El problema es que los delitos aumentan, la violencia se recrudece, pero la Unidad no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con sus cometidos. Las demoras en el acceso a la justicia, por ejemplo, llevan a que las víctimas o testigos se cansen de esperar y renuncien a la atención que necesitan.
¿Qué servicios ofrece actualmente la Unidad de Víctimas y Testigos?
En esta Unidad trabajan psicólogos y trabajadores sociales que tienen como cometido brindar una primera atención en crisis y el acompañamiento en todo el proceso penal a las víctimas y testigos de los delitos, debido al grado de afectación que generan estos hechos violentos. Posteriormente, a través de un gabinete coordinador de políticas de atención y protección a víctimas, se activan los recursos y las prestaciones que las víctimas o testigos requieren, según las afectaciones de cada persona y en el marco de los convenios que existen con todos los organismos del Estado. Algunos casos requieren atención en salud mental, salud integral, solución habitacional, prestaciones sociales del BPS, etcétera. Pero el eje fundamental del trabajo de la Unidad, que va más allá de lo asistencial, es el acompañamiento psicosocial a las víctimas que participan de algún proceso penal. Por eso la Unidad tiene que estar dentro de la Fiscalía, porque los funcionarios son de la Fiscalía y tienen que trabajar con el equipo de fiscales en el marco de la investigación y tener el mismo mandato de objetividad, imparcialidad y reserva de la información que manejan. Acompañar en el proceso penal significa asesorar sobre todas las etapas y acompañar psicosocial y emocionalmente a las víctimas durante las diferentes instancias de su pasaje por el sistema de Justicia, como, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la toma de las declaraciones y la protección para que la víctima pueda sostener el proceso penal.
Sobre el trabajo de la Unidad, es importante destacar tres aspectos: atender y proteger a las víctimas es un mandato que nos da la normativa, no es una tarea únicamente asistencial, sino que se enmarca en el sistema de justicia para reparar y compensar las inequidades que acentúan los delitos y garantizar su acceso a la justicia. Por último, ya existe en todos los países que tienen sistemas acusatorios en los ministerios públicos y fiscalías. No es un invento uruguayo, todos los ministerios públicos y unidades de fiscalía tienen unidades que trabajan con las víctimas y los testigos de los delitos. Es una tarea fundamental, ya que, por tratarse de un sistema oral y público, donde las víctimas y testigos tienen el derecho a declarar, es muy difícil que puedan llegar a un juicio, que a veces demora dos años de investigación, y que puedan hacer una declaración de calidad, sin contención socioemocional. Para eso es necesario estar tranquilo, saber dónde vas a ir, quién va a estar, etcétera. La experiencia de estos años ha mostrado que ese acompañamiento permite que las personas accedan al servicio de Justicia.
¿Cuál es la situación actual con respecto a los porcentajes de atención por tipo de delito?
Atendemos a aproximadamente unas 3500 víctimas nuevas por año. Probablemente la cobertura aumentó porque aumentaron los técnicos. Anteriormente teníamos unos 30 técnicos y recientemente entraron 14 más. En realidad, teníamos una mayor demanda de lo que podíamos atender. Además, hacemos el seguimiento de unas 3000 víctimas que van quedando de años anteriores, de procesos que están en investigación. De ese total, casi un 55 por ciento son víctimas y testigos de delitos sexuales. Por otro lado, viene en aumento la atención a testigos de delitos de homicidio y de estupefacientes, que representan un 10 %, exclusivamente de personas que tienen el estatuto de testigo y que requieren el acompañamiento socioemocional para su participación en el proceso penal. Eso implica el mismo trabajo que con las víctimas.
¿Qué mecanismos de protección se les ofrece?
Existen programas de medidas especiales de protección a testigos o testigos protegidos, en el que se trabaja con todo su entorno. La medida más extrema es la relocalización en otras zonas del país, proceso que se hace en conjunto con los ministerios del Interior, Vivienda y Desarrollo, así como con oficiales policiales, que permite también activar los recursos para que esas personas se trasladen a otro lugar. Desde el 2017 a la fecha, hay unas 90 familias que han sido relocalizadas por protección. Este programa requiere refuerzos a la hora de pensar en los procesos contra el narcotráfico y los homicidios.
