Proyecto Neptuno: «Un pésimo negocio»

En una reunión que tuvo lugar el pasado martes en sede del FA, La Huella de Seregni, representantes de la fuerza política, de la Intendencia de Montevideo (IM), de las organizaciones sociales y de la academia compartieron sus visiones sobre el proyecto. Al término del intercambio, Federico Kreimerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) explicó a la prensa las razones del sindicato para “enfrentar” un proyecto como el Neptuno. “Además de privatizar el agua y vulnerar la voluntad del pueblo uruguayo en el plebiscito de 2004, es un pésimo negocio para los uruguayos. Estamos hablando de un proyecto que cuesta 200 millones de dólares, y que con el contrato que la OSE pretende firmar, según lo que ya votó el directorio, se van a terminar pagando más de 500 millones de dólares por algo que a los privados les cuesta 200 millones construir, y con plata que viene del bolsillo de los uruguayos, ya que se va a financiar con la tarifa de agua de la OSE. Estamos denunciando el pésimo negocio y el traslado de infraestructura pública a mano de capitales privados”.

El plebiscito al que refirió Kreimerman es la reforma constitucional referida la política nacional de aguas y saneamiento que se votó el 31 de octubre de 2004, alcanzando un 64,58% de apoyo. Uno de los incisos agregados en esta oportunidad, en el artículo 47, establece que “la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas”. En tal sentido, el dirigente recordó que Ffose ya presentó acciones legales contra este proyecto, en el entendido de que “vulnera los mecanismos de participación y discusión ciudadana, según indica la propia Constitución”. A la vez, prosiguió, emplaza al gobierno a dar respuestas de por qué cree que este es un buen proyecto, explicaciones que, a entender del sindicato, no han existido.

Consultado acerca de si existió alguna instancia de intercambio con el directorio de OSE una vez que los trabajadores y trabajadoras presentaron su postura en contra del proyecto, el dirigente aseguró que no hubo espacio de diálogo. “Lamentablemente, no. Hoy son difíciles las relaciones con el directorio de OSE porque aprobaron una inversión muy grande, mientras OSE tiene enormes carencias y urgencias. Estamos denunciando hace meses que nos faltan funcionarios, que en los últimos años se han retirado del organismo más de 900 y que no ingresó ni uno”. Sobre este punto, añadió que la falta de personal implica que se trabaje sin descanso, que se acumulen más de 100 días de licencia o que se armen turnos de 24 horas porque no hay personal para cubrir las cuadrillas que realizan los arreglos de los usuarios, además de que existen otras urgencias de inversión para mejorar, por ejemplo, las condiciones edilicias. “Al usuario le llega el agua de calidad, y estas cosas no. Pero del otro lado hay trabajadores cuyos derechos laborales están siendo vulnerados. Eso es una urgencia real y no el proyecto Neptuno”.

Ffose no fue la única organización que presentó recursos administrativos ante el directorio de la empresa estatal y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) solicitando la revocación del proyecto, también lo hicieron la IM y el director del ente por el FA, Edgardo Ortuño. “Buscamos, y lo logramos, que [el recurso] tenga efectos suspensivos. Por ahora, el acto administrativo está suspendido y la OSE debe fundamentar -y convencer- por qué cree que esto es un buen proyecto para la empresa pública, desde el punto de vista técnico y financiero”.

Egoísmo generacional

Martina Casás, una de las legisladoras frentistas que participó en la reunión, manifestó la coincidencia entre los planteos de las personas que asistieron al intercambio, y aseguró que la academia aportó “informes contundentes” sobre “los problemas ambientales del agua” y en particular sobre el proyecto Neptuno. “Tenemos posturas comunes de que este proyecto no es lo mejor. No se han dado las participaciones a las personas para tomar decisiones en el marco del convenio de Escazú que tiene Uruguay, además de los artículos constitucionales, que son posteriores a la ley de iniciativa privada, que es la que se toma para este proyecto”.

Y añadió: “Siguen apareciendo elementos que demuestran que este proyecto es malo técnicamente, jurídicamente, legalmente, y además económicamente. Estamos hablando de un egoísmo generacional de este gobierno, que está tratando de hacer obras públicas hipotecando el presupuesto de OSE para las generaciones futuras”.

