Revolución

 

Esto no da para más, y me refiero a varias cosas a las cuales los uruguayos debemos poner punto final de una vez y para siempre.

Veamos algunas.

Creció la torta y tu porción es más chica

Las exportaciones de bienes crecerán en 2021 un 30% con respecto a 2020, totalizando cerca de 10.500 millones de dólares. En lo que va de este año crecieron 35%, pese a la pandemia. Como indica el informe de Uruguay XXI sobre el comercio exterior: “El aumento de las exportaciones de carne bovina, celulosa, madera, energía eléctrica, concentrado de bebidas y subproductos cárnicos, son los bienes con mayor incidencia positiva”. “También crecieron las exportaciones de cebada, grasas de lana, lanas y tejidos, ganado en pie y cueros”.

Sin embargo, los trabajadores del sector agroindustrial exportador han perdido salario real. ¿Qué les pasa a los «malla oro»? ¿Por qué no distribuyen ni siquiera un poquito de esa riqueza entre quienes la generaron? Luego se quejan de los paros… Si los de arriba ganaran un poquitito menos, los de abajo ganarían muchísimo más; pero hoy por hoy, los de arriba son cada vez más ricos y los de abajo cada vez más pobres.

Tras el paro en el puerto, la Federación Rural ha manifestado en un comunicado su preocupación por la “amplia andanada de conflictos sindicales”. En lugar de señalar al gobierno que sus políticas neoliberales están originando descontento y alarma en la clase trabajadora, la emprenden contra los sindicatos, como siempre. Aclara que es “respetuosa de las libertades sindicales”; pero es mentira, porque como ha señalado el Sunca, la Federación Rural “ha dado muestras sobradas que para esta el mejor sindicato es el que no existe”. El comunicado de la Federación Rural celebra la recuperación económica que llega de la mano del sector exportador y de la construcción y califica de irracionales y desproporcionadas las medidas adoptadas en el puerto.

El conductor de Santo y Seña, Ignacio Álvarez, se sumó al ataque contra los sindicatos usando la misma terminología. Para los poderosos es muy importante tener a favor a esta clase de operadores, para que defiendan sus intereses y descalifiquen a los representantes de los trabajadores, buscando mantenerlos divididos y débiles ante las patronales. También El País, que ante un conflicto siempre se pone al lado de los poderosos, dedicó ríos de tinta a calumniar a los trabajadores organizados.

Todos ellos tienen el poder suficiente como para inyectar en la mayoría de la gente la idea de que estas medidas se tomaron a la ligera, de manera irresponsable y por nada. ¿Cuántas personas se tomaron la molestia de oír la versión de los trabajadores?

Estos ataques están ligados a la propuesta de Alfredo Antía de pagar el 70% de lo que marcan los laudos y no pagar despidos. Para el presidente de la Cámara de Industrias, pagar sueldos altos limita el empleo.

Se quejan cuando el Estado asiste a los más débiles y dicen que “el trabajo dignifica”; pero rechazan el impuesto a las herencias y viven reclamando subsidios, exoneraciones y beneficios de toda clase para su sector. Son millonarios; pero quieren más y que ese incremento de sus fortunas venga de gastar menos en salarios. Su voracidad no tiene límites.

 

De marqueses, reyes y faraones

Da bronca. Da bronca que todos nosotros paguemos para que infinidad de jerarcas tengan un vehículo oficial, muchas veces con chofer. No me parece mal (por cuestiones de seguridad, entre otros argumentos válidos) que un ministro tenga estos beneficios; pero… ¿y los demás? ¿Para qué y por qué? Si salen por motivos laborales, estoy de acuerdo con que usen vehículos estatales; pero lo hacen para ir y venir del trabajo.

No hay dinero para la gente necesitada y recortan planes sociales; pero aumentan sus propios sueldos en plena crisis, como hizo Lacalle con el suyo y el de varios cargos de confianza.

