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Sociedad violencia | Sipiav | INAU

Recalculando

La violencia crece, pero el presupuesto no

Desde Sipiav indicaron que intervinieron en 7.035 situaciones de violencia a niños, niñas y adolescentes en el año 2021

Las situaciones de violencia a niños, niñas y adolescentes atendidas por el Estado en 2021 aumentaron un 43% respecto al año anterior. Autoridades del Sipiav y del INAU destacaron los avances en el sistema de detección, pero reconocieron que se necesitan más recursos para atender la problemática.

En el año 2021 se atendieron 7.035 situaciones de violencia a niños, niñas y adolescentes (NNA), según el informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que se presentó el pasado lunes. Esta cifra, que implica la intervención en 19 situaciones diarias, representa un aumento respecto a 2020 que se intervino en 4.911 casos. Del total actual de casos, 2.882 corresponden a nuevas situaciones ingresadas al sistema durante 2021.

Durante la presentación de datos, el Sipiav explicó que el incremento de las cifras no implica necesariamente un aumento de la violencia, sino que refleja que “continúa aumentando, año a año, la capacidad de detección, registro e intervención en casos de violencia”. Sobre este punto, la directora y coordinadora del Sipiav, María Elena Mizrahi, le dijo a Caras y Caretas que el tema de la violencia de género y generaciones “es un problema que tiene Uruguay hace mucho tiempo”, pero que en los últimos años “se mejoraron las técnicas de registro y se comenzó a tener más conciencia de que el fenómeno existe”. Y añadió: “Al inicio se brindaban las cifras de Montevideo, Canelones y San José, pero estos últimos años, al tener dispositivos en todo el territorio nacional, tenemos una mayor detección que nos posibilitó dar datos a nivel país”.

Sobre el incremento de casos, la jerarca sostuvo que se explica por el fin de la emergencia sanitaria y el retorno a la presencialidad, lo que posibilitó que los equipos técnicos del sistema de respuesta volvieran al territorio mejorando la detección de casos, a la vez que NNA también recuperaron sus espacios de protección, como centros educativos y CAIF, donde también se pueden detectar situaciones de violencia.

Mizrahi reconoció que “la violencia se ha complejizado”, pero destacó como aspecto positivo que “existe otra conciencia”. “En el caso de las niñas y de la preadolescencia, se dio un proceso que permitió que puedan plantear situaciones de violencia que en otros momentos no podían o tenían la fuerza para hacerlo. Los grupos de pertenencia de las adolescentes, donde se apoyan a sí mismas, colaboran a que puedan verbalizar situaciones abusivas”. La jerarca recordó que cuando surgió el Sipiav [2019] se enfrentaron a dificultades para reportar situaciones de violencia, aspecto en el que se avanzó significativamente porque “la adolescencia avanzó por sí misma al darse cuenta que la violencia hacia ella no es admisible”.

Faltan recursos

Consultada sobre los desafíos del Estado para atender la creciente problemática de la violencia hacia NNA, Mizrahi expresó: “Debemos posibilitar que esas niños, niñas y adolescentes tengan espacios donde denunciar. En esto tiene un papel importante la sensibilización y capacitación de los técnicos de todas las instituciones para que puedan ser receptivos y escuchar lo que plantean las víctimas de una situación de violencia”. El develamiento de estas historias de violencia, aseguró la experta, “no es sencillo”, ya que las niñas y niños no se sientan y dicen que son agredidos por su padre o madre. “Dicen cosas que nosotros tenemos decodificar, observar cuáles son los síntomas en centros educativos, si hay cambios en el comportamiento, en esa etapa los técnicos tienen un rol de sostén fundamental”.