De acuerdo a la legisladora, desde el FA no descartan ninguna acción, ya que “la idea es detener este proceso”, que “ha sido inconsulto”. “Nuestra legislación ampara que, en temas de agua y saneamiento, las decisiones se tienen que tomar con participación desde su inicio. Comunicar una vez que ya está tomada la decisión no es dar participación”.

Por otro lado, Casás denunció que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, “mintió en la cara” al decir durante una comisión general que no existía el proyecto y en un plazo inferior a un mes se aprobó en conferencia de prensa, “incluso contradiciendo lo que había dicho en comisión general. Estamos ante varios elementos. Tenemos un campo de acción bastante amplio”. En tal sentido, informo que las organizaciones sociales se presentaron este miércoles en la Comisión del Río de la Plata, donde el gerente general de OSE, Arturo Castagnino, va a estar presentando la iniciativa ante ellos.

Asimismo, aseguró que este proyecto “no va a resolver el problema [de abastecimiento de agua potable] de Canelones, Montevideo y San José por las dimensiones que fueron achicando, por una cuestión presupuestal, y porque sabemos que el Rio de la Plata, que es un curso de agua sobre el que no se tiene control, no va a dar agua de calidad. Para resolver los problemas del agua hay que resolver los problemas de OSE, pero también los problemas ambientales de las cuencas de donde sacamos el agua”.

“No queremos que el agua sea una mercancía”

Desde las organizaciones sociales también entienden que el proyecto Neptuno es una “falsa solución” al problema del abastecimiento del agua potable. María Selva Ortiz, integrante de la Red Amigos de la Tierra, explicó a Caras y Caretas que, ante la emergencia de asegurar el derecho humano al agua para el área metropolitana, se impuso una iniciativa privada que no va a solucionar el problema. “El país cuenta con una red hídrica superficial y subterránea de agua dulce como la cuenca del río Santa Lucía, que es recuperable y reversible, y que ha abastecido al área metropolitana en estos últimos 150 años. No tiene sentido tomar el agua de un estuario donde ya está demostrado que en ciertos momentos del año hay eventos de salinidad en los que la planta no va poder dar agua potable. En ningún lugar del mundo se hace una planta potabilizadora en un lugar donde no va a dar agua potable en un porcentaje que no sea un 99% de los días del año. Este año ya tuvimos más de 100 días que no hubiera podido dar agua potable, y estos eventos no se dan cada 100 años como dicen los defensores del proyecto, hay estudios que aseguran que la frecuencia no se puede predecir”.

En esta línea, aseguró que “algo que oculta” el proyecto Neptuno es que en el mediano plazo podría ser necesario colocar una desalinizadora, y que asumir sus costos sería “una demencia” para el país, teniendo la red de agua dulce. Además, añadió, sería “desahuciar” la cuenca del Santa Lucía por creer que ya no será necesario cuidarla.

Al problema de los períodos de salinidad, prosiguió la entrevistada, se suma que Arazatí sería una planta chica, ya que la han disminuido por tema de costos, y que, además, se ubicaría en un río compartido por cinco países, con grandes problemáticas ambientales. “No tenemos ninguna soberanía de administrar esos territorios para que nos den agua sana, algo que sí tenemos en la cuenca del río Santa Lucía. Lo que hay que hacer es ver cómo se cuida y restaura lo que tenemos, y asegurar el caudal ecológico de toda la cuenca”.

Por otro lado, Ortiz subrayó la importancia del asesoramiento de la academia para estos temas y aseguró que “el gobierno le ha dado la espalda” y que “no respetan el método científico ni el conocimiento acumulado”. “En el momento histórico que estamos viviendo, donde el planeta está demostrando que estamos en problemas, es un grave error creer que el agua del Río de la Plata es infinita”.

Para finalizar, la activista lamentó que no se haya dado el debate sobre la eficacia o no de este proyecto antes de su aprobación y en los espacios de participación establecidos por la reforma constitucional, como lo son las comisiones de cuenca y los consejos regionales. “El gobierno se negó a dar esta discusión, impuso este proyecto y aclaró que no está en discusión, situación que venimos denunciando. De esta forma, se habilitó una iniciativa mediante la que empresas privadas van a invertir 210 millones de dólares y van a tener una ganancia de 700 millones de dólares en 30 años. No queremos que el agua sea una mercancía que vamos a pagar todos los uruguayos, esto no es lo que el pueblo decidió en 2004”.