“Está en etapa de formalización”, explicó Suárez al referirse al estado de la investigación, y señaló que actualmente el Consultorio Jurídico representa a cuatro víctimas, identificadas mediante números para preservar su identidad.
Según detalló, el equipo mantiene contacto con dos de las fiscalías que trabajan en el caso. También indicó que algunas de las víctimas se repiten en las investigaciones de ambas fiscalías y que todavía podría ampliarse el número de personas afectadas y de imputados a medida que avance la investigación.
No desviar el foco
Suárez consideró especialmente importante que, frente a situaciones de explotación y violencia contra adolescentes, el debate público no termine concentrándose exclusivamente en las eventuales fallas institucionales.
La abogada planteó que es válido analizar si el Estado y los organismos encargados de proteger a niños y adolescentes actuaron correctamente y si existen responsabilidades que deban ser revisadas. Sin embargo, sostuvo que ese análisis no debería desplazar la gravedad de los delitos investigados.
“Lo primero que corresponde, por orden jerárquico de gravedad de las situaciones, es que acá había personas que cometían delitos”, sostuvo.
En particular, remarcó que se trata de delitos que afectan a personas en situación de especial vulnerabilidad y que involucran tanto cuestiones vinculadas a las infancias como a la violencia de género.
Para Suárez, resulta necesario evitar una mirada que termine trasladando la responsabilidad hacia las familias de las víctimas o hacia las propias adolescentes. En ese sentido, cuestionó los discursos que, ante situaciones de explotación, terminan preguntándose por qué los padres no cuidaron a sus hijos o por qué las instituciones no actuaron antes, en lugar de poner en primer plano a quienes presuntamente cometieron los delitos.
“Protegerlas porque lo necesitan”
La integrante del Consultorio Jurídico insistió en que la prioridad debe ser garantizar la protección de las víctimas durante el proceso judicial. La reserva de sus identidades responde precisamente a esa necesidad.
“Protegerlas porque lo necesitan”, afirmó, al explicar la importancia de preservar la identidad de las personas afectadas.
La investigación, señaló, todavía se encuentra en una etapa inicial y queda un camino importante por recorrer. Por eso, consideró prematuro extraer conclusiones definitivas sobre el funcionamiento de las instituciones involucradas.
Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que el avance de las actuaciones permita identificar nuevas víctimas y nuevos imputados.
