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Sociedad anestesista | Inés Miralles |

Daños y perjuicios

Anestesista Miralles demanda a la mutualista Universal por más de US$ 2 millones

La demandante sostiene que la mutualista prescindió de sus servicios basándose en simples rumores y acusaciones sobre un consumo que jamás fue comprobado.

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En medio de la fuerte controversia política y sanitaria desatada por la extensión de su inhabilitación profesional, la anestesista Inés Miralles lleva adelante una ofensiva judicial contra la Sociedad Médica Universal. Según informó originalmente el semanario Búsqueda a partir de un escrito presentado ante el Juzgado de Conciliación de 3.er Turno, la médica reclama una indemnización total de US$ 2.182.000 por daños y perjuicios. El origen del litigio se remonta a abril de 2024, momento en que la institución asistencial dejó de convocarla para integrar equipos quirúrgicos a raíz de sospechas sobre un presunto consumo personal y excesivo de fentanilo, un potente opioide utilizado habitualmente en anestesiología.

El desglose del reclamo económico presentado por Miralles contempla US$ 2.160.000 por concepto de lucro cesante, US$ 20.000 por daño moral y US$ 2.000 por daño emergente. En su presentación, la demandante sostiene que la mutualista prescindió de sus servicios basándose en simples rumores y acusaciones sobre un consumo problemático que jamás fue comprobado. Asimismo, argumenta que la divulgación pública de los documentos internos vinculados a esas sospechas dañó severamente su reputación profesional y obstaculizó sus posibilidades de continuar desempeñándose en otros centros de salud del país.

Universal rechaza la demanda

Por su parte, la Sociedad Médica Universal rechazó de plano los términos de la demanda y cuestionó la versión de la anestesista, asegurando que sus afirmaciones tergiversan y falsean la realidad. Desde la institución reconocieron que, si bien no se logró acreditar de forma fehaciente el consumo personal de la sustancia, existían serios cuestionamientos internos respecto al manejo de la medicación y reiteradas ausencias de Miralles de la sala de operaciones durante las intervenciones. Ante ese escenario, la mutualista resolvió dejar de requerir sus servicios alegando una "pérdida de confianza".

Además de rebatir los motivos de la desvinculación, la defensa de Universal objeta el multimillonario cálculo del lucro cesante exigido por la profesional. La institución subraya que Miralles no mantenía un vínculo de dependencia laboral, sino que trabajaba como profesional independiente, por lo que no tenía garantizada una cantidad mínima de procedimientos quirúrgicos ni un flujo de ingresos fijos. En esa misma línea, los representantes legales de la mutualista plantearon una objeción central respecto a la viabilidad del reclamo económico hacia adelante, cuestionando cómo puede exigir una compensación por ingresos futuros perdidos cuando actualmente se encuentra inhabilitada para ejercer la medicina.

El conflicto ya atravesó una instancia previa en la audiencia de conciliación celebrada el pasado 10 de setiembre, donde las partes no lograron acercar posiciones. Tras el fracaso de esa negociación y el consiguiente archivo del expediente en la sede conciliatoria, el litigio quedó habilitado para avanzar mediante la presentación formal de la demanda ante el juzgado civil correspondiente.

Este frente judicial sale a la luz en uno de los momentos más críticos del denominado "caso Miralles", marcado por las derivaciones penales, administrativas y políticas de la muerte de la pediatra Soledad Barrera. Barrera falleció a los 41 años tras haber permanecido varios meses en estado vegetativo luego de una operación de vesícula realizada en 2023 en el Servicio Médico Integral, hecho por el cual Miralles fue condenada por homicidio culposo en diciembre de 2025. El pasado 10 de noviembre, el presidente Yamandú Orsi resolvió restablecer en cinco años la sanción de inhabilitación profesional para la anestesista, revirtiendo una resolución previa del Ministerio de Salud Pública (MSP) que había rebajado el castigo a tres años. Esa marcha atrás generó una crisis institucional que incluyó renuncias en la cartera sanitaria —entre ellas la del director de Jurídica y la de once integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública— y derivó en la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, impulsada por la oposición.