La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) anunció que iniciará dos juicios penales, uno contra el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, y otro contra el intendente de Maldonado, Enrique Antía. Luis Goichea, dirigente de AOEC, reconoció en diálogo con El Observador que se iniciaría la acción judicial penal y señaló: "Nuestro abogado ya nos presentó un informe". Además, el dirigente indicó que esto se encaminó durante el fin de semana, luego de que el senador e intendente nacionalistas realizaran declaraciones públicas en el encuentro de agrupaciones de la fuerza política que integran.
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Asimismo, el integrante de la directiva del sindicato expresó en M24 que "tildar de guerra a un sindicato es incitar al odio. Pasamos declaraciones de senador a nuestro abogado y estamos evaluando presentar denuncia por la gravedad de lo que dice. Nosotros nos expresamos y es nuestro derecho".
Por otro lado, se aclaró desde el sindicato que son dos juicios diferentes porque las afirmaciones de los dirigentes nacionalistas fueron referidas a situaciones diferentes. También indicaron que la oficialización de la decisión se realizará este miércoles, durante la reunión de los directivos de AOEC, la cual ya estaba programada para considerar el avance del conflicto.
Incitación a la violencia y desconocimiento
El senador Da Silva por su parte había expresado: "A ese sindicato lo que hay que hacer es declararle la guerra, la guerra moral, la guerra de la gente del trabajo, la de la gente que se esfuerza, porque no tienen autoridad ninguna de poner de rodillas a los tamberos que han sufrido la peor sequía de los últimos 100 años".
Además, Da Silva acusó que los productores de leche están "sacando créditos todos los días para que después vengan sindicalistas de pansa llena, que ganan sueldos de seis cifras, a parar una empresa solo porque un funcionario en lugar de estar trabajando en un mostrador tiene que trabajar en otro".
Por su parte, Goichea señaló: "Respetamos que no comparta los motivos del conflicto y que lo exprese, paro de ahí a incitar a la violencia en una sociedad en la que hay cosas que se prenden y nunca se sabe en dónde terminan". Por esta misma razón será el juicio en ese caso, por incitación al odio.
En el caso del intendente Antía, "es por una afirmación falsa, dijo una cosa que no es verdad, por un despido de un trabajador por una situación de dolo, es una de esas cuestiones que quedan en el imaginario y lo reproducen", explicó el dirigente de la gremial.
Por último, desde la gremial se señaló la preocupación por las declaraciones del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien había calificado las medidas de exageradas y de irracionalidad en el conflicto. Con Mieres se solicitó una reunión urgente, porque el Ministerio firmó un laudo que establece una cláusula de paz que la empresa no cumple, explicó el dirigente.
En la misma línea, el dirigente sindical defendió que se está trabajando bajo reglamento, las ocho horas correspondientes por Ley. Explicó que lo que no se trabaja son horas extras y que se realizó un paro de dos horas, por trabajador y asamblea. Pero señaló: "El trabajo reglamentado desnuda un problema de una empresa que fue generando una dependencia muy grande de las horas extra y de los trabajos en descanso y feriados".