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Sindicatos médicos exhortan al gobierno a que «cumplan las normas y convenios vigentes»

Trabajadoras y trabajadores de la salud redactaron un comunicado en el cual se declaran en estado de «alerta y gran preocupación». Solicitan que sus «justos reclamos» sean atendidos para evitar «una situación de conflicto no deseada por el cuerpo médico».

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La pasada jornada el Sindicato Medico del Uruguay (SMU), el Sindicato Anestésico Quirúrgico y la Federación Médica del Interior emitieron un comunicado en el se declaran en estado de «alerta y gran preocupación» debido a las «negociaciones colectivas que vienen llevando adelante nuestras gremiales en el sector público (ASSE), y considerando los lineamientos salariales del sector privado, previo al comienzo de la negociación colectiva del grupo 15».

En este marco, solicitan «una definición inmediata respecto al pago de la partida salarial variable asociada a cursos de capacitación y compromisos de gestión, que también fuera acordada en convenios colectivos». «Solicitamos la publicación inmediata del acta de ajuste de salarios que corresponde al correctivo que fuera establecido y acordado en el último convenio salarial de la salud privada; dado que los trabajadores no lo hemos visto reflejado en nuestros salarios y las instituciones de asistencia ya recibieron los recursos correspondientes», agrega el comunicado.

«Resaltamos el respeto y compromiso de todas las partes frente a los convenios colectivos ya firmados, dado que su incumplimiento es una infracción al derecho de negociación colectiva consagrado legalmente y al principio de buena fe que debe imperar en toda negociación. Los trabajadores médicos que con trabajo, responsabilidad, profesionalismo y exposición a los riesgos en momentos de pandemia ponemos todo nuestro esfuerzo y conocimientos en pos de una buena asistencia para la ciudadanía decimos: por la defensa de la calidad asistencial, no al recorte presupuestal para la salud, no a la pérdida de salario real».

Al finalizar el documento, realizan una exhortación al gobierno e instituciones de asistencia para que cumplan las normas y convenios vigentes, «así como atender el justo reclamo de los trabajadores, a fin de evitar una situación de conflicto no deseada por el cuerpo médico».

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