La captura en Bolivia del narco uruguayo Julio Luis Deal Barrios, presunto lavador de activos del dinero sucio de su colega fugado Sebastián Marset, arroja nueva luz sobre la trama mafiosa que involucra a notorios empresarios uruguayos en el negocio de venta ilegal de estupefacientes a nivel regional e incluso extrarregional, porque la droga, a gran escala y en tonelaje, se exporta al mercado europeo.
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Lo sorprendente, o no tan sorprendente, es que el delincuente manifestó reiteradamente en las redes sociales su ardiente devoción por el presidente Luis Lacalle Pou y es conocida su adhesión al Partido Nacional –donde también habría integrado una lista– y ha aparecido muy sonriente en varias fotos con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y con la precandidata herrerista Laura Raffo.
Aunque ha criticado al secretario de la Presidencia y también precandidato Álvaro Delgado, a quien considera un mal postulante para su colectividad, es bien conocida su aversión hacia el Partido Comunista y por supuesto al Frente Amplio, así como también su profunda admiración por Javier Milei, el candidato ultraderechista a la Presidencia en Argentina.
Menudo admirador tiene el presidente de la República, que se suma a otros delincuentes, como el también narco y cómplice de Marset, Jorge Pérez Bentancor, casualmente vecino de Lacalle Pou en el exclusivo barrio privado La Tahona.
La pregunta que surge espontáneamente es: ¿por qué en las fotos con referentes blancos aparecen recurrentemente narcotraficantes de gran porte y pedófilos –el caso más notorio es del exsenador Gustavo Penadés– y abusadores? Por supuesto, la respuesta la tienen los integrantes de la centenaria colectividad partidaria fundada por Manuel Oribe.
La conclusión es la siguiente: o son relaciones carnales inspiradas en una afinidad ideológica manifiesta, o bien existen otros intereses ocultos, tal vez económicos, que aún ignoramos.
Lo cierto es que lo sucedido en el último mes y medio trae naturalmente a colación el pasaporte otorgado hace dos años por el gobierno uruguayo al narco Sebastián Marset, caso que está siendo investigado por la Fiscalía y motivará la concurrencia de los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo a los estrados judiciales, en calidad de indagados.
¿Realmente los narcos se sienten más cómodos con gobiernos blancos como el de Luis Lacalle Pou y eventualmente Javier Milei, o es solamente una coincidencia y una simpatía espontánea?
Se trata, naturalmente, de delincuentes con un alto poder económico, por lo que su identificación de clase social con el gobernante uruguayo y el economista argentino es muy notoria. Por supuesto, esta reflexión está en el mero terreno de las especulaciones y, por el momento, no tiene evidencia empírica.
Lo cierto es que el delincuente uruguayo recientemente capturado, según los medios bolivianos, no sólo estaría vinculado a Marset sino que incluso habría ayudado en su fuga.
Por supuesto, también tiene antecedentes por narcotráfico en Uruguay como su tristemente célebre colega criminal, pero, al igual que éste, como no tiene causa abierta, no está requerido por la justicia uruguaya.
Durante el último gobierno del Frente Amplio, ambos se mudaron –Marset a Paraguay y Deal Barrios a Bolivia–, seguramente porque no se sentían tan cómodos en Uruguay.
Este último es un acérrimo adherente y no se descarta que contribuyente al Partido Nacional y hasta habría sondeado la posibilidad de invertir en nuestro país, seguramente para lavar dinero negro del narcotráfico.
Sus posteos, más allá de que aparece en varias fotos con Luis Alberto Heber y con Laura Raffo, tienen una intención manifiesta y por cierto inocultable, así como su simpatía por Milei y su exhortación a los ecuatorianos a votar “contra los comunistas”, porque las redes sociales son de libre acceso.
Obviamente, la libertad es libre y todo aquel que quiere adherir a un partido político o a una idea tiene todo el derecho a hacerlo. Lo que no es libre es el lucrativo negocio ilícito del narcotráfico y el lavado de activos, cuyo control en Uruguay, desde la aprobación de las normas contenidas en la inconstitucional Ley de Urgente Consideración, está haciendo agua por todos lados.
Evidentemente, a estos delincuentes que se mueven en las sombras, aunque a la luz sean miembros de la alta sociedad, les convienen los controles de movimiento de dinero laxos y la desregulación, cualidades que caracterizan a gobiernos muy complacientes para los cuales el Estado debe ser prescindente y el mercado mueve la economía, aunque los potenciales inversores sean mafiosos de gran porte. Naturalmente, para la derecha, como queda explicitado en las fotos, son amigos y –como se dice en la jerga del patriciado vernáculo– emprendedores.
El blanco Julio Luis Deal Barrios, que es una persona “distinguida y respetable” para el partido de gobierno y tiene cuatro antecedentes penales pero no causa abierta, es oriundo de Solís de Mataojo, departamento de Lavalleja y su primera imputación penal –naturalmente por tráfico ilegal de estupefacientes– data de 1998. Es decir, nadie puede negar que se desconocía quién era y a qué se dedicaba.
En julio del año 2001, fue detenido en su departamento de origen, como cabecilla de una “narcobanda”. Junto a él, cayeron tres ciudadanos paraguayos, cómplices en dicha organización.
Por entonces, la Policía puso bajo vigilancia un establecimiento de Aguas Blancas, también en Lavalleja y, ante la información acerca de la llegada de una carga de droga, se allanó el lugar y también una finca en Punta del Este. En dicha vivienda se incautó marihuana y cocaína, dos camionetas paraguayas y tres vehículos uruguayos.
Pese a que reside en Bolivia, donde ha proseguido con sus actividades ilícitas, se ha mantenido sumamente activo en las redes sociales, donde elogió al “libertario” Javier Milei y al presidente Luis Lacalle Pou. Qué respetables admiradores tiene el presidente de la República. Mejor perderlos que encontrarlos.
La justicia boliviana lo condenó bajo los cargos de “organización criminal, asociación para delinquir, atentado contra los miembros de organismos de seguridad del Estado, falsedad ideológica y uso de documento falsificado”.
En Uruguay, aunque no está requerido, de acuerdo a lo informado por fuentes del Ministerio del Interior, posee antecedentes delictivos por hurto, simulación de delito, comercialización de estupefacientes y asociación para delinquir. Cartón lleno.
Este episodio se suma a la captura de Jorge Pérez Bentancor, por su implicancia en la comercialización de 256 kilos de cocaína. El empresario, que ya tenía un antecedente por este delito, era vecino de Luis Lacalle Pou en el barrio privado La Tahona, antes de que este se mudara a la residencia de Suárez y Reyes.
También este hombre, que se solía mover en los círculos exclusivos de la sociedad uruguaya y entre millonarios de extracción nacionalista, está vinculado a Sebastián Marset. Es decir, los tres son parte de una misma organización mafiosa.
Lo cierto es que, como sucede en otros países de la región, están saltando a luz las relaciones carnales entre el narcotráfico y la política uruguaya, en este caso concreto con el Partido Nacional.
Aunque nadie puede afirmar con certeza que entre estos criminales y el partido de gobierno existe connivencia, no debemos olvidar, aunque parezca reiterativo, que el gobierno le otorgó un pasaporte legal al capo mafioso Sebastián Marset hace dos años. El documento le permitió escapar de una cárcel emiratí, donde fue recluido luego de intentar ingresar con un documento paraguayo falso a Emiratos Árabes Unidos. ¿Usted no sospecharía?