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Sociedad Álvarez |

Medidas cautelares

Álvarez no puede acercarse a víctima de violación en el Cordón

Ignacio Álvarez tiene prohibido el "acercamiento, relacionamiento y comunicación" con la víctima, su hermana y un testigo.

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El Tribunal de Apelaciones de Familia (TAF) de 2.º Turno impuso medidas cautelares para el periodista Ignacio Álvarez hacia la víctima de la violación de Cordón, así como también su hermana y una testigo.

El documento jurídico dictamina que se mantendrán las medidas de protección, “consistentes en la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación” con las personas mencionadas en un radio de 500 metros; inicialmente, se había dispuesto esta medida de forma provisional. Asimismo, el TAF no dispuso una “condena procesal especial”, reza el documento.

Álvarez es investigado por haber divulgado en su programa radial material íntimo de la violación grupal perpetrada en Cordón en febrero contra una mujer de 30 años.

En el marco de esta investigación, se suscitó una polémica respecto de un allanamiento a la radio en que Álvarez trabaja. También se pretendió incautar el celular del periodista y allanar su domicilio. Pero, luego de que Álvarez apelara por intermedio de su abogado defensor, Andrés Ojeda, la Fiscalía desistió de llevar adelante estos procedimientos porque se entendió que la finalidad probatoria que se perseguía se frustró y que se podía obtener evidencias sin poner en riesgo la libertad de expresión.

Ahora las medidas cautelares fueron impuestas debido a que el periodista intentó comunicarse con las tres personas.

Tras conocerse la información, Álvarez se expresó a través de su cuenta de Twitter e indicó que la medida rige desde febrero. “Como investigando el caso del Cordón le escribí UN MENSAJE a la hermana de la denunciante preguntándole si podía hablar, una jueza me pidió no contactarme más, cosa que tampoco pensaba hacer”, indicó.

“Pero seguiré informando todo lo que considere de interés”, complementó el conductor radial, que es acusado de haber violado artículo 92 de la ley N 19.580, referido a violencia hacia las mujeres basada en género, que señala que “el que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”.

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