La vacuna contra el meningococo
La gestión en este 2025 se caracterizó por un enfoque de justicia social en el acceso a medidas preventivas. El primer cambio en este sentido fue la universalización de la vacuna contra el meningococo. Su alto costo (aproximadamente 100 dólares por dosis en el mercado privado) hacía que solo las familias de mayores ingresos pudieran proteger a sus hijos. Las estadísticas lo evidenciaban, mientras que entre el 16 % y el 20 % de los niños usuarios del sector privado recibían la vacuna, apenas el 0.16 % de los niños en el sector público (ASSE) accedían a ella. Una enfermedad grave, con riesgo de muerte o secuelas irreversibles, encontraba a los niños con menos recursos en clara desventaja.
A través del MSP y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el mes de julio el Gobierno decidió incorporar esta vacuna al Certificado Esquema de Vacunación de forma gratuita y obligatoria.
La población objetivo de esta intervención está conformada por niños menores de dos años y adolescentes de 11 y 12 años, para quienes se destinó una inversión de 2 millones de dólares durante el segundo semestre de 2025, con una proyección de financiamiento anual de 4 millones de dólares a partir de 2026. Esta medida tiene como propósito erradicar la mortalidad y las graves secuelas asociadas a la enfermedad meningocócica invasiva, entre ellas daños neurológicos y amputaciones, considerando que solo en 2025 la patología ya había provocado el fallecimiento de un niño y afectado a otros 12.
Salud mental como prioridad
Pocas áreas condensaron tantas expectativas y demandas acumuladas como la salud mental. Durante años, Uruguay exhibió indicadores alarmantes, particularmente en materia de suicidio, sin lograr una respuesta estatal a la altura de la magnitud del problema. La nueva gestión decidió romper con esa inercia y colocar el tema en el centro de la agenda sanitaria y social.
El enfoque adoptado se alineó estrictamente con la Ley de Salud Mental (No. 19.529) para acelerar la transición desde un modelo asilar y hospitalocéntrico hacia uno comunitario e interdisciplinario. Para sustentar este cambio, el gobierno aseguró un financiamiento robusto. Se destinaron más de 160 millones de pesos para acciones específicas en salud mental. Durante 2025, se destinaron 30 millones de pesos a iniciativas comunitarias y regionales orientadas a fortalecer la atención en salud mental desde el territorio, mientras que otros 18 millones de pesos se ejecutaron hacia finales del año mediante convenios institucionales específicos. Esta combinación de financiamiento tiene el objetivo de atender tanto las respuestas de cercanía como el fortalecimiento de capacidades instaladas. A su vez, el Gobierno dejó establecido un compromiso presupuestal de largo aliento. Para el 2026 se aseguraron otros 144 millones de pesos que garantizarían la continuidad y sostenibilidad de los programas iniciados, evitando que la salud mental vuelva a depender de esfuerzos coyunturales.
En coincidencia con el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, se lanzó la iniciativa “Acción País”, concebida como un proceso amplio de participación ciudadana. La convocatoria logró involucrar a unas 1.500 personas y permitió recoger más de 300 propuestas provenientes de organizaciones sociales, ámbitos académicos, colectivos de usuarios y actores comunitarios. La apuesta fue construir una política pública desde las experiencias reales, integrando las necesidades y saberes de quienes conviven cotidianamente con los desafíos de la salud mental, y trasladarlos a la planificación estatal.
El cambio de modelo también exigió transformar las condiciones materiales de atención. La estrategia de desmanicomialización avanzó de la mano de una inversión sostenida en infraestructura dentro de los hospitales generales, entendiendo que la atención digna requiere espacios adecuados. En octubre de 2025 se inauguraron las nuevas salas de salud mental del Hospital de Clínicas, en un acto encabezado por la vicepresidenta Carolina Cosse. La obra incorporó 48 camas, 38 de cuidados moderados y 10 de alta complejidad, junto con áreas de confort, espacios para acompañantes y servicios de apoyo. El objetivo fue integrar plenamente al paciente con padecimientos psíquicos a la dinámica hospitalaria general, reduciendo el aislamiento y combatiendo el estigma histórico asociado a este tipo de internaciones.
