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Sociedad libertad de expresión | periodistas | Informe

Grandeza del pasado

Libertad de expresión: la democracia uruguaya «se deteriora rápido»

Uruguay ya no es modelo a seguir en libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información pública, según informe regional. Caras y Caretas dialogó con Fabián Werner, periodista y director Cainfo, quien evaluó la respuesta del gobierno ante esta problemática y cómo impacta en la labor periodística.

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Voces del Sur (VdS), una red regional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina especializadas en libertad de prensa, libertad de expresión, acceso a la información y seguridad de periodistas publicó un informe en el que afirma que “ya no es posible considerar al Estado uruguayo como un modelo a seguir en materia de la protección de las libertades fundamentales en América Latina”.

El apartado del análisis del continente reservado a Uruguay se realizó a partir de los datos recogidos por el Centro de Acceso a la Información (Cainfo), una organización uruguaya que forma parte de la red VdS.

Destacan que hubo un crecimiento de 90% en las alertas relacionadas con libertad de prensa y expresión entre 2020 y 2021. “Este deterioro fue impulsado por un aumento de 450% en discursos estigmatizantes, 400% en procesos civiles y penales y 67% en restricciones en el acceso a la información”, este último dato refleja, aseguran, que no se está cumpliendo con la ley de acceso a la información pública “que por años fue estandarte del Estado uruguayo”.

En 2021 el Estado fue el agresor en 70% de las alertas en el país. Para VdS “es innegable que el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou ha propiciado antagonismo hacia la prensa”, por ejemplo, a través de “discursos estigmatizantes por parte de funcionarias públicas, ministras y senadoras”. Cainfo recogió en su informe que la senadora nacionalista Graciela Bianchi fue la perpetuadora de la mayoría de los ataques contra periodistas en 2021.

VdS destacó también la “criminalización” del accionar periodístico a través de demandas judiciales a periodistas por parte de partidistas de Lacalle. Resaltó la denuncia por difamación e injurias contra esta revista y contra la diaria presentada por Pilar Silvestre.

Otro punto que resaltó la red regional son las alertas atravesadas por la variable transversal de género. Cainfo registró 41 alertas por violencias en contra de periodistas hombres y 10 en contra de mujeres (un aumento en el registro de 116% y 150% respectivamente); pero informó que hay un gran reto en el monitoreo de violencia de género por la “invisibilización y falta de representación”. Aunque la mayor parte del alumnado de las carreras de Comunicación lo integran mujeres, son hombres los que ocupan casi todos los puestos ejecutivos y directivos, “recibiendo mejores salarios y mayor reconocimiento”.

Para VdS “es preocupante que una de las democracias más sólidas en la región se deteriore de manera tan rápida”. Recomendó que “la sociedad civil uruguaya y el Estado” trabajen en conjunto “para proteger las libertades de prensa y expresión por encima de intereses partidarios. El presidente Lacalle Pou debe dar cuentas de las acciones de su gobierno y sus aliados políticos en contra de la prensa y frenar los avances de los miembros de su partido para criminalizar y estigmatizar a periodistas”.

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Libertad de expresión en Uruguay

Libertad de expresión en Uruguay

Caras y Caretas dialogó con Fabián Werner, periodista y director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), quien reflexionó sobre el deterioro de la libertad de prensa en Uruguay, evaluó la actitud del gobierno ante esta problemática y opinó sobre el impacto que tiene en la labor periodística.

A la luz de los últimos informes referidos a la libertad de prensa y de expresión en Uruguay, que ubican a nuestro país en un escenario cada vez más negativo, ¿qué reflexiones ameritan?

Con la suma de los informes publicados este año, y la tendencia que se marcaba en los anteriores, queda claro que existe un deterioro en el ambiente de la libertad de prensa en Uruguay, que ya se está viendo desde hace algún tiempo a nivel internacional, algo que debería generar preocupación en las autoridades, ya que la mayoría de las amenazas y las restricciones provienen del Estado. Deberíamos empezar a discutir cuáles son las razones de este aumento de casos y de que sean los funcionarios públicos y organismos del Estado -los principales responsables de garantizar los derechos- quienes actualmente los están vulnerando. Por otro lado, el ambiente de hostigamiento y estigmatización que se ha instalado en el país es otro elemento que nos preocupa como organización de la sociedad civil porque es lo que genera el escenario previo a la ocurrencia de episodios más graves, como hemos visto en otros países de la región. En algunos casos, ha tenido un reflejo en hechos de violencia contra periodistas. En Uruguay se está observando un aumento alarmante de procesos judiciales, otro asunto que consideramos que hay que analizar con detenimiento y establecer por qué todos estos hechos han aumentado en los últimos tres años.

¿Tienes alguna hipótesis?

