El comunicado también destaca que durante el 2023, la Facultad de Derecho, en colaboración con la Cámara de Representantes del Poder Legislativo, evaluó el impacto de la Ley 19.580 mediante el análisis de 300 casos judicializados y comprobó que “la relevancia de los sistemas de protección para las víctimas, así como el funcionamiento, eficacia y aspectos a perfeccionar de los mecanismos legales, siendo hoy la ley una herramienta necesaria para la prevención”.
Regresión
Para el Grupo Derecho y Género los proyectos de modificación representan “una “regresión” respecto a los sistemas de protección; así como el incumplimiento de los deberes previstos en su artículo primero, esto es la debida diligencia, la prevención, la atención, la protección, la sanción y la erradicación de la violencia hacia las mujeres”.
Además, el grupo señaló que la legislación actual ya cuenta con mecanismos para sancionar acciones como la calumnia o la simulación de delitos, haciendo innecesario añadir estas figuras a la Ley 19.580. En tal sentido, expresaron su preocupación por la fundamentación de las propuestas en la supuesta existencia de numerosas "denuncias falsas", para lo cual "no se cuenta con datos o base empírica que lo sostenga".
Y añadieron: "La imposibilidad de probar judicialmente que se ha cometido una conducta que merece reproche penal, no es sinónimo de que la denuncia sea falsa".
El grupo alerta sobre el riesgo de que las modificaciones propuestas desincentiven las denuncias por violencia de género, deslegitimen a las víctimas y, en última instancia, hagan que acceder a la justicia sea prácticamente imposible para ellas.
Para finalizar, cuestionan por qué se está confundiendo el sistema penal con el sistema de protección, cuyo objetivo principal es la prevención de un daño mayor, y por qué se está poniendo en duda el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
