Las primeras decisiones que el fiscal Raúl Iglesias ha tomado desde que llegó a la Fiscalía de 4º turno (Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género), anteriormente encabezada por Sylvia Lovesio, han generado polémica y en este caso malestar desde algunas organizaciones feministas.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
A pocos días del “enroque” entre Iglesias, anterior encargado de la fiscalía de 2º turno, y Lovesio, se conoció que el nuevo fiscal de 4º turno solicitaría el levantamiento de la prisión preventiva sobre tres de los acusados en el caso de violación grupal de una mujer de 30 años, ocurrido en un apartamento del barrio Cordón el pasado 23 de enero, el cual constituye una de las causas más resonantes de dicha dependencia.
En esa oportunidad, Iglesias había manifestado a Telemundo que al asumir en la fiscalía de delitos sexuales y analizar la causa del Cordón, notó que “el tema del riesgo procesal” ya no era tal “como para habilitar una medida cautelar (prisión preventiva) de tal magnitud y afección”.
A esta decisión, se agregó recientemente que el fiscal resolviera archivar 300 casos de delitos sexuales en el transcurso de una semana, hecho que fue denunciado el pasado jueves 19 de mayo por la Intersocial Feminista.
Junto a la denuncia, la Intersocial anunció que pediría una reunión con el Fiscal de Corte, Juan Gómez, para tratar el asunto, encuentro que podría concretarse en los próximos días.
Además del archivo de las 300 causas, el grupo también expresaba su preocupación por “las opiniones vertidas (por Iglesias) en medios de prensa sobre un caso de abuso sexual y la posible criminalización de la víctima, y el ataque sistemático de algunos medios de prensa para desacreditar fiscalías comprometidas con la defensa de los derechos humanos de mujeres, niños, niñas y adolescentes”.
Por su parte, el fiscal de delitos sexuales respondió que solicitó el archivo de casos “muy viejos” que se cerraron por falta de evidencias, en declaraciones a El Observador.
A dicho medio también dijo que estos casos surgieron entre los años 2018 y 2021, en los cuales “no se colectó la evidencia suficiente” para formalizar la investigación e imputar a los acusados, al tiempo que aseguró que actualmente no existen posibilidades de progresar en las investigaciones.
Para ejemplificar esta aseveración, Iglesias expresó que a “las víctimas (de estas denuncias) no las ubicás, no hay testigos, no hay pruebas físicas, no hay nada”.
Asimismo, contó que existen otros 650 casos en su Fiscalía y que algunos de ellos están “cerca” de la formalización, por lo que conviene “priorizar”.
El fiscal aclaró que su decisión no perseguía el objetivo de “desalentar las denuncias” por delitos sexuales. Para Iglesias, el mensaje que podría suponer el archivo de los casos, consiste en “una crítica” para que cuando se presente una denuncia, se haga “todo de la mejor manera para que esto no suceda”.