¿Por qué al presidente tenemos que pagarle la comida y hasta la yerba, como surge de una factura oficial? ¿Y por qué debemos pagarle peluqueras, maquilladoras, manicuras y hasta el mantenimiento de sus perros? Y lo peor: ¿por qué no nos indignamos, al enterarnos de que se nos metía la mano en el bolsillo de esta manera, y copamos las avenidas para escrachar al presidente? La culpa no es del chancho…

Da bronca que nos tomen el pelo, como cuando en el mismo mes que eliminaron las partidas por concepto de gastos de prensa en el Parlamento, la derecha aprobó la “ley Gandini”, legalizando el robo del sobrante de viáticos tras las misiones oficiales. ¿Y cuántas de esas “misiones oficiales” eran imprescindibles para el país? No solo les pagamos los vuelos (generalmente en primera clase), sino muy buenos hoteles, restaurantes y gastos de representación. A veces es necesario; pero en muchas ocasiones se trata de eventos internacionales que no aportan nada. ¿Qué ganó Uruguay con la infinidad de viajes que hizo Luis Alberto Heber cuando era legislador?

Para colmo, el Tribunal de Cuentas de la República está pintado (nadie hace caso a sus observaciones) y la Jutep subordinada a intereses políticos partidarios.

Da bronca que el intendente de Lavalleja, Mario García, luego de estallar el escándalo, consulte a la Jutep por la compensación especial de $ 72.000 mensuales con que benefició a su hermano. ¿Qué dudas tienes, Mario? ¿Nos estás jodiendo? No esperes ningún informe; yo te respondo: ¡es inmoral! Igual de inmoral es el cargo que inventaste para él (coordinador de Juntas Locales) sacándolo de la categoría de peón. También lo es la compensación excepcional de $ 320.000, “por eficiencia”, más una compensación mensual de $ 40.000, que diste a Juan Carlos Rosales, director de Hacienda, y otros $ 320.000, a Laura Nahabetian, directora del área Jurídico Notarial, con una compensación mensual de $ 160.000.

En San José no se quedan atrás. En setiembre de 2020 la Junta Departamental le hizo un pequeño ajuste al sueldo del intendente y pasó de $ 298.000 nominales a $ 340.347, más $ 108.423 por “gastos de representación”. Más de $ 448.000 mensuales con ajustes semestrales por IPC; o sea que ahora cobra más ¡En San José, que tiene 105.000 habitantes! Este intendente cobra muchísimo más que Carolina Cosse, que gobierna sobre una población 13 veces mayor.

Donde hay blancos, hay curro. En la DGI, por citar el último caso conocido, se nombraron jerarcas a dedo, burlándose de la obligación legal de llamar a concurso, y les adjudicaron salarios de $ 170.000 y $ 210.000.

Da bronca que el presidente Luis Lacalle Pou sacara a un médico de la Udelar (blanco, claro está) para atender personalmente a su padre. Es legal; pero ¿por qué no se lo paga el mismo Luis Alberto Lacalle, que tiene dinero de sobra para cubrir este gasto, en lugar de hacer que se lo pague el pueblo? También es legal el dineral que cobran los presidentes cuando dejan el cargo y sus viudas; pero injusto con el resto de las mujeres y hombres de este país.

Da bronca que los gobernantes, frente a una crisis, hablen de apretarse el cinturón sin referirse jamás al propio.

Nunca hubo huelgas de parlamentarios porque ellos mismos se votan los sueldos y el pueblo ni protesta ni cree que pueda impedir el abuso. Pero podría, si quisiera, si tuviera conciencia cívica. El pueblo puede y debe controlar, exigir, proponer, impulsar, reformar o derogar leyes, como se procurará hacer ahora con 135 artículos de la LUC.

Hay que recortar el costo de la clase política. Tenemos demasiados políticos para tan poca población. No necesitamos dos cámaras en el Poder Legislativo. Tenemos que reformar la Constitución e ir hacia un sistema unicameral.

Todo esto es así porque el pueblo lo aprueba, no porque le guste o esté de acuerdo, sino porque es omiso y resignado. Me crispan los que disfrazan su cobardía con la sentencia de que “no se puede hacer nada”; me quedo con los valientes que aun cuando tengan todo para perder se enfrentan al sistema, que lo intentan en lugar de rendirse sin haber hecho lo suficiente.

Uruguay podría ser un ejemplo para todo el mundo y bastaría para ello que cambiáramos unas pocas cosas; pocas, pero importantes. No sé cuánto dinero ahorraríamos con estas medidas; pero con esos millones de dólares solucionaríamos en poco tiempo el déficit de viviendas.