¿Los recursos que recibe la Unidad son suficientes para cumplir los cometidos?
La Unidad de Víctimas, como parte de la Fiscalía General de la Nación, tiene escasos recursos. No tiene un presupuesto específico y ha recibido muy poco. Los gastos que tenemos son del presupuesto general de la Fiscalía. Toda la parte de protección de testigos y de programas especiales para las víctimas de delitos sexuales se deberían fortalecer, y para esto se necesitan recursos. Esto implica, para la Fiscalía, no solo para la Unidad de Víctimas, sino para política de atención y protección a víctimas –que es un mandato– y responsabilidad institucional, aumentar los lugares de toma de denuncia, para eso necesita personal y espacios. A medida que el Código fue avanzando, la Fiscalía requiere un fortalecimiento de los recursos, porque la demanda que tiene de brindar respuestas es cada vez mayor. No es solo un tema de números, sino de complejidad de las situaciones a las que tiene que dar respuesta. Las investigaciones también son cada vez más complejas e implican un grado mayor de daños. Porque cuando hay más violencia, hay que trabajar más con estas víctimas y testigos para que puedan declarar y acceder a la justicia.
Desde los feminismos se viene reclamando formación y capacitación a operadores jurídicos en materia de género. ¿Está de acuerdo con este planteo?
La formación a los operadores del sistema de Justicia se viene dando desde hace muchos años. No creo que sea solo un tema de formación, ya que podés tener equipos fiscales muy formados, pero si tienen una bandeja de entrada de 1500 casos y son pocos en el equipo, hay un retraso que afecta el acceso a la justicia porque se demora en la investigación y las víctimas desisten. La capacitación es un componente en un sistema que tiene que tener refuerzos de distinta naturaleza que ayuden a mejorar la respuesta. Además, insisto, por ejemplo, tanto en el Poder Judicial como en el centro de formación de la Fiscalía, la formación en materia de género está presente.
El reclamo del colectivo feminista también tiene que ver con declaraciones públicas de algunos fiscales que, según entienden, han evidenciado falta de conocimiento en la temática. Por ejemplo, hace poco una fiscal responsabilizó a una madre ante el homicidio de un niño en El Pinar.
La formación no basta para el tratamiento de algunos temas porque también entra en juego la forma en que cada persona entiende el mundo. Si bien en estos temas existe numerosa bibliografía y evidencia, la formación no es lo único. De todos modos, es un componente más que sin duda la Fiscalía tiene que seguir reforzando, en eso estamos totalmente de acuerdo.
¿Cómo evalúa los cambios en la investigación de femicidios? Me refiero al pasaje de la órbita de las fiscalías de violencia doméstica a las fiscalías de homicidios.
Es una decisión que ha tomado la fiscal de Corte y entiendo que si la tomó es porque va a mejorar la respuesta. Hay que entender que este cambio es solo en Montevideo, porque en el interior las fiscalías son multimateria e investigan todo. Muchas veces se tiene un prejuicio y una mirada restringida al pensar que los femicidios son sólo femicidios íntimos, es decir, que se dan en el marco de la pareja o expareja, por lo cual deben ser investigados por las fiscalías de violencia doméstica. Pero los femicidios tienen múltiples contextos, algunos se dan en el marco del crimen organizado u otros contextos no asociados a la violencia doméstica. Uno de los argumentos del cambio es mejorar la celeridad en la investigación. Los fiscales que tienen mayor experticia en la escena del hecho de un homicidio son los fiscales de homicidio que en Montevideo, además, se ha reforzado con equipos especiales del Ministerio del Interior. En lo que tiene que ver con la mirada de género, para poder advertir aquellos indicios que hacen pensar en un femicidio, existe una guía de investigación y litigación de femicidios, dirigida a los equipos fiscales, que se alinea con el protocolo latinoamericano que la Fiscalía de Uruguay adaptó y publicó en 2021, así como la formación en género para todos los fiscales que se seguirá intensificando. También es preciso recordar que, en Uruguay, como en otros países, no tenemos el delito de femicidio, tenemos el agravante.