Actualmente el Sipiav cuenta con 32 comités de recepción en los cuales trabajan 605 técnicos y técnicas, recursos humanos que ante el aumento de la violencia no son suficientes. “Cada vez tenemos mayor exigencia, por lo cual deberíamos tener más técnicos para dar mejor respuesta. El año pasado atendíamos 4900 casos con 605 técnicos y ahora atendemos 7035 con la misma cantidad. Con este panorama vamos a poder hacer el primer abordaje, pero seguiremos con mucha debilidad en lo que es la detección, seguimiento y la reparación de daños.”, reconoció la entrevistada. “Tenemos dos formas de detectar situaciones, la denuncia -que se puede hacer en Fiscalía o a través de la Línea Azul del INAU- y lo que llamamos ‘detección’, que para trabajar la situación es mejor, ya que a partir de que se revela un caso, el técnico puede armar la estrategia y buscar con qué referentes adultos cuenta para apoyar a las víctimas. Estos aspectos son muy importantes para abordar la situación, especialmente en situaciones de violencia sexual, abuso o explotación, con todo lo que implica la judialización de estos delitos graves. Se necesitan recursos humanos para sostener a las niñas y niños en ese proceso. Para eso, mantenemos una fuerte coordinación con la Unidad de Víctimas de Fiscalía y otros organismos, buscando que el tránsito sea lo menos revictimizante posible, que no es tarea fácil debido al impacto que generan estas situaciones que, en la mayoría de los casos, tienen como agresores a familiares directos. El impacto psicológico es enorme”.

A la carencia de recursos humanos que trabajan específicamente en detectar situaciones de violencia, se suma otro problema: el cierre de programas sociales del Ministerio de Desarrollo que trabajaban en los barrios de contexto crítico, directamente con las familias, como los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat) y los Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF), que colaboraban en la detección de casos de violencia. Al preguntarle a la directora del Sipiav cómo repercutía la falta de estas políticas sociales, expresó: “Cualquier dispositivo que retire técnicos del territorio para nosotros es una dificultad”.

Otra de las necesidades para enfrentar la problemática de la violencia hacia NNA, según la jerarca, es la realización de “grandes campañas de sensibilización”, que tienen un alto costo. “El Parlamento votó una ley que mandata al Sipiav, pero no están los recursos disponibles”. Más allá de las mejoras que pueden hacerse sobre los servicios que atienden las situaciones de violencia, Mizrahi aseguró que es necesario avanzar en cuestiones estructurales como las formas de relacionamiento social. “Existen asimetrías de poder muy fuertes en las que niñas, niños y mujeres sufren desigualdad. En esa asimetría es donde se ejerce la violencia, y ese es un cambio cultural que nos debemos replantear”.

Llegando tarde

La directora por el Frente Amplio (FA) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Natalia Argenzio, opinó que el aumento de casos de violencia en la infancia y la adolescencia no significa que estemos ante “una pandemia de violencia”, sino frente a una problemática estructural de la sociedad. “Lo que se está observando cada 25 de abril es el avance en el trabajo realizado, en lo jurídico, político, en derechos y a nivel de cada territorio, así como en la sensibilización de los equipos y de las instituciones que trabajan para poder desnaturalizar el problema. Es por eso que vemos el incremento de las cifras”.

Para Argenzio es importante tener claro que las 7.035 situaciones de violencia reportadas recientemente no reflejan la totalidad que existe, sino que fueron las atendidas por el sistema. A su entender, “el problema es grave” y “debe responderse como política de Estado”. Por otro lado, reconoció que Uruguay ha tenido muchos avances en materia de derecho, pero aseguró que queda mucho por hacer, sobre todo seguir trabajando para sensibilizar y desnaturalizar el problema. “Una de las cifras más impresionantes del informe fue que el 65% de las víctimas no se visualizan en la situación de violencia”.

Además de las cifras difundidas recientemente por el Sipiav, Argenzio analizó otros indicadores que muestran la vulneración de derechos hacia las infancias y adolescencias y que dan cuenta de la necesidad de atender el problema como política de Estado. “En la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia basada en Género y Generaciones del 2019 observamos que más de 386.119 niñas, niños y adolescentes viven en hogares donde se reportó alguna situación de violencia de género. Además, en el 20% de estos hogares la violencia fue ejercida hacia menores de edad. Otro indicador alarmante es el incremento de la judicialización: en 2021 fueron tramitados 30.000 oficios del Poder Judicial que se recibieron en las puertas de entrada del INAU, en todos los departamentos”.

El aumento del 16% de las denuncias que recibe la Línea Azul es, según la directora, otro indicador importante, pero más aún “el aumento de la reiteración de denuncia”, ya que significa que “no estamos llegando a tiempo”. “Esta situación nos tiene que interpelar como Estado porque acá el problema no es la sociedad, es el Estado que tiene que responder con políticas adecuadas. Y no se trata solo de sensibilización, sino pasar a una prevención oportuna y cuando se detecta una situación de violencia, proceder rápidamente para activar la reparación del daño”, añadió.