Esta línea de trabajo no se limitó a Montevideo. En Fray Bentos, por ejemplo, se anunció la refacción integral de las salas de salud mental del hospital local, replicando el modelo de atención digna en el litoral del país y reforzando la descentralización de servicios. Paralelamente, la ministra Cristina Lustemberg subrayó la importancia de avanzar en la reglamentación de la Ordenanza 148, una herramienta normativa para habilitar casas de medio camino y residencias asistidas. Estos dispositivos resultan fundamentales para la externación de pacientes crónicos y para consolidar un modelo de atención comunitaria que permita procesos de rehabilitación e inclusión social sostenidos.
La prevención, especialmente entre adolescentes y jóvenes, ocupó un lugar central dentro de esta estrategia integral. La campaña “Ni Silencio, Ni Tabú” se consolidó como la principal herramienta de promoción de la salud mental en esta franja etaria. A través de talleres en liceos y espacios comunitarios, el programa abre el diálogo sobre el suicidio, el malestar emocional y el cuidado de la salud psíquica, derribando barreras culturales que históricamente dificultaron la expresión del sufrimiento. Desde el Gobierno se enfatizó la necesidad de “llegar antes”, interviniendo, no cuando la crisis ya está instalada, sino fortaleciendo habilidades socioemocionales desde el ámbito educativo y comunitario como una forma concreta de prevención.
Descentralización e inversión
La desigualdad territorial fue identificada desde el inicio como uno de los grandes problemas del sistema de salud uruguayo. Durante años, la concentración de tecnología y especialidades en Montevideo obligó a miles de personas del interior a recorrer cientos de kilómetros para acceder a diagnósticos o tratamientos complejos, con costos económicos y emocionales difíciles de cuantificar.
Bajo la conducción de ASSE encabezada por Álvaro Danza, la política de infraestructura sanitaria adoptó como definición, resolver los problemas de la gente allí donde la gente vive. Esta premisa orientó un giro deliberado frente al histórico centralismo montevideano, impulsando inversiones destinadas a dotar a los hospitales departamentales de mayor capacidad resolutiva y a reducir la dependencia estructural del área metropolitana para acceder a diagnósticos y tratamientos complejos. La descentralización pasó a convertirse en una línea de acción concreta, con impacto directo en el territorio.
Uno de los proyectos más importantes de esta estrategia fue concebido para saldar una deuda histórica con la Ciudad de la Costa y el eje de la Ruta Interbalnearia, una de las zonas de mayor crecimiento demográfico del país. Durante décadas, ese aumento poblacional no fue acompañado por una expansión proporcional de los servicios de salud, generando sobrecarga asistencial y traslados constantes hacia Montevideo. Para revertir esta situación, el Gobierno de Yamandú Orsi lanzó el Plan Integral de Atención en Salud para la Costa Canaria, cuya pieza central será el Hospital de la Costa, a construirse en Atlántida.
El proyecto prevé una inversión de 40 millones de dólares y posiciona al futuro hospital como centro de referencia regional. Contará con 60 camas de internación polivalentes destinadas a medicina, pediatría y salud mental, un block quirúrgico moderno y tomógrafo propio, además de una emergencia fortalecida, hospital de día, atención domiciliaria y una cartera superior a las 30 especialidades médicas. Las obras comenzarán en 2026 y la inauguración está proyectada entre finales de 2027 e inicios de 2028. Mientras tanto, se reforzó la red existente mediante el fortalecimiento de policlínicas satélites en Salinas y Parque del Plata, así como del servicio de emergencias SAME 105, para la cobertura de la alta siniestralidad vial de la zona.
Otro hito relevante en el proceso de descentralización se concretó en mayo de 2025 con la inauguración del Centro de Radioterapia del Norte, en la ciudad de Salto. Se trató de un avance histórico para la medicina en el norte del río Negro, fruto de una alianza entre los prestadores privados Gremeda, Comepa, el Centro Médico de Salto y FEPREMI, con el respaldo del Estado, que implicó una inversión de 3,5 millones de dólares. Hasta ese momento, los pacientes oncológicos de Artigas, Salto y Paysandú debían trasladarse a Montevideo para recibir tratamiento radiante, con elevados costos económicos, desarraigo familiar y un desgaste físico y emocional significativo. La puesta en marcha del nuevo centro permitió que esos tratamientos se realicen en la región, beneficiando tanto a usuarios del sistema mutual como a pacientes de ASSE mediante convenios de complementación.
