Además de rebatir los motivos de la desvinculación, la defensa de Universal objeta el multimillonario cálculo del lucro cesante exigido por la profesional. La institución subraya que Miralles no mantenía un vínculo de dependencia laboral, sino que trabajaba como profesional independiente, por lo que no tenía garantizada una cantidad mínima de procedimientos quirúrgicos ni un flujo de ingresos fijos. En esa misma línea, los representantes legales de la mutualista plantearon una objeción central respecto a la viabilidad del reclamo económico hacia adelante, cuestionando cómo puede exigir una compensación por ingresos futuros perdidos cuando actualmente se encuentra inhabilitada para ejercer la medicina.
El conflicto ya atravesó una instancia previa en la audiencia de conciliación celebrada el pasado 10 de setiembre, donde las partes no lograron acercar posiciones. Tras el fracaso de esa negociación y el consiguiente archivo del expediente en la sede conciliatoria, el litigio quedó habilitado para avanzar mediante la presentación formal de la demanda ante el juzgado civil correspondiente.
Este frente judicial sale a la luz en uno de los momentos más críticos del denominado "caso Miralles", marcado por las derivaciones penales, administrativas y políticas de la muerte de la pediatra Soledad Barrera. Barrera falleció a los 41 años tras haber permanecido varios meses en estado vegetativo luego de una operación de vesícula realizada en 2023 en el Servicio Médico Integral, hecho por el cual Miralles fue condenada por homicidio culposo en diciembre de 2025. El pasado 10 de noviembre, el presidente Yamandú Orsi resolvió restablecer en cinco años la sanción de inhabilitación profesional para la anestesista, revirtiendo una resolución previa del Ministerio de Salud Pública (MSP) que había rebajado el castigo a tres años. Esa marcha atrás generó una crisis institucional que incluyó renuncias en la cartera sanitaria —entre ellas la del director de Jurídica y la de once integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública— y derivó en la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, impulsada por la oposición.