Más violencia, igual presupuesto

Ante el aumento elevado de los casos de violencia hacia NNA, señaló Argenzio, el INAU mantuvo la misma asignación presupuestal de 98 millones para enfrentar el problema. “No aumentó el presupuesto para violencia, no aumentó la cantidad de 550 cupos para dar respuesta a una reparación del daño acorde a los modelos requeridos y los proyectos de proximidad que se conforman con equipos multidisciplinarios. Con las cifras actuales, 550 cupos representan un abordaje del 7% de las denuncias”.

Según Argenzio existe “una triada” que complejiza la situación: además del crecimiento de casos y el no aumento de presupuesto, otra “gran preocupación” es que “por tercer año consecutivo el INAU no ejecutó el 100% de su presupuesto, devolviendo a rentas generales 766 millones de pesos en 2020 y 755 millones en 2021”. A esto se suma, señaló la jerarca, que el aumento presupuestal anual de 5% estuvo por debajo del aumento de la inflación, que fue de 7,95%. “Mientras tanto, hay un aumento de la vulneración de derechos hacia niñas, niños y adolescentes. Preocupa que pudiendo planificar una estrategia paulatina para abordar la problemática, se decidió no ejecutar parte de ese presupuesto”.

Argenzio enfatizó en que el problema de la violencia hacia NNA rompe los ojos y necesita otro tipo de respuesta. “Además de las cifras y los indicadores mencionados, lo vemos en la sobredemanda que tienen los centros de 24 horas del INAU: el 41% está sobrepoblado. Pero el encierro no puede seguir siendo la primera herramienta para dar respuesta a situaciones de desprotección y vulneración. Se requiere la contratación de equipos -actualmente en las puertas de entrada de INAU una dupla atiende 70 situaciones de diversa índole de vulneración-, acciones continuas de prevención, especificidad técnica, ratios de abordaje definidos. Las políticas de infancia y adolescencia deben ser abordadas como largoplacistas y no con intervenciones focalizadas”.

Para finalizar, la directora remarcó que no debe pasarse por alto que hay una fuerte agudización de la crisis económica y pérdida empleo que agrava la problemática. “Los referentes de las puertas de entrada del interior cuentan que aumentó la demanda de familias que piden soluciones de vivienda, empleo. Eso habla de un Estado que no está presente con la integridad que requiere el abordaje de estas situaciones. Cuando hay un caso de violencia el Estado tiene que entrar a la familia, se requiere interinstitucionalidad, acompañamiento real y articulación para combatir todas las aristas de esta terrible problemática. Para cambiar esta realidad se necesita inversión”.

Algunas cifras del Sipiav

De las 7035 situaciones de violencia registradas:

Un 55% corresponde a víctimas niñas y adolescentes de sexo femenino y un 45% a varones

Un 37%, se ubican en la franja etaria de 6 a 12 años y un 19 % en menores de cinco años.

Un 37% corresponden a casos de "maltrato emocional", 24% negligencia, 20% abuso sexual, 17% maltrato físico y 2% explotación sexual.

En un 39 % de los casos los agresores fueron los padres de las víctimas y en un 23% las madres.

Se registraron 1400 situaciones de abuso sexual, más de 3 casos por día. De las situaciones atendidas, 3 de cada 4 fueron niñas o adolescentes mujeres y el 45% tenían entre 13 y 17 años.

El 79% de los casos las personas que cometieron los abusos formaban parte de los vínculos cercanos de las víctimas.

Un 78 % de las situaciones de abuso se detectaron en su fase crónica, lo que significa una exposición prolongada a la situación de violencia.

Se intervino en 1196 casos de maltrato físico: golpes, tirones, pellizcones y quemaduras. En el 54% de los casos, el agresor fue el padre o pareja de la madre, en un 33% la madre, en un 9% otro familiar, en un 2% un no familiar y en el 2% restante la pareja de la víctima.

El 65% de las víctimas no son conscientes de la violencia a las que están sometidas.

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