La educación en general y los universitarios en particular, atraviesan un momento complejo. Después de la multitudinaria marcha del pasado jueves, varios de los gremios y sindicatos que se declararon en huelga evaluaron la continuidad de la medida este viernes. El primer sindicato en definir la paralización, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), propondrá a la Intergremial Universitaria continuar adelante con el conflicto con movilizaciones conjuntas, pero por el momento levantar la huelga. La resolución fue tomada en un Consejo Federal ampliado del que participaron 150 docentes de 22 centros universitarios.
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La reunión de la Intergremial Universitaria se desarrollará este sábado y evaluará la situación en función de las posturas que lleven ADUR, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Si bien el Senado no aprobó los recursos incrementales que la institución y sus gremios pretendían, finalmente le otorgó una partida incremental de 160 millones de pesos para nuevas carreras y horas docentes. Sólo para este último rubro, la Universidad de la República (Udelar) solicitaba más de 500 millones de pesos que permitirían atender el crecimiento de la matrícula estudiantil de los últimos años. Dicha partida se suma a los 120 millones de pesos para dos programas del Hospital de Clínicas que habían sido votados en Diputados y a los recursos previstos para recuperación salarial.
Por su parte, la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), también se reunió este viernes en asamblea y definió continuar con la huelga al menos hasta el martes, cuando habrá una nueva asamblea para definir cómo sigue el conflicto. El sindicato reafirmó que la medida se toma “contra la persecución antisindical” y “antigremial” y contra la reforma educativa que promueve la Administración Nacional de Educación Pública. Según señalan, se trata de “un ajuste presupuestal, pedagógico y de derechos”.
Sobre este último punto, ADES Montevideo aprobó una declaración que afirma que la reforma “no reconoce y violenta” derechos y que “es una forma de desarticular la educación pública”. Además, el sindicato sostiene que los docentes pierden horas de trabajo y “se cambian asignaturas por talleres sin una fundamentación epistemológica, pedagógica ni didáctica”, y se reclama que el título al que acceden es de profesores y no de talleristas.
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