Experimentos empresariales en la educación

Casi sin parpadear, con mirada seria, ceños fruncidos, como observando lontananza para transmitir cierta idea de futuro, las autoridades de la educación hablan de la transformación educativa y aseguran -sin pudor- que la reforma será la responsable de lograr cuatro o cinco futuros venturosos. Hablan y entre toses y carrasperas, justifican recortes presupuestales históricos, reivindican y justifican que no hay más remedio que cercenar el arte, la música y todo lo que no sea funcional a las necesidades -urgencias- del mercado y los valores de la bolsa o la vida. Todo esto pensando en las posibilidades de empleabilidad y domesticación de las nuevas generaciones. Si acaso, para qué cuernos sirven las pasiones y fugas de Bach o las sonatas y flautas mágicas de Amadeus.

Cuando las autoridades de la educación -a poco de asumir- dispararon su furia contra los sindicatos de la educación dieron una señal de aviso: “Es con ustedes y va en serio”. Lo que vino después es bastante conocido. Persecución, escraches, escarnio, tapas de diarios preferentemente en días domingo, editoriales desenfrenados, juicios de comisiones “investigadoras” de curioso método que culpabilizaron y sentenciaron a priori, de antemano y por las dudas, en modo “pedido ya”, con procedimientos de forma y contenido que deben haber erizado a los fantasmas de Bolentini y Rapela.

No obstante, los sindicatos -incluso con abolladuras y golpes evidentes- con maestras, docentes y funcionarios, resistieron y resisten el embate que pretende acotarlos a su mínima expresión posible. A casi nada.

En este marco y lejos de amedrentarse, la Fenapes mantuvo abiertos distintos frentes de discusión y acción. Tuvo que destinar esfuerzo y horas a librar batallas jurídicas y legales, pero también sostener la defensa de sus afiliados en los ámbitos de discusión en medios de comunicación, explicarlo todo, volver a explicarlo una vez más, al tiempo de recorrer el país también para recolectar las firmas para derogar 135 artículos de la LUC. En ese proceso, no descuidó otro aspecto central de su razón de ser: investigar hacia dónde va la educación y analizar en perspectiva lo que está sucediendo en el continente y el mundo. Como parte de este último aspecto, la federación estudió e investigó junto a la IE los experimentos empresariales para debilitar y lucrar con el derecho a la educación.

El producto de ese trabajo de investigación está plasmado en un libro que fue presentado en Montevideo y que es fruto de un esfuerzo de trabajo global y regional de la IE, que busca describir las formas que toma “el comercio educativo” y la participación de actores no estatales y grupos privados en la gestión y la implementación de la política educativa.

Según se desprende del propio material presentado en nuestro país, las investigaciones “se basan en revisión bibliográfica de documentos de las últimas tres décadas, son todos documentos de acceso público, obtenidos mediante fuentes digitales”. Para el caso de Uruguay, “se revisaron legislaciones del país, informes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), documentos del Banco Interamericano de Desarrollo, publicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como informes de las Fundaciones Ceibal, UPM y el grupo Eduy21 y ReachingU, entre otros”.

El libro fue presentado en una actividad que tuvo como expositores a la coordinadora de la publicación, Gabriela Bonilla, el prologuista, Gabriel Delacoste, el representante de la IE, Carlos Díaz, y José Olivera de Fenapes.

"Lo que se observa en Uruguay es parte de una tendencia regional, en la que el Estado destina fondos públicos a la compra de servicios a actores privados, desde fundaciones hasta organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otras. Además, se identifica que muchos de estos fondos públicos son recursos adquiridos mediante endeudamientos, principalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al mismo tiempo, se observan redes de negocio o clústers económicos, en los que empresas, organizaciones y fundaciones a las que el Estado uruguayo habilita para participar como proveedor de servicios o implementador de algún componente de la política educativa, subcontratan a entidades más pequeñas para proveer diferentes tipos de servicios. Así, se genera un universo de actores privados alrededor de la gestión y el desarrollo de la educación pública. A esto se le puede llamar comercialización de la educación pública".

