Delitos sexuales en Uruguay y el colapso de las fiscalías

Cada fiscalía cuenta con un fiscal, un adscripto y personal administrativo, pero cuando se trata de megacausas con múltiples derivaciones y gran repercusión mediática, la capacidad del sistema se ve desbordada. En tales casos, el Fiscal de Corte se ve obligado a designar adscriptos adicionales, lo que a menudo resulta en la paralización de otros casos que no se consideran prioritarios.

Un ejemplo claro de la desesperante espera de las víctimas se encuentra en el juzgado de sexto turno de Delitos Sexuales, encargado del caso del exsenador Gustavo Penadés. Este juzgado acumula más de 1.000 carpetas sin tocar en un año, muchas de las cuales se consideran "casos fríos" que permanecen en espera hasta que surjan nuevas evidencias o testigos. Las víctimas, en su desesperación, llaman periódicamente en busca de respuestas, pero las noticias raramente son alentadoras.

La propuesta de detener la rutina judicial para revisar y depurar cada expediente, aunque lógica, amenaza con crear un embudo aún mayor y perjudicar a nuevos casos urgentes que requieren pericias rápidas. Esta compleja situación subraya la urgente necesidad de reformar y fortalecer el sistema judicial en casos de delitos sexuales.

A diferencia de otros delitos, los acusados por delitos sexuales rara vez llegan a un acuerdo. En el 90% de los casos, se llevan a juicio, lo que complica aún más los procesos judiciales. La fiscalía de Delitos Sexuales se ve obligada a preparar más juicios que el promedio, y tiene solo un año para hacerlo después de la formalización del imputado.

Los datos revelan que el 97% de los condenados por delitos sexuales en Uruguay son hombres, principalmente en el rango de 36 a 45 años, seguidos por aquellos de 26 a 35 años y mayores de 55 años. Los estudios realizados en las últimas dos décadas subrayan que más del 80% de las víctimas son mujeres, y casi el 60% son menores de edad. Los abusos ocurren en su gran mayoría en el ámbito intrafamiliar, perpetrados por padres, padrastros, tíos o abuelos.

Una característica preocupante es que la mayoría de los abusadores niegan los hechos, incluso cuando existen pruebas abrumadoras en su contra. Los operadores de la justicia destacan la dificultad de encontrar patologías comunes entre ellos, lo que complica aún más el proceso judicial y contribuye a la perpetuación del sufrimiento de las víctimas, especialmente cuando se trata de niños.

El colapso de las fiscalías especializadas en delitos sexuales en Uruguay y la abrumadora cantidad de denuncias evidencian la urgente necesidad de reformar y fortalecer el sistema judicial. Es crucial brindar un apoyo adecuado a las víctimas, acelerar los procesos judiciales y encontrar formas efectivas de abordar la negación por parte de los abusadores. Solo así se podrá avanzar hacia un Uruguay en el que las víctimas de delitos sexuales puedan encontrar la justicia y el apoyo que necesitan para sanar y reconstruir sus vidas.