En diálogo con Caras y Caretas el dirigente de Sutiga, Diego Andrada, explicó que la reunión con el Ministerio surgió a partir de un pedido del senador frenteamplista Gustavo González, para tratar de solucionar el problema de fondo. Caras y Caretas se trató de comunicar con el senador, quien no quiso brindar declaraciones pero confirmó haber participado de reuniones con el sindicato y estarle dando un seguimiento a la situación.
En el MEF les atendió “un asesor del ministro” Gabriel Oddone y la cartera “quedó en trabajar sobre las propuestas para dar una respuesta”, señaló. “Hace un año y cuatro meses que estamos de conflicto y siguen pasando los días”, lamentó Andrada. Al Mides “le hemos pedido reuniones políticas recientemente” y no nos las están dando “no sabemos por qué”, cuestionó.
En este contexto es que la última asamblea “decidió estas medidas que la verdad que no le gustan a nadie”, sin embargo los trabajadores “ya vienen apaleados, sin comer, con dos inviernos arriba sin saber si cobran los salarios y con cedulones de salario”, fustigó.
¿Qué se discute?
La propuesta principal que Sutiga ha trasladado tanto al Mides, como el MEF, tiene que ver con la creación de un Fideicomiso, donde la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) se haga cargo de la situación. El procedimiento tendría dos posibilidades, la primera es que “la administración del convenio la hacen las ong y los salarios los paga directamente la CDN”, ahondó. La segunda es que “el Mides podría administrar los servicios directamente y que los salarios los pague la CDN”, explicó.
“Dentro de Sutiga hay trabajadores del Plan Juntos que tienen contrato con la CND y no tienen problemas para cobrar”, explicó. “También hay otras experiencias donde ha funcionado”, agregó Andrada.
Hay dos reivindicaciones que también son importantes para Sutiga. “Por Consejos de Salario” el sindicato logró “que los tercerizados tengan derecho a una prima por antigüedad”, explicó. Como sucede en los convenios colectivos “se negoció con los representantes de los patrones, se le llevó al Mides en tiempo y forma, y quedó firme”, relató. La medida se aplica a partir de los tres años de antigüedad.
Aún así las organizaciones con trabajadores con más años de antigüedad “están advirtiendo que no van a continuar con los proyectos” porque le preguntaron al Mides “si tiene el dinero para pagar y dijo que no lo tiene”, criticó.
Por lo tanto también le llevaron este problema al MEF “para que solucione” en el entendido de que “tampoco es tanto dinero”, aclaró. “La administración anterior se encargó, sobre todo cuando estuvo Martin Lema, de barrer a los trabajadores con más antigüedad”, explicó. Quitaron “a los que tenían más años de experiencia y pusieron a una cantidad de trabajadores nuevos”, y en ese sentido solamente “un par de organizaciones tendrían que hacerse cargo de esta plata”, matizó.
El tercer punto tiene que ver con el mantenimiento de la plantilla de trabajadores cuando el ministerio termina un convenio. “Sucede que hay organizaciones que roban o gestionan mal” y el Mides tiene que cortar el contrato o dejar caer el convenio “y los que pagan en general son los trabajadores”, manifestó. “El Estado tiene que sacar a esas organizaciones pero no puede ser que después el trabajador todavía se quede sin trabajo”, cuestionó.
Lo que se busca es que “cuando suceda algo de ese estilo haya un gatillo para que la plantilla se mantenga” más allá de “cuál organización venga”, puntualizó. Esto permitiría dar una solución ante los cierres “a quienes verdaderamente dan la cara en el territorio”, complementó.
Y además se vienen cierres
En cuanto al atraso de la organización Eco Familia, que Caras y Caretas reportó la semana pasada, desde el sindicato informaron que quedó solucionado el lunes. Aunque en reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la ong había asegurado que iba a estar resuelto para el viernes. Este atrás involucaraba a unos 200 trabajadores que no habían cobrado lo abonado en julio, ese dinero fue pagado y además percibieron lo que corresponde cobrar en agosto.
Por otro lado, el sindicato también informó que la ong Otras Manos había advertido que podría atrasarse en agosto, lo que finalmente sucedió. Al día de hoy los 300 trabajadores de esta organización nuevamente no han cobrado el salario.
A los atrasos de este mes se le suma el Servicio de Violencia Basada en Género en Salto que administra el Centro Interdisciplinario de Estudio sobre el Desarrollo. Y el sindicato tiene la información de que la organización Centinelas también estaría atrasada “aunque aún no es oficial, porque no hay núcleo sindical” y tienen que chequearlo.
Por último el sindicato también recibió la información preliminar de que un Centro de Primera Atención de Otras manos “va a cerrar”. La situación afectaría a “unos 70 o 80 usuarios y 65 funcionarios que aparte de no cobrar les dicen que se van a quedar sin su fuente laboral”, fustigó. “Para nosotros es gravísimo y es una decisión que no se entiende en pleno invierno”, denunció. Es un centro al que “los usuarios quieren ir, que dentro de todo funciona bien este y ya pedimos la tripartita para ver cuál es el plan”, adelantó. “Es vergonzoso”, concluyó.
