Podría imputarse el delito de pesquisa

En marzo pasado, la empresa Vertical Skies le pidió a Astesiano que armara carpetas con información personal de los legisladores. En el chat que recibió el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou se mostró cómo representantes de la empresa de seguridad solicitaron a Astesiano datos personales y vinculaciones de ambos, luego de que presentaran la denuncia en Fiscalía debido a la concesión del Puerto de Montevideo.

Uno de los responsables de la empresa, finalmente confesó haber ordenado ese extremo. Marcelo Acuña relató que solicitó a Astesiano que enviará información sobre Carrera y Bergara. El objetivo según los chats que circularon era extorsionar a los senadores para que retiraran la denuncia penal. En los chats informados por el periodista Diego Martini Lemos se mostró cómo Acuña reiteraba que necesitaba información acerca de Charles y Bergara y que necesitaba que esa información fuera de índole personal. Entre el 22 y 28 de marzo del año pasado.

Acuña envió otros mensajes a Astesiano para que finalmente le proveyera la información solicitada sobre los senadores. Finalmente, Acuña se reunió en la Torre Ejecutiva con el excustodio de Luis Lacalle Pou luego de sumar otros chats para que le pasara la información solicitada. Finalmente, en diciembre pasado, a poco más de tres meses de que Astesiano

fuera formalizado con prisión preventiva, Acuña envió una carta a la fiscal Gabriela Fossati, quien entendía hasta este lunes en la causa. En la carta enviada, Acuña indicó que la persecución a Carrera y Bergara fue por motu proprio. Por su lado, el gerente general de la empresa, el militar retirado Mario Panizza, dijo que el también militar retirado Marcelo Acuña solicitó [a Astesiano] espiar a los senadores en forma totalmente independiente a la empresa, según manifestó en Canal 4 en diciembre pasado. La investigación en la que entenderá la nueva fiscal del caso Sabrina Flores apuntará, según conoció Caras y Caretas, a identificar a los responsables del espionaje a los legisladores opositores y luego a tipificar el delito. Según fuentes consultadas, este último punto no será tarea sencilla porque el delito de pesquisa que tipifica el Código Penal es un delito de autoría calificada. Refiere al funcionario público que incurra en ese delito. En el acuerdo alcanzado entre la fiscal Gabriela Fossati y el defensor del excustodio, Marcos Prieto, el 15 de febrero pasado, la denuncia sobre el espionaje a los senadores Carrera y Begara ni siquiera fue consignada por la fiscal Fossati. En su acusación presentada para resolver el juicio abreviado que dirimió la causa madre de los pasaportes, la fiscal Fossati solo dejó constancia de audios con las declaraciones de Carrera y Bergara entre la pruebas con las que contó para alcanzar el acuerdo con el excustodio presidencial, pero hasta ser apartada del caso, Fossati no mostró los resultados de su investigación sobre la pesquisa contra los senadores del Frente Amplio.

En el relato para su acusación la fiscal describió que Astesiano ejercía una función pública, por lo que corresponde reputarlo como funcionario público en virtud de lo preceptuado en el art. 2 de la Ley 17.060 y en el art. 175 del Código Penal, en tanto se trataba de un funcionario que expresaba la voluntad de un ente público (los funcionarios "de hecho", en cuanto cumplen una función pública, resultan a los efectos de la ley penal funcionarios públicos). Agregó que Astesiano proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía en su entorno de Presidencia, como por ejemplo, al secretario personal del presidente de la República, Nicolás Martínez, o al propio presidente. En ocasiones, y dado que siempre obtenía información, era consultado sobre distintos hechos. Fossati indicó que Astesiano procuraba beneficios para sus actividades civiles y particulares a partir de la información que obtenía.

El asunto cobra interés por parte de penalistas consultados por Caras y Caretas. En caso que la fiscal Sabrina Flores identificara a quienes ordenaron a Marcelo Acuña investigar a los senadores frenteamplistas, ¿qué delitos se tipificarían?

Por un lado, el delito de pesquisa establecido en el Código Penal en el artículo 287 indica que “el funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, ordenare o ejecutare una inspección o registro personal, será castigado con tres a doce meses de prisión”. Ahora bien, ¿qué sucede si los responsables de haber ordenado a Marcelo Acuña la pesquisa sobre los senadores no revisten la calidad de funcionarios públicos? Otros penalistas consultados indicaron que son varias las figuras que pueden caber, pero admiten que no es sencillo tipificar si finalmente no se trataran de funcionarios públicos.

Sin embargo, el artículo 64 del Código Penal, que refiere a la llamada comunicabilidad del delito, podría hacer extensiva la condición de funcionario público que desde ya sí tenía Astesiano. El artículo 64 del Código Penal refiere “a la extensión de la responsabilidad cuando se requieren condiciones personales para determinados delitos; todos los que presten su concurso serán responsables del mismo, según la participación que hayan tenido en él”.