Según revela la investigación, “cuando se hace lectura de los proyectos aprobados por el BID, se constata que estos ya prevén la participación de grupos privados y proveedores privados en la prestación de los servicios para lograr los objetivos de dichos proyectos. Es decir, el Estado uruguayo, como tantos otros Estados en la región, se endeuda para financiar la participación de actores privados en diferentes niveles de la educación pública. Estos endeudamientos suelen tener períodos de pago de hasta 25 años plazo”. El texto revela que en general, se observa una participación “activa y permanente” de un actor financiero como es el BID, “en el rumbo y en las iniciativas de la política educativa en Uruguay, como ocurre en el resto de la región”.

La publicación de Fenapes y el OLPE también analiza “la irrupción de otro actor internacional, como es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se revisan la publicación de Recursos Educativos en Uruguay (INEEd/OCDE, 2016) y El financiamiento de la educación. Conectando recursos y aprendizaje (OCDE, 2017), que brindan recomendaciones que orientan al diseño de presupuestos educativos por resultados, el rediseño de la evaluación docente, la participación de actores privados en la prestación de servicios educativos, en especial en la primera infancia, la reforma de la educación secundaria para alinearla con las exigencias del mercado laboral”. Como se verá, estaban preparados. Y por si fuera poco, una de las principales recomendaciones que la OCDE hace a Uruguay se refiere a “revisar la participación de las y los docentes de toma de decisiones de la política educativa y establecer un marco nacional de competencias docentes”. Tal como lo indica el trabajo recientemente presentado, “los sindicatos de educación tienen claro que las empresas privadas están llamadas a ser eficientes, a maximizar ganancias y minimizar inversiones y costos de operación. Pero esto es una dinámica que aplica en el sector empresarial privado y no se puede traer al sector público ni al Estado, puesto que los objetivos del Estado y de una empresa son diferentes. El Estado es responsable de garantizar derechos y construir condiciones para la igualdad y la cohesión social, mediante políticas públicas”.

Bonilla: “El proceso de privatización comenzó en la década del 90”

Gabriela Bonilla es licenciada en Pedagogía y Antropología Social de la Universidad de Costa Rica y forma parte del equipo que elaboró el trabajo del Observatorio Latinoamericano de Política Educativa de la Internacional de la Educación en rechazo al experimento de la privatización y comercialización de la educación.

Bonilla explicó que esta campaña internacional comenzó en el año 2016 y para ello se investigó y produjo documentación que pudiera ser de uso internacional a los sindicatos para “respaldar” la acción en materia de política sindical. “Lo que vemos en Uruguay, más allá de que nos lo quieren vender como novedoso al hablar de transformación educativa, es que en la educación media se recortarán materias importantes y los estudiantes deberán elegir entre una u otra materia. Estos son diseños que ya se leían en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Pobreza de 1990. Hace 32 años las recomendaciones eran reducir el currículum y enfocarlo en lengua y matemática. Adecuar la educación media al mercado y se criticaba a los trabajadores del sector público y de la educación por el costo que significaban. Todo con una visión empresarial”.

Para Bonilla, en Uruguay como en América Latina, se ha vivido una seguidilla de tres décadas de endeudamiento con el BID y de reformas en la educación. “En el caso de Uruguay son préstamos de poco monto si se tiene en cuenta el presupuesto total de la educación pública. La pregunta entonces es: ¿para qué se necesitan esos préstamos y por qué las administraciones públicas dejan que una institución financiera defina el rumbo de la política educativa?”.

Según la experta costarricense, en 2001, “con el préstamo de 35 millones de dólares, se ponen a consideración préstamos concursables para que una empresa, una ONG o cualquier grupo privado puedan acceder a los mismos, por lo que automáticamente se les abrió el juego a empresas ajenas a las políticas educativas”.