En paralelo, ASSE ejecutó un plan para renovar y expandir la red nacional de imagenología, entendida como una herramienta crítica para el diagnóstico oportuno de patologías neurológicas, oncológicas y traumáticas. Antes de finalizar 2025 se concretó la instalación de tomógrafos en el Hospital de Mercedes, gracias a una importante donación privada impulsada por la comunidad local y la diáspora uruguaya; en el Hospital de Colonia, cuya inauguración en octubre fortaleció la red del litoral sur; y en el Hospital del Cerro y el Hospital Maciel, consolidando la capacidad diagnóstica en la zona metropolitana. A estas incorporaciones se sumaron las instalaciones en el INOT y en el Hospital de Salto, completadas en diciembre. Además, se confirmó la instalación de un acelerador lineal en el Hospital de San Carlos para principios de 2026, lo que dotará a la región este del país de autonomía en tratamientos oncológicos de alta complejidad.
El fortalecimiento del primer nivel de atención acompañó esta estrategia de inversión en alta tecnología. Con el objetivo de descomprimir hospitales y acercar la salud a los barrios, se priorizó la ampliación y mejora de policlínicas de cercanía. En Canelones, la inauguración de la Policlínica 18 de Mayo, con una inversión de 20 millones de pesos, permitió atender a una población estimada en 25.000 personas y se convirtió en un punto de referencia para una de las zonas más densamente pobladas del departamento. En el balneario San Luis, la apertura de una nueva policlínica en junio mejoró sustancialmente las condiciones de atención para unos 2.200 usuarios de la zona y áreas cercanas. En tanto, la policlínica de Sarandí de Navarro, en Río Negro, se consolidó como un ejemplo de complementación público-privada, donde ASSE y la mutualista CAMY comparten infraestructura y recursos para optimizar la atención en un contexto rural.
Listas de espera y gestión asistencial
Las listas de espera, profundizadas por el impacto de la pandemia y por problemas estructurales de gestión acumulados durante años, fueron identificadas desde el inicio de la administración como uno de los principales focos de malestar ciudadano. La demora en acceder a consultas, estudios y cirugías se había transformado en una experiencia cotidiana para miles de usuarios del sistema público. En ese contexto, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, informó avances iniciales que, si bien no resolvieron el problema de fondo, marcaron un cambio de tendencia en los primeros cinco meses de gestión.
Según los datos oficiales, se logró una reducción global del 8 % en las listas de espera para consultas y estudios ambulatorios en todo el país. El impacto fue particularmente significativo en especialidades consideradas críticas, donde la demanda acumulada era mayor. En áreas como oftalmología, psiquiatría y odontología, la disminución alcanzó el 14,6 %, reflejo de una combinación de mejoras organizativas, ampliación de agendas y derivaciones internas dentro del sistema público. Estos resultados fueron valorados como un primer paso en un proceso que necesariamente requiere continuidad y ajustes sostenidos en el tiempo.
Las autoridades reconocen que el desafío sigue siendo de gran magnitud. El rezago quirúrgico, por ejemplo, presenta un panorama aún más complejo. Hacia agosto de 2025, ASSE contabilizaba unos 6.800 pacientes en lista de espera quirúrgica a nivel nacional. La distribución de estos casos puso en evidencia cuellos de botella específicos en determinados centros y especialidades. El Hospital Pereira Rossell concentraba 963 niños en espera, fundamentalmente para cirugías de otorrinolaringología y oftalmología, mientras que el Hospital Pasteur registraba 883 pacientes pendientes y el INOT acumulaba 507 casos traumatológicos. En el interior del país, hospitales como los de Artigas y Paysandú mostraban cifras elevadas en relación con su población, lo que reforzó la necesidad de estrategias diferenciadas según el territorio.
