"Una catarata de adjetivos": Mahía tomó la palabra y le contestó a Abdala

JUTEP, orígenes

Mahía recordó que la JUTEP tuvo su origen en la Ley 17.060, conocida como “Ley Cristal”, y que a lo largo de los años fue adquiriendo mayor autonomía. Destacó como punto de inflexión la Ley 19.340, aprobada en 2015, que transformó a la Junta en un servicio descentralizado, fuera de la órbita orgánica del Ministerio de Educación y Cultura. A partir de allí, sostuvo, el MEC pasó a ejercer un rol meramente tutelar y no jerárquico.

Ese encuadre jurídico fue central en su argumentación. El ministro enfatizó que, en tanto servicio descentralizado, la Junta de Transparencia y Ética Pública no se encuentra subordinada al Poder Ejecutivo, sino sujeta únicamente a un régimen de tutela administrativa. Dicha tutela —remarcó— se limita a un control de legalidad y legitimidad de los actos, y no habilita al Ejecutivo a sustituir el criterio del organismo ni a evaluar razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

En ese sentido, Mahía sostuvo que la resolución adoptada por mayoría en la JUTEP puede ser discutible desde el punto de vista técnico o político, pero se inscribe dentro de un conjunto de interpretaciones razonables de la norma vigente. Por lo tanto, no configura, a juicio del Ejecutivo, una ilegalidad que habilite la interposición de recursos anulatorios ni otro tipo de intervención directa.

Mahía rechazó acusaciones de presión e injerencia

El ministro fue explícito al rechazar las acusaciones de injerencia o presión indebida. Afirmó que el Poder Ejecutivo no tuvo participación alguna en la decisión del directorio de la JUTEP y que respetó plenamente su independencia técnica. Subrayó, además, que los informes de las asesorías letradas —aunque relevantes— no son vinculantes para los jerarcas, quienes pueden apartarse de ellos siempre que exista una fundamentación adecuada, como entiende que ocurrió en este caso.

En relación con las acusaciones formuladas durante la interpelación por Pablo Abdala, el ministro fue categórico: “No hubo irregularidades institucionales. No hubo manipulación de la JUTEP y se actuó conforme a derecho”. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de utilizar a la institucionalidad como herramienta de desgaste político.

Mahía cuestionó además lo que describió como una “catarata de adjetivos” —como abuso de poder, fraude o deshonestidad— y sostuvo que ese tipo de señalamientos terminan debilitando a la institución. A su juicio, confundir un desacuerdo técnico con una supuesta manipulación política es, en el mejor de los casos, un error conceptual, y en el peor, una forma de deslegitimar a un organismo cuando sus resoluciones no coinciden con determinadas expectativas.