De acuerdo con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, José Luis Toledo, la carta magna cubana exige que el ordenamiento jurídico reaccione contra la pretensión de ampararse en el Derecho para realizar actos ilícitos de forma impune.
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Cualquier derecho que sea utilizado con un fin ilícito, para ir en contra del orden constitucional, no tiene validez legal, pues la Constitución no puede amparar actos que se manifiesten contra ella, como se pretende con la marcha contrarrevolucionaria anunciada para el 15 de noviembre, enfatizó.
En el mundo, en sentido general, las legislaciones que establecen y reconocen expresamente el derecho de reunión y manifestación lo hacen depender de la licitud y del respeto al orden público, apuntó hoy Toledo en el programa Hacemos Cuba, de la televisión nacional.
Muchos países tienen leyes muy fuertes contra la alteración del orden público, dijo, y recordó que en España hay una gran discusión sobre la Ley de seguridad nacional que establece duras sanciones contra quienes incurren en actos ilícitos en las manifestaciones.
Con respecto a la notificación negada de la marcha por las Asambleas Municipales del Poder Popular cubanas, y ratificada por la Fiscalía General de la República, afirmó que la legislación de la isla privilegia una actuación preventiva contra la ocurrencia de hechos ilícitos.
Señaló que en este caso se busca la colaboración ciudadana para evitar la perpetración del delito, y la Fiscalía, al desautorizar la pretendida marcha, actuó en consonancia con ese principio.
El ordenamiento penal cubano refuerza el Estado de Derecho y la protección a los derechos humanos, apuntó Toledo.
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