"Alarma pública": Madres y Familiares denunció censura de la INDDHH

Justificar el golpe de Estado

Según comunicó el colectivo, la censura fue decidida por el Consejo de la INDDHH el pasado 17 de septiembre con el único voto en contra del director Wilder Tyler. El argumento central para la restricción fue la supuesta "falta de miradas contrastantes" en el podcast, ya que, según el Consejo, faltan “voces de la derecha democrática”. La organización expresó su rechazo a esta postura, argumentando que “convalida la teoría de los dos demonios” al sugerir que el autoritarismo estatal fue una respuesta legítima frente a la acción guerrillera de la época. Para el colectivo, esta interpretación intenta justificar el golpe de Estado y el régimen dictatorial, e ignora el consenso académico construido hasta el momento sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto.

La Asociación subrayó el rol de los Sitios de Memoria como lugares de “recordatorio y reconocimiento de aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos”. Este tipo de sitios, afirman, son esenciales para “la recuperación, construcción y transmisión de memorias”, una función que debe operar de forma independiente a las autoridades de turno, dado su carácter de patrimonio histórico y social.

Peligro

Por otra parte, la Asociación resaltó que el podcast censurado está alineado con las funciones definidas en el Artículo 7 de la Ley N° 19641, que regula a los Sitios de Memoria. Esta normativa establece que estos espacios deben “propiciar la investigación (...) para contribuir a la educación y difusión” de información relevante sobre el período previo a la última dictadura. Ante este marco legal, el colectivo consideró que la decisión de la INDDHH "desconoce el corpus jurídico que lo instituyó”.

Familiares alertó sobre el peligro de establecer precedentes que amenacen los principios fundamentales de estos espacios. “Lo sucedido con el podcast debe activar una alarma pública”, advirtió la organización, y remarcó que no deben permitirse “mecanismos de control discursivo” por parte de agentes estatales, ya que eso “erosiona la autonomía consagrada de los sitios y la independencia necesaria en la construcción de memoria que un Estado de derecho ha de garantizar”.

Finalmente, el colectivo expresó su solidaridad con la Asociación de Funcionarios de la INDDHH y exhortó al Consejo Directivo a reconsiderar su decisión.