En una conferencia de prensa, los dirigentes de la COB anunciaron el inicio de movilizaciones y bloqueos de carreteras que serán determinados en un ampliado nacional de dirigentes convocado por el comité ejecutivo de la central. Luego de denunciar la ausencia de una política de salud eficiente, así como la inexistencia de planes de contención social ante la cuarentena dura, los dirigentes cobistas le dieron un ultimátum al Gobierno de Jeanine Áñez, planteando que debe convocar a elecciones y promulgar la ley que establece que las mismas deben realizarse el 6 de septiembre o, caso contrario, deberá enfrentar una verdadera convulsión social.
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Orlando Gutiérrez de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), fue aún más categórico al afirmar que Áñez, tiene dos caminos, “o se va por elecciones nacionales generales o se va por medio de la convulsión social”. Agregaron que los mineros no están jugando y que los trabajadores están obligados a tomar medidas ya que o mueren por el COVID-19 o mueren por hambre.
Estas declaraciones están expresando la enorme presión social que se siente desde abajo ante la velocidad de la crisis socio-sanitaria, que por un lado está poniendo al país al borde de una crisis sin precedentes al empezar a fallecer personas en las calles por falta de atención hospitalaria, y por otro lado una crisis económica que está provocando estragos entre trabajadores, campesinas y los sectores populares, con miles de despidos, bajas salariales y agravamiento en general de las condiciones de trabajo impuestas por los empresarios que quieren descargar los costos de la crisis económica sobre los hombros de las y los trabajadores y el pueblo.
Esta enorme presión social, donde el conjunto de las demandas son canalizadas hacia la ilusión de que las elecciones –y con ellas un eventual triunfo del MAS- podrían ser la solución a la grave crisis en marcha, contribuye a combinar el conjunto de demandas sociales, de salud y económicas en la exigencia de una inmediata salida electoral.
Por otro lado, la tensión política en marcha entre el Gobierno y el opositor MAS, pegó un salto en los últimos días luego de que la bancada parlamentaria del MAS aprobara la Ley que regula la intervención de las Fuerzas Armadas y de la policía ante eventuales estados de excepción.
La señalada norma establece, en forma explícita, que tanto los altos mandos como así también el personal subalterno de estas instituciones armadas, así como los civiles que participen en actos junto a estas fuerzas, son penalmente responsables de las eventuales violaciones a los derechos humanos que se produzcan durante un estado de excepción.
La conferencia de prensa de la COB, casi que fue respondida por parte del Gobierno con otra conferencia de prensa, encabezada por Murillo, ministro de Gobierno y Fernando López, ministro de Defensa, quiénes acompañados por miembros del alto mando de las FF.AA, atacaron al MAS, y anunciaron una acción de inconstitucionalidad de la ley por atentar contra las fuerzas armadas y la policía. La presencia de militares con ropa de fajina junto a los ministros adquirió los ribetes de un mensaje simbólico, reactualizando los rumores de un posible autogolpe de Estado ante la tendencia a agravarse la crisis política.
Bolivia y la crisis sanitaria
Por su parte el ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) alertó este lunes que ante el mal manejo de la Covid-19 por parte del gobierno de facto urgen elecciones ya. Por medio de su cuenta el Twitter, el líder indígena aseguró que las autoridades de esta nación suramericana dirigen a ciegas la pandemia.

‘Cambiaron a tres ministros de salud y abandonaron a las gobernaciones y alcaldías. Ahora se contradicen a cada paso. Por la salud del pueblo debemos tener elecciones’, expresó Morales quien se encuentra en condición de refugiado en Argentina. El gobierno encabezado por Jeanine Áñez -que llegó al Ejecutivo como parte de un golpe de Estado- luego de ser reconocido por los restantes poderes tenía como función convocar a nuevas elecciones en un lapso de tres meses.
Sin embargo, siete meses después de la asonada que tuvo lugar aquí en el contexto de denuncias de un supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2020, refutado por más de cinco estudios, fue anoche que admitió celebrar los nuevos comicios.
Áñez, además de presentar su candidatura para la presidencia del país, alegaba que no se debían realizar las elecciones por el incremento de casos de Covid-19. Lo cierto es que en esta nación desde el primer enfermo detectado con la contagiosa enfermedad, numerosas personas cuestionan el manejo de la pandemia.
Cuarentena total sin atención a las personas y familias más vulnerables, pocas pesquisas, escasas pruebas para detectar la enfermedad, falta de equipamiento de bioseguridad, de laboratorios, son algunas de las denuncias contra el gobierno.
Cambio de tres ministros de Salud, manifestaciones contra el gobierno y corrupción, que incluyen la compra millonaria y a sobreprecio de respiradores, son otros elementos que caracterizan la situación en Bolivia en tiempos de pandemia. A pesar de su justificación el país vive desde hace semanas una relajación de la cuarentena que se contradice con la justificación de la mandataria sobre evitar contagios.
Este domingo en la noche, la presidenta transitoria aseguró que promulgará la ley que define el 6 de septiembre para celebrar los comicios. A través de un mensaje al país, Áñez señaló que en contra de su voluntad, firmará la Ley 691, inscrita así en el Órgano Legislativo. ‘Con fecha fijada, corresponde, ahora, a los órganos del Estado garantizar elecciones limpias y transparentes, preservando la salud y el derecho a una participación sin persecuciones políticas’, expresó Evo Morales.
‘Que sea el pueblo el que defina democráticamente el destino de nuestra querida Bolivia’, añadió el líder indígena quien fue obligado a abandonar su puesto en el contexto del golpe de Estado del 10 de noviembre en su contra.