Bueno sería que nuestras autoridades tuvieran la obligación de enviar a sus hijos a colegios y universidades públicas y asistirse ellos mismos en hospitales de Salud Pública, como hacía el exdiputado frenteamplista Leonardo Nicolini. Les aseguro que dejarían de decir que no hay dinero para incrementar el presupuesto de salud y educación. Seguramente, hallarían el modo de obtener recursos, aunque tuvieran que dejar de beneficiar a fundaciones amigas o evitar que un ministro compre aviones del mismo lote que otros compraron para chatarra.

Si a los legisladores, ministros y al propio presidente le dolieran las carencias en forma personal, todo cambiaría, sin importar que sean de izquierda o de derecha.

¿Qué tanto cambió la república los sistemas monárquicos, si nuestros ministros parecen marqueses? ¿Qué tanto abandonamos el sistema feudal si varios intendentes se manejan como señores feudales? Vean, si no, lo que sucede en Colonia, con Carlos Moreira, o en Artigas, con Pablo Caram, por citar solo un par de casos.

Hasta que no comprendamos que son nuestros empleados, esto no cambiará y costará mucho mantener al Estado.

 

Un negocio de multinivel

Muchos toman la política como un negocio; invierten en una campaña y si lo que el Estado les paga por cada voto obtenido no les da para recuperar lo invertido, logran un cargo y poder, y si no llegan al cargo para el cual se postulan, de seguro ligan una dirección, ministerio o embajada, aun cuando no sepan nada sobre lo que deben gestionar.

A cada partido se le pagan US$ 10 (18 unidades indexadas) por voto. En las elecciones de 2019 el Estado pagó US$ 23 millones. Edgardo Novick hizo un mal negocio, ya que solo obtuvo US$ 261.635. Peor fue lo de Juan Sartori, si consideramos el monto invertido y lo recuperado; pero llegó a senador. A Novick se acercaron muchas personas por su dinero; pero lo abandonaron por otro líder con más dinero (US$ 93.000.000), más pelo y menos edad.

Habría que crear un sistema donde el triunfo de un partido o candidato no dependa de la cifra invertida en publicidad; de lo contrario, la democracia será una farsa. Por otra parte, la información no es solo un derecho; es una obligación. También esto, de no entenderse, sepulta a la democracia, porque los ignorantes terminan laudando.

En este sistema, los cargos más importantes siempre se reparten entre los mismos personajes. Al parecer, un político está capacitado para cualquier función (canta, baila y zapatea al mismo tiempo) y siempre cae parado. Luis Alberto Heber (paradigma del político profesional) dejó el Senado, asumió como ministro en el MTOP primero y luego en el MI. En todos los casos hizo desastres; pero ahí sigue.

Estos demagogos compran sus votos prometiendo puentes donde no hay ríos, ofreciendo cargos a diestra y siniestra y a sabiendas de que le fallarán a la mayoría de sus votantes; pero no les importa.

Cuando llegan al poder hay dos prácticas que son prioritarias para ellos: por un lado, el nepotismo y, por otro, el soborno a medios de comunicación. Usando el dinero de los uruguayos, reparten fortunas entre los medios “leales” y se aseguran de que estos minimicen algunas cosas, magnifiquen otras, miren para otro lado, mientan o callen según su conveniencia. No hace falta que les indiquen cuál debe ser la contraprestación por la generosidad gubernamental. Al recibir el dinero, los medios y periodistas tienen claro a quién blindar y a quién carnear. Por eso no extraña la efusividad con que Sergio Puglia defiende a Germán Cardoso ni Ignacio Álvarez a Luis Lacalle Pou.

Si consideramos el sueldo promedio de los uruguayos, es una barbaridad lo que pagamos a nuestros representantes. Solo me podrían tapar la boca, hasta donde sé, Pepe Mujica y Óscar Andrade. Por los demás, no es culpa nuestra si una parte del sueldo va para el partido. Se les paga para que cumplan una función (legislar, por ejemplo), no para financiar partidos.

El presidente tendría que ganar 12 salarios mínimos, los ministros 10, los legisladores 8 y la Cámara de Senadores no debería existir.

Podemos cambiar todo esto. Cambiemos la Constitución de la República y tengamos la mejor Constitución del mundo.

¡Claro que es posible!