¿Qué pasó con el responsable del atentado a la Brigada Antinarcóticos?

El fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, dijo en agosto de 2022 que según la información que manejaba, y que le había llegado desde el exterior, el narcotraficante Sebastián Marset forma parte del Primer Cartel Uruguayo. Al mismo tiempo, una vez que el fiscal Pérez formalizó a 18 personas -tras el atentado a la Brigada de Narcóticos en mayo de 2020-, informó públicamente que se esperaba la detención y extradición de uno de los principales sospechosos de tener vínculos con ese grupo delictivo.

Pérez, quien nunca encontró al autor del atentado a la Brigada Antinarcóticos, sostuvo en agosto pasado que la persona identificada -que sería extraditada desde Brasil-, era Rodrigo Fontana, alias Loli. Al mes siguiente, en setiembre de 2022, cuando finalmente fue extraditado por su participación en tráfico internacional de armas de fuego y estupefacientes en el marco del Operativo La Niña en 2018, Loli Fontana fue imputado por la Justicia de Rivera pero trasladado a una cárcel en el sur del país “por razones de seguridad por el tipo de delito por el que está imputado”, indicaron fuentes de la investigación. Y si bien el fiscal divulgó en sendas entrevistas los presuntos lazos que unían a Loli Fontana con Sebastián Marset -Primer Cartel Uruguayo mediante-, no sólo no pidió que se emitiera una orden de Interpol para la detención de Marset sino que “nunca Diego Pérez citó a declarar a Loli Fontana para procurar confirmar o no su sospecha del presunto vínculo con Marset”, respondieron a Caras y Caretas fuentes de la investigación. “Eso es lo que no tiene ni pie ni cabeza”, añadió la fuente consultada tras la falta de interrogatorios a Fontana sobre Marset, relación que el fiscal Pérez publicitó en la prensa.

Este martes, el fiscal de Corte Juan Gómez dijo algo más: que la Fiscalía no negocia con narcotraficantes. Agregó Gómez que “no negocia con narcotraficantes en las condiciones en las que está Marset”. Esa aclaración es clave porque desde que se instauró el nuevo Código de Proceso Penal (2017) de eso trata una de las formas de resolver los conflictos: los juicios abreviados que implican negociaciones y ulteriores acuerdos entre la Fiscalía y el imputado, con posterior homologación del juez de primera instancia, que incluye la rebaja de pena a cambio de la admisión de el o los delitos imputados.

Al 7 de noviembre de 2022, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informó que el porcentaje de adultos privados de libertad con condena es de 91 % y sin condena el 9 % y esa mayoría de reclusos con condena se debe, precisamente, a la aplicación de juicios abreviados. También, Fiscalía General de la Nación informó en 2022 que el promedio de duración de los procesos se redujo drásticamente gracias al juicio abreviado. Antes de 2017, con el sistema inquisitivo, los procesos se extendían entre 400 y 500 días y con el juicio abreviado el promedio de finalización del proceso desde que se formaliza al indagado, insume 32 días.

Para concretarse un acuerdo entre la fiscal Mónica Ferrero -quien entendió en una de las investigaciones sobre Marset en 2018- el narcotraficante primero debería ser formalizado por algún delito y luego llegar a un juicio abreviado o acuerdo con la fiscal. Debería admitir hechos. Fuentes de la investigación indicaron a Caras y Caretas que Marset no está buscando entregarse sino que se exima a su familia de responsabilidades.

Además, las fuentes consultadas indicaron que “Marset se molestó en las últimas horas porque se manejó la posibilidad de que admitiera la amenaza que en mayo de 2020 sufriera la fiscal Ferrero por parte del grupo Primer Cartel Uruguayo”. A la luz de los hechos, la admisión de ese atentado y amenaza sería incongruente: en principio, cuando el Cartel Uruguayo firmó el 10 de mayo de 2020 la amenaza de muerte a la fiscal Ferrero, Marset no fue requerido internacionalmente y, por tanto, en principio no fue buscado por ese hecho. La pregunta es ¿por qué Uruguay lo requeriría ahora por esa causa? Si era sospechoso de la amenaza a Ferrero, ¿por qué entonces el fiscal Pérez no pidió su detención internacional vía Interpol? Al mismo tiempo, Marset, en entrevista con la periodista Patricia Martín, negó pertenecer al Primer Cartel Uruguayo. Y si bien pudo haber mentido, “sería extraño que en la misma semana se contradijera de esa forma”, agregaron fuentes consultadas.

Uno de los hechos en los que Marset estuvo involucrado, y que si bien está archivado existe una investigación administrativa, fue el homicidio en su casa de su amigo de la infancia en 2018. Eventualmente, si Marset admitiera su participación en ese homicidio, sería una causa que explicaría su entrega en Uruguay. A propósito de este hecho se abrió una investigación administrativa sobre cómo se perdió una prueba que en ese momento se utilizó para eximir de responsabilidad a Marset. La prueba perdida es una declaración del narcotraficante y, además, según supo Caras y Caretas, también se perdió la declaración de un policía que acompañaba a Marset en 2018. El efectivo policial declaró ante la Fiscalía que Sebastián Marset no estaba presente en su casa cuando se produjo el homicidio. El policía agregó que de hecho Marset estaba con él en ese momento.

Según fuentes de la investigación “Marset pretendió ser informante de la Fiscalía y de la policía pero ese extremo no se extendió en el tiempo ni terminó de concretarse”, indicaron los consultados. “La fiscal Mónica Ferrero se reunió a esos efectos con Marset en 2018 y la aparición en escena de ese policía que terminó declarando a favor de Marset, fue fugaz”. Luego de esto, Marset se terminó yendo a Paraguay o a Bolivia.

La investigación de Machado

La indagatoria del fiscal Alejandro Machado sobre si el pasaporte entregado por el Ministerio del Interior y por el de Relaciones Exteriores al narcotraficante se expidió o no con rapidez, y acerca de las pruebas que se intentó que desaparezcan, según las grabaciones presentadas por la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, está previsto que continúe en 2024.

Según conoció Caras y Caretas, habrá otra tanda de personas citadas en calidad de indagadas por este hecho que no llegarán a 13 como las indagadas en octubre pasado, pero será otro grupo que deberá ser acompañado por su abogado.

En cuanto a las declaraciones de los indagados en octubre, como ya se informó, el fiscal Machado solicitó que se sume otro fiscal a su equipo. Sin embargo, ese fiscal que deberá analizar la desgrabación de las declaraciones de los indagados, aún no pudo comenzar a examinarlas porque aún no existe un administrativo para desgrabar materialmente las declaraciones. En tanto, Caras y Caretas continúa haciendo gestiones para que el fiscal Alejandro Machado reciba de este medio el documento exclusivo informado la pasada edición. El documento oficial de la Policía de Paraguay revela que desde abril de 2021 el Ministerio del Interior de Uruguay sabía que Marset era un importante narcotraficante que operaba en ese país.