Paraguay y Bolivia se abrazan a la agenda militar y económica de EEUU en la región

El flamante convenio de cooperación militar conocido como Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas (SOFA), fue firmado el pasado lunes 15 por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller paraguayo, Rubén Lezcano.

Bajo la supuesta intención de combatir el “terrorismo transnacional y el narcotráfico”, el acuerdo de 14 puntos que fue firmado sin pasar por el Congreso paraguayo es nuevo capítulo regional de la remilitarización continental impulsada por Washington explicitada en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional del segundo gobierno de Donald Trump.

El acuerdo facilitado por Santiago Peña permite el despliegue de tropas del Pentágono y otorga un marco legal para sus operaciones. Al mismo tiempo, establece un régimen de inmunidad para el personal militar estadounidense, similar al que rige para su personal diplomático.

Según informó el Departamento de Estado, liderado por Rubio, el convenio también prevé el entrenamiento de las fuerzas de seguridad paraguayas por parte de Washington, la incorporación de personal del Departamento de Seguridad Nacional a la embajada estadounidense en Asunción, además de un amplio intercambio de información entre ambos países. De esta manera, Paraguay se compromete a aportar información estratégica a EEUU y a liderar operativos contra las organizaciones consideradas terroristas y los cárteles del narcotráfico.

El abogado y analista político paraguayo Leonardo Gómez, en diálogo con Brasil de Fato analizó que el “alineamiento de Paraguay con Washington tiene varios componentes económicos, militares y políticos” y, en ese sentido, la firma del nuevo acuerdo entre la administración Trump y el gobierno de Peña, representa una profundización de la relación de dependencia de Paraguay con EEUU, consolidada en los últimos años tanto en cooperación militar como económica.

Los intereses militaristas y estratégicos de EEUU en Paraguay

Gómez explicó que, aunque el intercambio militar entre ambos países no es novedoso (ya trabajan militares en la hidrovía y existen elementos de la CIA en el norte paraguayo desde los 90’) lo que cambia ahora es la “discrecionalidad” con la que EEUU puede actuar en territorio paraguayo. La firma del acuerdo permite que “literalmente la institucionalidad paraguaya no pueda intervenir en operaciones provenientes de Estados Unidos ni de sus contratistas en cuestiones de seguridad”, lo que significa que la concepción de seguridad estadounidense se extiende ahora de una manera mucho más discrecional y sin reconocer la jurisdicción paraguaya.

“Paraguay es considerado un aliado estratégico para Estados Unidos. Un aliado al 100 %”, llegó a decir Donald Trump en una carta recientemente enviada al presidente Peña. Con este acuerdo Paraguay se convierte en un “actor funcional dentro de la nueva estrategia de seguridad estadounidense”, advirtió Gómez.

Históricamente, EEUU ha pretendido instalar una base militar en la Triple Frontera y “el contexto actual parece propicio para avanzar” en ese plan, con el gobierno de Javier Milei en Argentina, totalmente subordinado a Washington, remarcó el analista. Sin embargo, la instalación de una base militar en la Triple Frontera genera “tensión” con Brasil, el único país que se niega a promoverla.

Por otra parte, el nuevo acuerdo implica un mayor control de EEUU sobre la cadena de suministro de la hidrovía Paraguay-Paraná, que podría impactar a empresas de otros países bajo la celosa mirada de los intereses estadounidenses.

“Grandes volúmenes de soja y otros commodities que se dirigen hacia Asia pasan por la hidrovía y podrían ser objeto de presiones por parte de fuerzas que operen en la región o en Paraguay”, explicó Gómez. Estas empresas “transportan productos desde Mato Grosso y posteriormente salen por el río Uruguay”, señaló.

Nuevo gobierno de Bolivia abre las puertas a la agenda de Trump

Apenas asumió Rodrigo Paz como nuevo presidente de Bolivia, las relaciones del país andino con EEUU volvieron a estrecharse con nuevos acuerdos enfocados en la apertura a la inversión privada y a una mayor cooperación en seguridad.

Sobre el primer punto, la agencia gubernamental de EEUU, Corporación del Desafío del Milenio (MCC) “seleccionó” a Bolivia, para ser beneficiaria de un programa de donación, impulsando que este país implemente reformas de políticas públicas e institucionales. Según un reciente comunicado de la Embajada de EEUU, se seleccionó a Bolivia debido a la nueva orientación económica y política del país y de su interés en fortalecer su clima de inversiones. “El apoyo de la MCC puede contribuir a impulsar mejoras en políticas públicas e instituciones que fomenten un crecimiento liderado por el sector privado”, dice el texto.

