El Parlamento analiza un documento que propone un marco regulatorio con enfoque en derechos humanos, transparencia y control ciudadano sobre las grandes plataformas digitales. La iniciativa cuenta con apoyo de la UNESCO y podría convertirse en modelo regional; busca equilibrar la influencia de las corporaciones tecnológicas con la protección de los valores democráticos y los derechos de los usuarios.
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Uruguay da el primer paso hacia una regulación democrática de las plataformas digitales
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Uruguay inició un debate inédito en la región sobre cómo regular democráticamente el poder de las grandes plataformas digitales. El documento titulado “Fundamentos para una Regulación Democrática de las Principales Plataformas Digitales en Uruguay” fue presentado ante el Parlamento por Observacom y Datysoc, con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO.
“No se trata de frenar la innovación ni de limitar la libre empresa, sino de establecer límites democráticos al poder corporativo”, sostienen los impulsores del proyecto.
Modelo de gobernanza con sello uruguayo
El texto propone un conjunto de principios rectores que servirían como base para futuras leyes nacionales en materia de gobernanza digital. Entre los puntos más destacados se incluyen el control democrático de la moderación de contenidos, para garantizar que las plataformas no actúen de forma arbitraria al eliminar publicaciones o cuentas; la transparencia algorítmica y rendición de cuentas, obligando a las empresas a publicar sus políticas de moderación y los criterios que guían sus decisiones automatizadas; el derecho al debido proceso, con mecanismos de apelación para los usuarios ante sanciones o bloqueos; el acceso nacional a la justicia, que permitiría litigar dentro de Uruguay sin depender de tribunales extranjeros.
También propone la regulación asimétrica, que impone obligaciones proporcionales según el tamaño, el impacto social y el poder de mercado de cada plataforma; pretende la creación de un organismo regulador independiente, con facultades para fiscalizar y aplicar sanciones y la cooperación regional latinoamericana, para armonizar estándares y fortalecer la supervisión conjunta.
Quince recomendaciones clave
El proyecto fue resultado de un proceso de consulta desarrollado entre julio y septiembre de 2025, que incluyó cuatro mesas redondas temáticas y más de 120 aportes de la sociedad civil. Legisladores, periodistas, académicos, organismos públicos, empresas tecnológicas y organizaciones de derechos digitales participaron en la redacción de quince recomendaciones clave.
El enfoque participativo fue uno de los aspectos más valorados del proceso. Según los organizadores, el objetivo fue “construir un consenso nacional que refleje el compromiso de Uruguay con la gobernanza abierta, participativa y basada en derechos”. En un momento en que los gobiernos de todo el mundo discuten cómo regular a las grandes tecnológicas —desde la Ley de Servicios Digitales europea hasta las iniciativas de inteligencia artificial en Estados Unidos y China—, Uruguay apuesta por un modelo propio, democrático y regionalmente articulado. La propuesta también contempla la regulación de los juegos de azar digitales y de los servicios de contenido que operan sin sede local, un área que ha crecido aceleradamente durante los últimos años.
Desde UNESCO destacaron el papel de Uruguay como referente en derechos digitales y libertad de expresión, y subrayaron que este marco podría convertirse en una guía para América Latina en la búsqueda de una “gobernanza digital justa y transparente”.
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