En el contexto de emergencia hídrica, declarada el 19 de junio, diferentes organizaciones e instituciones insisten en que debe haber mayor participación conjunta en la adopción de medidas, consideran que la emergencia fue decretada tardíamente y han propuesto otras alternativas a las adoptadas por el Gobierno. Una de las últimas medidas adoptadas fue la entrega de apoyo económico como equivalente a dos litros de agua embotellada diarios por persona, lo cual es entregado por el Ministerio del Desarrollo Social (Mides) y que el ministro Martín Lema defendió que es suficiente "para dar margen". La socióloga y ambientalista María Selva Ortiz dialogó con Caras y Caretas al respecto y explicó la postura de Redes Amigos de la Tierra, desde la integración de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.
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En este sentido, Ortiz destacó que uno de los puntos que debería ser prioridad es "asegurar a toda la población, y principalmente a los sectores más vulnerables, el acceso al agua potable". Sin embargo, aclaró que "esto no puede darse sólo a través del agua embotellada, tiene que haber otras formas, no solamente a través del mercado se puede solucionar esta emergencia sanitaria que estamos viviendo".
Además, desde la organización defienden que el acceso al agua "es un derecho humano fundamental" y que no se puede depender por tanto de la disponibilidad económica de cada uno para el acceso al recurso.
La dirigente consideró que deben haber otras alternativas y explicó que desde la organización Amigos de la Tierra se proponen dos medidas, que fueron propuestas en las únicas dos reuniones que hubo después de febrero de la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía.
Por un lado, plantean que "tiene que distribuirse en los barrios y las poblaciones de área metropolitana, agua en tanques cisternas para que la población pueda acceder a ella en forma gratuita y no a través del mercado". Vinculado a esto, explicó que la cantidad de agua que debería entregarse sería entre 4 o 5 litros de agua diarios por persona a fin de cubrir las necesidades que no pueden realizarse con el agua que actualmente suministra OSE.
Por otro lado, consideran que "el agua que se nos vende embotellada es agua de dominio público establecido por la Constitución y todas las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público", y entienden que "esas empresas no han tenido ninguna restricción a su lucro en toda esta crisis". Por lo cual, la segunda medida que proponen es que "se decrete que las empresas renuncian de lucro mientras dure esta crisis sanitaria y distribuyan el agua al costo o tarifar el agua embotellada, como está tarifada la leche que es un elemento de primera necesidad, dada la crisis que estamos enfrentando".
Por último, Ortíz manifestó: "Tenemos información de que en pocos días el agua que sale de nuestras canillas no va a ser bebible", aclarando que desde la organización consideran que ya no es bebible, y recordó que lo han advertido diversas facultades. Por lo tanto, advierten "hoy esta agua no podría estar siendo consumida por la población".