En medio de los esfuerzos realizados por el gobierno de Alberto Fernández por atender la crisis, la protesta de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encendió la alarma y tocó fibras sensibles para la historia de la vecina nación en un momento particularmente complejo en la región.
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Un debate sobre el manejo de la economía en Argentina se ha suscitado en las últimas semanas, pues a casi un año de haber tomado las riendas del país, Alberto Fernández no ha conseguido poner en práctica con comodidad su plan de gobierno. La pandemia ha obligado a las cuarentenas que, pese al gran esfuerzo realizado, no han podido evitar que el virus golpee con rigor a ese país.
Uno de los fuertes debates respecto a los gobiernos progresistas en el continente está centrado en el manejo que se le debe dar desde la alternatividad a las fuerzas militares y policiales. Todo parece indicar que, salvo en Venezuela, en todo el continente las fuerzas militares y policiales continúan siendo un factor de juego político a favor de la derecha más encarnizada.
Luego de 15 años de avances estructurales en Bolivia, fueron la policía y las fuerzas militares las encargadas, de primera mano, de expulsar a Evo Morales del gobierno. Es la policía en Ecuador, luego de 10 años de gobierno progresista de Rafael Correa, la misma que sale a reprimir con fuerza brutal a las fuerzas sociales. Lo mismo ocurre en el Brasil de Lula y Dilma y en la Argentina de Cristina Fernández y Néstor Kirchner.
El gobierno de Macri, por decreto, en 2016 decidió aumentar en 28.000 millones de pesos la destinación presupuestal por recaudación hacia CABA. Ese aumento haría que las destinaciones presupuestales correspondientes a los años siguientes se vieran afectadas, al punto que los presupuestos tuvieran destinaciones insostenibles para el gobierno central. Es esta la razón por la que Alberto Fernández decidió hacer un recorte en las transferencias hacia CABA.
Uno de los sectores beneficiarios de la magnanimidad de Macri con la capital fue justamente la policía, que, con las nuevas medidas tomadas por el gobierno central, ha quedado muy poco conforme. Razón por la que decidieron realizar una protesta un poco inusual el 9 de setiembre.
Los policías de la ciudad de Buenos Aires decidieron hacer concentraciones en los alrededores de las residencias presidencial y del gobernador de la provincia de Buenos Aires. En principio, la protesta salarial, más allá de los intríngulis de la macroeconomía, es comprensible hasta cierto punto.
No todo el mundo comparte que los miembros de la fuerza pública quieran un aumento salarial que está claramente por sobre las posibilidades generales en tiempos de pandemia, sin embargo, la reivindicación salarial es comprensible siempre en sí misma para la gente que vive de su empleo.
Lo que ha generado un ambiente muy poco amigable ha sido la decisión de rodear con la policía la residencia del gobernador Kicillof y la Quinta de Olivos, donde se encuentra el presidente Alberto Fernández.
Es cierto que cualquier protesta busca generar opinión, convocatoria y visibilización; por este motivo se escogen lugares emblemáticos o muy concurridos, justamente para que la sociedad se entere de las demandas hechas por el sector en conflicto. No obstante, una movilización que no es convocada por una instancia gremial, pues no hay sindicato, y en la que además los movilizados, más allá de toda consideración reivindicativa no dejan de ser una fuerza en el uso de las armas, es mucho más que preocupante en este momento.
Entonces, es muy difícil distinguir si lo que ocurre es la convocatoria de un sector de trabajadores que pone sobre la mesa sus exigencias o es una intimidación hecha por medio de un despliegue de fuerza en un momento de crisis. No hay que olvidar que durante las últimas semanas se ha producido una serie de movilizaciones y convocatorias en contra de las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández para controlar la pandemia en Argentina.
Era claro que los sectores más reaccionarios y afines a la ultraderecha no iban a quedarse de brazos cruzados una vez hecho el cambio de gobierno. La pandemia ha sido la excusa con la que cada sector ha podido mostrar de qué está hecho; los sectores democráticos y progresistas han intentado poner el acento en la población más vulnerable y han tratado de atender la crisis sacándoles el grueso de la carga a las mayorías, mientras del otro lado, los sectores neoliberales han aprovechado para intentar reformular los pactos colectivos a favor del gran empresariado, liberando de cargas tributarias a los grandes actores económicos bajo la excusa de que serán ellos los motores del desarrollo y no los trabajadores que ponen a andar la maquinaria empresarial y del consumo interno.
La crisis heredada del gobierno anterior y la generada por la coyuntura ha hecho que los sectores económicos más hacia la derecha se reestructuren en Argentina; saben que no tienen un gran juego político debido al grado de desgaste en que quedó el sector representado por el macrismo, pero saben que tienen muchas más cartas para jugar y en el terreno ideológico siguen teniendo una base social que no es mayoritaria, pero tampoco debe ser clasificada como insignificante.
La gran mayoría de los sectores sociales y políticos de Argentina se pronunció el mismo miércoles 9 rechazando la medida de los policías por considerarla un mensaje muy peligroso y un acto de clara provocación. En esa vía, el grupo Ciencia y Técnica en Argentina (CyTA) afirmó en un documento que estas acciones hacen parte de una campaña de desestabilización en contra del gobierno de Alberto Fernández, junto con otras iniciativas como la oposición del sector de Juntos por el Cambio a sesionar por vía virtual, desatender de manera consciente todas las orientaciones emitidas por el gobierno para prevenir los contagios por la covid-19 y el rechazo al impuesto a las grandes fortunas.
Es importante prestar atención al desarrollo de los acontecimientos en Argentina: la región está mostrando que hay fuerzas poderosas interesadas en no permitir el retorno del progresismo al continente. El golpe de Estado en Bolivia, seguido por las operaciones de lawfare contra Evo Morales y Rafael Correa, que reciben sentencias en su contra justo el mismo día y justo algunas horas antes de la manifestación policial en la Quinta de Olivos con efectivos policiales armados rodeándola, son muestras de que la maquinaria se está moviendo con fuerza hacia la derecha y ya no tiene mucho interés en que no se note.