Bonilla recordó que posteriormente, en 2017 y 2021 se aprobaron primero 200 millones de dólares y luego otros 50 millones a modo complementario, para el programa de Educación Media y se impulsó la modalidad de tiempo completo y de tiempo extendido. “De acuerdo a lo investigado, no trae una mejora en el proceso de aprendizaje, ni para estudiantes ni para docentes. Por eso hablamos de que se está experimentando en materia de la educación y que actores privados son invitados a presentar sus iniciativas. La experiencia de la fundación UPM nos muestra que se destinan fondos para proyectos educativos y se financian materiales, contenidos y ejercicios que se terminan llevando a la educción pública. Así es que se van implementando ciertas ideas, lo que tiene sus reparos desde el punto de vista pedagógico".

Bonilla entiende que hay dos casos “complicados" en Uruguay. Uno es el del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y otro es la Fundación Ceibal. "El Ineed que realiza estudios con fondos públicos, llega a publicar estudios que sostienen que el gasto de la ANEP es básicamente consumido por el gasto de personal y allí realiza distintos análisis estigmatizantes para quienes trabajan en la educación. La propuesta de BID de revisar la gratuidad está alineada con la OCDE, con varios grupos empresariales que dicen la gratuidad no debería ser para todos”.

Según explicó la experta, el proceso de privatización que comienza en la década del 90 lleva a realizar un estudio de todo el proceso para poder comprender la lógica que se ha intentado aplicar. La posibilidad que da el estudio de los distintos fenómenos privatizadores en el continente, ayuda a comprender el fenómeno en su real dimensión. Bonilla a esto lo define como una "ventaja" para facilitar la comprensión del proceso. “Son los Estados los que tienen que garantizar, gestionar y financiar la educación pública", subrayó. No obstante, se detuvo a analizar en particular el caso uruguayo en relación a Eduy21, para proseguir el análisis de lo que ha venido sucediendo en la región en general y en nuestro país en particular. "Yo sé que se han querido mostrar como una iniciativa ciudadana sin posición político partidaria, pero cuando se ingresa en el sitio web para ver la lista de sus contribuyentes aparecían personas vinculadas a universidades privadas, como la Universidad Católica, otras vinculadas al centro de capacitación de Jacksonville, con vínculos con el Plan Ceibal, integrantes de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, y a mí me cuesta pensar que con esos socios contribuyentes, Eduy21 pueda pensar en plasmar una iniciativa ciudadana no ideológica. Y coincidentemente, Eduy21 realiza consejos para revisar los consejos desconcentrados acá en Uruguay, como también revisar la carrera docente, entre otros planteos. Por lo tanto, no podemos evitar ver las coincidencias enormes que tiene Eduy21 con lo que plantea la OCDE que en ciertos puntos es casi idéntico. Es más, la OCDE dice que los consejos desconcentrados 'retrasan' o son un 'obstáculo' para una reforma más holística en la educación del Uruguay".

En perspectiva global, la representante de la IE también cuestionó la mirada que tiene el Banco Mundial cuando señala que los docentes tienen "secuestrada" la educación y mantienen a los estudiantes en la pobreza, como consecuencia de sus intereses sectoriales. "Así lo dice el Banco Mundial y luego lo escucharán ustedes aquí en Uruguay dicho por distintos actores empresariales y del poder, como también en Colombia, en Chile, en toda América Latina. Entonces, ni siquiera son innovadores con las posturas que promueven ahora los sectores que detentan el poder, es una postura ideológica que se repite siempre contra lo público. Y no son dichos nuestros, todo está escrito en documentos del Banco Mundial y de distintos organismos. Es perverso decir que los estudiantes que reciben formación en arte, cultura, historia, filosofía, no podrán acceder a puestos de trabajo. Esa es una historia mal contada. Acá lo que hay es una reforma que se viene tratando de imponer desde 1990 que pretende dejar a los alumnos tan solo con acceso a matemáticas y lenguaje, y excluirlos de muchos otros conocimientos que solamente los quieren en sus espacios de formación y educación privada. Allí sí quieren que haya formación completa y universal, con acceso a la cultura y al pensamiento".