Da la impresión de que la campaña electoral de 2019 generó un ambiente muy polarizado a nivel de la política, pero también más allá, y que se reflejó en discusiones en redes sociales y también en los discursos públicos. Esa situación ha tenido un reflejo natural en este tipo de situaciones, cuando actores políticos o personas que tienen una exposición mayor en sus manifestaciones empiezan a sentir cuestionamiento por parte del periodismo y los medios de comunicación y reaccionan de manera violenta o tratando de desacreditar a aquellos medios o periodistas que tienen una visión crítica de su trabajo cuando en toda sociedad democrática ese es el rol del periodismo. Creo que fue en ese espacio que se generó este ambiente tan tenso que nunca disminuyó. Es habitual que durante las campañas electorales salga este tipo de situación, y se sumó el hecho inusual de que a menos de dos años de la elección nacional hubo otra campaña electoral por la Ley de Urgente Consideración, que también tenía contenidos que afectaban la libertad de expresión. Que la suma de estas situaciones haya llevado a esta situación es una hipótesis, pero habría que ver con más detenimiento los episodios que acontecieron y el tipo de mensajes que se han emitido para ver si hay otros factores.

¿Qué lectura haces de la respuesta del gobierno ante estos informes? Han negado los resultados e incluso desacreditaron a las organizaciones que los elaboraron.

Es bastante complejo porque refleja que el gobierno está negando el problema y que se pone una vestidura que la sociedad civil no le pone, ya que al analizar los 70 casos que ocurrieron el año pasado en Uruguay, se observa que no todos corresponden al gobierno nacional. Hay muchos otros responsables de estas amenazas o estas restricciones a la libertad de expresión. Esta reacción del gobierno asume una culpa que en muchos casos no pasa por el gobierno nacional. Más allá de esa situación, nos preocupa la acusación o la estigmatización contra la sociedad civil. Se mete a sectores del periodismo o de la sociedad civil en la misma bolsa de la oposición, tratando de desacreditar el trabajo y sosteniendo que si hay crítica, es porque tienen sesgo ideológico o intereses políticos partidarios. Lo otro que es preocupante es que algunos episodios ameritan una respuesta pública por parte de las principales autoridades del país, como por ejemplo la amenaza de muerte a la periodista Silvia Techera en Cerro Largo. No hubo un solo vocero del gobierno que manifestara solidaridad, preocupación o que hiciera referencia a la situación compleja que existe en la frontera y que puede representar un riesgo adicional para los periodistas que hacen su trabajo en ese territorio. Hay desinterés en este tema, así como en otros episodios como los juicios a periodistas, que también ameritan un claro mensaje de las autoridades que exprese que la judicialización no es la forma de dirimir las diferencias o el malestar. Creo que el ambiente de tensión ha llevado a que haya un silencio por parte de las autoridades, incluso cuando existen casos graves que no tienen nada que ver con cuestiones ideológicas ni partidarias.

¿Cómo crees que impacta esta situación en la labor periodística?

Cainfo ha recibido muchos comentarios de colegas, tanto el año pasado como este, planteando situaciones bastante incomodas sobre todo por parte de integrantes de la coalición de gobierno. Me refiero a situaciones similares a la que aconteció en estos días con el secretario de la Presidencia y la colega de TV Ciudad: recriminación por las coberturas, por el tono de las entrevistas o por los temas que se tratan en los programas. Ese tipo de actitudes generan preocupación en los periodistas y tienen el efecto deseado cuando se hacen estos planteos: tratar de hacer pensar dos veces a los periodistas cuando tratan temas que pueden generar malestar en las autoridades. Cuando se generan estos climas, lo que también ocurre es la autocensura, la decisión por parte de medios y periodistas de evitar determinados temas que pueden ocasionar malestar. Estas situaciones son muy difíciles de medir para las organizaciones de la sociedad civil; desconocemos el número de casos de autocensura, pero en la medida que se genera un ambiente de recriminación, hostigación y estigmatización, obviamente genera el temor a represalias en las personas que trabajan en los medios.

¿Podría decirse que existe una campaña de ensañamiento contra los medios públicos?

En el caso de TV Ciudad parece haber una línea argumental bastante asentada, sobre todo por parte del Partido Nacional, y más que nada a nivel de la Junta Departamental. Algunos ediles han hecho del cuestionamiento al manejo presupuestal de TV Ciudad una línea de argumentación política. Por otro lado, hay algunos voceros del gobierno que tienen una exposición mayor, como la senadora Graciela Bianchi, que están permanentemente cuestionando no solo la línea editorial del medio, sino la condición de periodistas de trabajadores y trabajadores del canal. Eso es grave porque esa misma crítica no se tiene con otros medios que también tienen una línea editorial clara. En Canal 5, el otro medio público, hay una línea editorial completamente distinta a la de TV Ciudad y no se realiza ningún cuestionamiento. Más allá de la línea editorial que todos los medios tienen, nos preocupa el ataque a periodistas, que hoy pueden trabajar en un medio y mañana en otro.

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