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Sociedad Fray Bentos | transportistas | Cobros

Grave perjuicio

Privatización del paso de Fray Bentos: transportistas denuncian tarifas abusivas y trato desigual

Empresa concesionaria obtiene ganancias millonarias mientras el sector soporta tarifas abusivas y trato desigual.

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Transportistas internacionales denuncian un perjuicio económico y un trato discriminatorio en el paso fronterizo de Fray Bentos, tras la concesión otorgada por el gobierno anterior a la empresa CIEMSA mediante el Decreto 175/023. El contrato, que incluye la explotación por 20 años del estacionamiento, área de comidas y free shop, ha generado un desbalance que beneficia desproporcionadamente a la empresa privada, mientras el sector del transporte de carga asume costos injustos.

Según datos revelados, CIEMSA invirtió U$S 14 millones en obras de mejoras, pero recuperará esa suma en menos de cinco años gracias a un cobro abusivo a los camiones. Desde diciembre de 2024, se impuso una tarifa de $800 por camión (actualizada a $850 en enero 2025), lo que, con un flujo diario de 400 vehículos, genera ingresos diarios de U$S 8.500 (aproximadamente U$S 3,1 millones anuales). En 20 años, la empresa recaudaría más de U$S 62 millones solo por este concepto, sin contar las ganancias del free shop y las áreas de comida.

Cobros obligatorios y sin alternativa

Los transportistas denuncian que el pago no es voluntario, sino consecuencia de controles estatales obligatorios (Aduana, Migración, Sanidad) y trámites de despachantes. A diferencia de los vehículos particulares y transporte de pasajeros —que gozan de dos horas de tolerancia sin costo—, los camiones pagan desde el ingreso, incluso si no estacionan o circulan vacíos. Además, se les cobra por 24 horas, aunque su estadía promedio oscile entre 15 minutos y 4 horas.

Exigencias del sector

Ante esta situación, los transportistas reclaman:

1. Revisión urgente del Decreto 175/023 y su aplicación.

2. Eliminación del cobro abusivo al transporte de carga.

"No podemos seguir financiando, con sobrecostos y sin voz, un modelo que solo beneficia a privados. Uruguay necesita desarrollo, pero con equidad", sostienen los afectados.

La concesión representa un enriquecimiento injusto para CIEMSA y una competencia desleal en la región que afecta la logística internacional. El gobierno enfrenta ahora la presión de corregir una medida que ha convertido un servicio público en un lucrativo monopolio privado.

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