La historia había comenzado en agosto de 2024, cuando un transeúnte advirtió la presencia de una varilla metálica que sobresalía de la vía pública. La intervención policial permitió descubrir la excavación subterránea, que conectaba un local comercial con las inmediaciones de la bóveda bancaria. En aquella primera etapa fueron detenidos cuatro ciudadanos uruguayos, a quienes se les atribuyó la responsabilidad de los trabajos de excavación.
Sin embargo, la investigación permitió establecer que detrás de la construcción existía una estructura más amplia, integrada por personas de distintas nacionalidades, entre ellas argentinos, uruguayos e italianos. Sus integrantes cumplían diferentes funciones: financiamiento, logística, búsqueda de propiedades y ejecución de las excavaciones.
Nuevos objetivos en Buenos Aires
Las pesquisas también revelaron que la organización no había abandonado sus planes de asaltar entidades financieras. En agosto de 2025, las autoridades recibieron información sobre nuevos proyectos de robo que apuntaban a sucursales ubicadas en Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, y en Chivilcoy, en la provincia bonaerense.
Ante la amenaza, una sucursal bancaria de Recoleta reforzó sus medidas de seguridad y trasladó sus instalaciones, una decisión que contribuyó a frustrar el golpe que se estaba preparando.
Para reconstruir el funcionamiento de la organización, los investigadores analizaron comunicaciones telefónicas y registros de antenas. Así identificaron un mecanismo de ocultamiento de identidades mediante líneas telefónicas registradas a nombre de terceras personas, entre ellas exfutbolistas y figuras del espectáculo.
También detectaron el uso de contratos inmobiliarios fraudulentos para alquilar propiedades que luego eran utilizadas como puntos de partida de las excavaciones.
Antecedentes de robo bancario
Entre los identificados aparece un hombre con antecedentes por un robo bancario cometido en 2010, señalado ahora como el principal organizador de la estructura. Otros sospechosos habrían participado en la gestión de los alquileres y en diferentes robos a departamentos de lujo.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N.º 1 de San Isidro ordenó los 19 procedimientos que permitieron concretar las últimas detenciones.
La investigación expuso así una organización que combinaba planificación, recursos económicos, identidades falsas y trabajos de ingeniería clandestina para intentar acceder a las bóvedas bancarias. La participación de ciudadanos de distintas nacionalidades, entre ellos uruguayos, le dio además una dimensión regional a una trama criminal que estuvo cerca de concretar nuevos golpes en territorio argentino.