“Esperamos seguir consolidando una sólida presencia en el Hemisferio Occidental para alcanzar nuestros objetivos compartidos y generar resultados concretos para el pueblo estadounidense, así como para los pueblos de Ecuador, Bolivia y Guatemala”, señaló el Vicesecretario de Estado, Christopher Landau, quien también es parte del directorio de la MCC; agencia independiente del Gobierno de EEUU, enfocada en promover los intereses económicos y estratégicos de ese país mediante la cooperación internacional y el impulso de reformas estratégicas.

EEUUyBolivia

Rubio celebra la motosierra de Paz

En ese sentido, los cambios estructurales en la economía boliviana no demoraron en llegar y la central de trabajadores se puso en pie de guerra -con una huelga general indefinida- contra el gobierno derechista de Paz, que recortó subsidios y desató una inflación brutal: diésel +83 %, luz +50 %, comida +100 %, buses +163 %.

Al respecto, el Gobierno de EEUU aplaudió el jueves pasado las reformas anunciadas por el presidente boliviano, Rodrigo Paz, para “estabilizar” la economía y también su compromiso hacia una mayor apertura a la inversión extranjera. “EEUU acoge con beneplácito el anuncio realizado hoy por el presidente Rodrigo Paz sobre un importante paquete de reformas económicas destinadas a restablecer la estabilidad, la prosperidad y la inversión en Bolivia tras décadas de políticas fallidas”, expresó el secretario de Estado.

Rubio reconoció que, aunque el “camino por delante no será fácil”, estas medidas “son un cambio de rumbo necesario que sienta las bases para un futuro más próspero y seguro para todos los bolivianos”, después de “años de estancamiento económico, corrupción y mala gestión”.

“Estados Unidos colaborará con el Gobierno de Bolivia para garantizar que estas reformas reporten beneficios al pueblo boliviano en el menor tiempo posible”, indicó Rubio sobre las medidas impulsadas por Paz, que incluyen el retiro de la subvención de los combustibles y aumento de casi todas las tarifas públicas.

La DEA ya volvió a Bolivia, pero sin autorización

El secretario de Estado también aplaudió el compromiso del presidente boliviano para atraer inversión extranjera y “liberar todo el potencial de Bolivia”. De hecho, reconoció que “funcionarios del Gobierno de EEUU ya se encuentran en Bolivia”.

En efecto, un grupo de productores de coca de la región de Los Yungas (centro oeste de Bolivia, departamento de La Paz) denunciaron que la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA) inició operaciones en Bolivia sin autorización legal, a pesar de que la Constitución de ese país prohíbe la presencia de tropas extranjeras armadas.

Según consignó Telesur, el productor Omar Ramírez alertó que estos abusos afectan a un sector campesino cuya producción de coca es totalmente legal y constitucional para fines lícitos. “Antes, en épocas neoliberales, se arremetía contra el movimiento cocalero; claro, en ese entonces la coca no estaba constitucionalizada. Hoy, el comercio es totalmente legal”, afirmó el campesino.

El eventual retorno de la DEA, anunciado como parte de la nueva etapa en las relaciones bilaterales de Bolivia y EEUU desde la llegada de Paz al poder, es un tema aún no resuelto y está sujeto a un proceso de coordinación complejo.

El proceso para el retorno de la agencia antidrogas de EEUU enfrenta retrasos debido a formalidades pendientes y a una discusión sobre el marco de su futura actuación en el país, informó el viceministro de Defensa Social y Lucha contra el Narcotráfico, Ernesto Justiniano. El jerarca confirmó que, si bien ya hubo un primer contacto, las negociaciones tomarán más tiempo del inicialmente previsto.

“Ya hemos tenido un primer encuentro virtual y en las próximas semanas tendremos probablemente un encuentro presencial. Eso va a tomar más tiempo de lo que hoy quisiéramos porque hay formalidades que se tienen que cumplir”, declaró Justiniano. El viceministro detalló que el diálogo no se limita a la DEA e incluye a otras agencias de cooperación internacional como Naciones Unidas para reforzar la erradicación de cultivos ilícitos, con lo que se marca una estrategia de cooperación multilateral. “No solo pensamos que Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas son importantes”, agregó la autoridad boliviana.

En tal contexto, el viceministro de Defensa amplió el panorama de la cooperación antinarcóticos y señaló que el Gobierno del presidente Paz busca también establecer contactos con agencias especializadas de países vecinos como Brasil y Chile. Justiniano enfatizó en un enfoque integral que trasciende la relación bilateral con EEUU y también busca mecanismos regionales de coordinación.