y fortaleció a la División Asuntos Internos. Larrañaga corrió a los jóvenes y trajo a todos los viejos, no por mejores sino por pertenencia partidaria. Ahora se ven los resultados.
Fue una imposición de Lacalle Pou que todos los jefes de policía debían ser blancos. Incluso recurrió a dirigentes locales para recibir asesoramiento sobre nombres.
Alguien puede sentirse tentado a creer que el Ministerio llevó adelante una denodada lucha contra la corrupción. Nada más lejos de la verdad. En realidad, los corruptos han caído en el marco de investigaciones por otros delitos o denunciados, con mucho riesgo, por honestos policías, que son la mayoría.
Desde marzo del 2020 más de la mitad de los jefes de policía de todo el país fueron formalizados o destituidos por causas de corrupción. Lo mismo ha ocurrido con otros jerarcas de las jefaturas de Policía. Solo con el caso Astesiano cayó casi la mitad de la cúpula policial.
Es difícil llevar la cuenta de cuántos comisarios o personal subalterno incurrió en las mismas prácticas, pero casi todas las semanas hay un caso.
Un improvisado absoluto como Luis Alberto Heber acentuó este problema porque nunca tuvo mando sobre la fuerza policial. Nicolás Martinelli lo sustituyó en el cargo con el único mérito de ser amigo personal del presidente.
Sin dudas este es uno de los graves problemas que deberá encarar el próximo ministro del Interior, Carlos Negro. Porque si bien la seguridad no es solo un asunto policial, es en esa fuerza en que se sustenta el combate al delito.
Más de una vez se dijo aquí e insistimos: en esta etapa, Asuntos Internos es una dependencia policial que deberá adquirir un fuerte protagonismo. Tenemos una Policía con importantes nichos de corrupción que, si no se resuelve, todo lo que se proponga está condenado al fracaso.
El cuidado que se tenga con el nombramiento de los futuros jefes de policía será un primer paso. Sería deseable que a futuro no fuera ninguno de los que ha estado en el cargo durante estos años.
Fue Guarteche quien afirmó que "la corrupción significa un flanco que no podemos dar al crimen organizado. Ninguna actividad delictiva avanza si no hay corrupción que la ampare".
El crimen organizado y el narcotráfico han logrado una presencia importante. La mejor forma de enfrentarlos no es a balazos, sino yendo tras la ruta del dinero. Si se le quitan recursos económicos y financieros, disminuirá su presencia.
Pero en esto se debe ser implacable. Algún día las autoridades entenderán que los grandes traficantes de droga, sus financistas y los profesionales que los asesoran no viven en barrios marginales. Para esto es imprescindible una Senaclaft potente, activa, inteligente. Y, de paso, una Jutep que no responda a intereses partidarios, que cumpla las funciones que le otorga la ley y verifique si las declaraciones juradas son verdaderas o falsas.
En Uruguay hay crimen organizado, narcotráfico, contrabandistas, traficantes de personas y también muchos corruptos, pero hay muy pocas causas judiciales por lavado. Tal vez porque los que lavan tienen poderosos estudios jurídicos y contables detrás y pueden pagar los servicios de importantes abogados.
Ni los gobiernos ni la sociedad comprenden a cabalidad que el daño más grave no es el lavado, sino la corrupción que genera tanto dinero fácil.
El Gobierno electo ha anunciado su intención de crear un grupo que coordine desde Presidencia toda la política de seguridad. Si bien aún se desconocen detalles, sí se sabe que el coordinador será el futuro prosecretario Jorge Díaz.
La idea, a primera vista, parece interesante porque, si bien abarcaría a todas las dependencias con función policial, bien podría extenderse a otras áreas para dejar de ver el problema solo como un asunto policial. Entonces el Mides, Vivienda, Trabajo, Educación, Deportes y hasta las intendencias adquirirían otro protagonismo.
Lo interesante ahora es que los primeros nombramientos recayeron en profesionales que no son improvisados, que desde su actividad profesional han conocido las raíces del delito.
Y todos saben que, como dijo el exfiscal Díaz, “en este país hay leyes para ricos y leyes para pobres”. Ahí hay una tarea para los legisladores.