En un contexto de aumento de denuncias por violencia basada en género, ¿cómo evalúa el camino posterior a la denuncia y qué desafíos tiene la unidad en ese sentido?
Dentro de todas las manifestaciones de la violencia es preciso separar, por un lado, lo que es violencia doméstica, y, por otro, los delitos sexuales, ya que tienen complejidades diferentes. Si bien hemos avanzado en forma diferencial, todavía quedan desafíos enormes. Creo que cuando se hacen denuncias de violencia doméstica, además, hay que tener claro que muchas van a la Justicia de Familia especializada y otras vienen a la Justicia Penal. En términos generales, sería interesante que los sistemas de respuesta y el acompañamiento a las mujeres permitieran tener elementos para llegar mucho antes de lo que se llega, ya que cuando pasan a la órbita penal es porque hay situaciones que son crónicas y ya existe el daño.
En lo que tiene que ver estrictamente con el sistema penal, uno de los desafíos es trabajar para mejorar la demora que muchas veces se da en las investigaciones, ahí hay que trabajar en términos de los recursos de Fiscalía. Por otro lado, es necesario mejorar todo lo que tiene que ver con el acompañamiento psicosocial. Por más que la Unidad hace una atención en crisis, el acompañamiento en el proceso penal, la denuncia y el proceso de judicialización requiere de las actuaciones de organismos y especialidades complementarias para que la situación de violencia termine. Y el proceso de trabajo que se lleva a cabo en una mujer y en un hombre condenado por un delito de esta naturaleza, implica un trabajo psicosocial con ambas partes y con el entorno, porque en el 50 % de los casos de denuncia por violencia basada en género hay niñas y niños involucrados. Entonces, creo que entre los mayores desafíos está el reparar el daño que se generó a nivel psicoemocional en el entorno, la detección temprana y mejorar los tiempos para el acceso a la justicia. Todo esto, complementado con la necesidad de continuar con los procesos de formación y con la articulación interinstitucional, ya que cuando interviene la Fiscalía se requieren respuestas integrales y de trabajo conjunto con la policía, con los servicios del Inmujeres, las Comunas Mujer, etcétera.
Se ha observado, por parte del actual Gobierno, cierta predisposición a cuestionar o desprestigiar la labor de la Fiscalía y de ciertos fiscales. ¿Esta situación puede afectar la labor de la Unidad de Atención a las Víctimas?
El contexto político que se dé en cada momento histórico de la Fiscalía siempre es un factor a tener en cuenta en el análisis, pero en el trabajo concreto y en la tarea no nos debería distraer, porque el trabajo que hacemos es un trabajo técnico e imparcial. Nosotros tenemos que seguir trabajando porque a la gente le siguen pasando cosas y hay que darles una respuesta. Nosotros siempre vamos a responder con argumentos que son técnicos en base, por ejemplo, a cómo se tiene que atender y proteger a las víctimas de estos delitos. Los fiscales son quienes llevarán adelante la investigación en el marco de la imparcialidad que tienen que tener en todas las investigaciones.
¿La ciudadanía puede contribuir de alguna forma con la labor de la Unidad?
Creo que la labor es seguir generando un vínculo de confianza en el sistema de Justicia y buscar los caminos necesarios para las situaciones en que las personas tienen que ejercer su derecho al acceso a la justicia. En el caso de la violencia basada en género, me parece que es muy importante conocer e informar sobre el rol de todos los servicios de respuesta en cada localidad, incluido el de la Unidad, brindar contactos, contar a otras personas que la Fiscalía es un canal donde pueden ir a denunciar, que existen mecanismos de protección para las víctimas que denuncian. Todo eso tiene que ver con la cultura jurídica de la ciudadanía: conocer los derechos y la forma de acceder a ellos.
