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Sociedad timbres | problemas | Caja de  Profesionales

Discrepancias

El Ejecutivo rechazó subir timbres para financiar la Caja de Profesionales

El Ejecutivo rechazó subir timbres y afiliar dependientes; propone alternativas para financiar la Caja de Profesionales sin aumentar cargas indirectas.

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El trabajo de la comisión de expertos creada por ley para reestructurar la Caja de Profesionales Universitarios llegó a su fin con diferencias sustantivas entre sus integrantes. Los delegados del Poder Ejecutivo —representantes de Trabajo, Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto— dejaron constancia de su oposición a dos medidas consideradas centrales por el Directorio del organismo, el aumento del precio de los timbres profesionales y la incorporación obligatoria de todos los profesionales en relación de dependencia.

Ambas propuestas son vistas por la conducción de la Caja como herramientas fundamentales para incrementar los ingresos y asegurar la viabilidad económica de la institución. Actualmente, cerca del 30% de los recursos proviene de ingresos indirectos establecidos en el artículo 71 de la ley 17.738, compuestos mayormente por paratributos vinculados a actuaciones profesionales.

Dentro de ese esquema, siete de cada diez pesos corresponden a timbres de valor fijo que gravan documentos, recetas, análisis y otros actos profesionales. Diversos colectivos que comparecieron ante la comisión respaldaron la necesidad de actualizar estos valores, en línea con la postura del Directorio.

Problemas de eficiencia y equidad

Sin embargo, el Poder Ejecutivo cuestionó esta modalidad de financiamiento por considerar que presenta problemas de eficiencia y equidad. En particular, señaló su carácter regresivo, ya que los montos fijos impactan proporcionalmente más en los hogares de menores ingresos. Aunque existen exoneraciones —por ejemplo, para usuarios de ASSE—, el Ejecutivo entiende que no compensan completamente este efecto.

Además, advirtió que estos gravámenes generan distorsiones en los precios relativos al afectar únicamente determinados servicios, lo que implica pérdidas de eficiencia económica. También subrayó la existencia de niveles elevados de evasión, favorecidos por la dispersión de los tributos y de los sujetos obligados.

Otro punto de preocupación es el peso de los servicios de salud en la recaudación. Según el Ejecutivo, esto implica trasladar costos a prestaciones con baja elasticidad de demanda, afectando especialmente a poblaciones vulnerables. Se mencionó en particular el gravamen del 2% sobre medicamentos en su fase de comercialización, lo que encarece su acceso.

Asimismo, se identificaron impactos en otros sectores, como la construcción. El literal E del mismo artículo establece un gravamen sobre la mano de obra que puede alcanzar el 4% de su costo, lo que, según los delegados oficiales, puede incentivar la informalidad en un rubro ya expuesto a ese problema.

Aumento de los timbres

Desde la Caja se argumenta que el aumento de los timbres permitiría compensar el desfasaje acumulado entre el Índice Medio de Salarios y el Índice de Precios al Consumo entre 2004 y 2025, estimado en 38.285 millones de pesos a valores constantes. También se plantea ampliar su aplicación a actividades actualmente no alcanzadas.

El Ejecutivo, no obstante, considera que incrementar este tipo de recaudación no es deseable y que implicaría trasladar mayores costos a la sociedad sin que exista, por el momento, una necesidad impostergable. En caso de requerirse un refuerzo financiero, propone como alternativa un aumento de la asistencia desde rentas generales.

Según sostienen, esta opción resultaría más transparente y evitaría los problemas asociados a los recursos indirectos, cerrando así su posición dentro del informe final de la comisión.