Para enfrentar esta situación, se implementaron planes de contingencia y acuerdos de complementación entre instituciones. Uno de los ejemplos más relevantes fue el convenio entre el Hospital Pereira Rossell y el Hospital de Clínicas, que permitió derivar cirugías oftalmológicas pediátricas y comenzar a reducir tiempos de espera que, en algunos casos, superaban los dos años. Estas medidas apuntaron a utilizar de forma más eficiente la capacidad instalada del sistema público, evitando que la falta de coordinación agravara los retrasos existentes.
En este mismo marco, la salud bucal fue reconocida por la ministra Cristina Lustemberg como una de las grandes inequidades históricas del sistema de salud. Durante años, el acceso a tratamientos odontológicos de calidad estuvo condicionado por la capacidad de pago o por largas esperas en el sector público. En respuesta, ASSE intensificó de forma significativa las prestaciones en este rubro, realizando 16.700 intervenciones odontológicas entre marzo y diciembre de 2025.
Además del aumento en la cantidad de atenciones, se incorporaron innovaciones técnicas con impacto directo en la calidad asistencial. En el Hospital Pereira Rossell se implementaron procedimientos de sedoanalgesia que permiten tratar a niños pequeños y a personas con discapacidad que requieren intervenciones complejas, evitando en muchos casos la anestesia general. Esta modalidad reduce riesgos clínicos, mejora la experiencia del paciente y optimiza el uso de recursos hospitalarios, marcando un avance concreto en un área largamente postergada.
Digitalización e información
Uruguay continuó profundizando durante 2025 su posicionamiento como referente regional en salud digital, consolidando herramientas que ya formaban parte del sistema pero que obtuvieron una nueva escala de alcance y usabilidad. La Historia Clínica Electrónica Nacional dio un salto cualitativo al habilitar el acceso directo para todos los usuarios mayores de 18 años a “Mi Historia Clínica Digital” desde dispositivos móviles. Esta ampliación facilitó la consulta de estudios, diagnósticos y tratamientos y fortaleció un cambio cultural relevante. El paciente dejó de ser un receptor pasivo de información para convertirse en un actor con mayor control y conocimiento sobre su propio proceso de atención.
Más allá de su valor individual, la historia clínica electrónica se afianzó como pieza fundamental para garantizar la continuidad asistencial en un sistema caracterizado por la coexistencia de múltiples prestadores. La posibilidad de que un médico de guardia en un hospital del interior acceda de forma inmediata a los antecedentes clínicos, alergias o medicación habitual de un paciente residente en Montevideo, por ejemplo, se traduce en mayor seguridad, mejores decisiones clínicas y una reducción significativa de estudios repetidos innecesariamente. En la práctica cotidiana, esta herramienta comenzó a cerrar brechas entre niveles de atención y territorios, mejorando la eficiencia global del sistema.
En ese mismo camino de modernización y descentralización, la telemedicina se desarrolla como un recurso estratégico. El Hospital Maciel celebró el primer aniversario de su servicio de consultas virtuales, que durante 2025 amplió su alcance a especialidades como salud mental y dermatología. Esta modalidad permitió acercar atención especializada a usuarios que, de otro modo, enfrentarían demoras prolongadas o traslados innecesarios, lo que demuestra que la tecnología puede ser una aliada efectiva para reducir desigualdades geográficas sin resignar calidad asistencial.
Paralelamente, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) reforzó su rol dentro de la red pública de atención. En coordinación con el Ministerio de Salud Pública, se puso en marcha un programa de tamizaje de cáncer de mama dirigido a mujeres de alto riesgo, utilizando resonancia magnética como método diagnóstico. Esta tecnología, de mayor sensibilidad que la mamografía convencional, fue financiada con recursos públicos, garantizando el acceso equitativo a una herramienta de diagnóstico avanzado que hasta ahora estaba reservada a circuitos muy específicos. La iniciativa amplió capacidades técnicas y reafirmó una lógica de salud digital y alta complejidad orientada a la prevención y a la reducción de desigualdades.
Sarampión, vacunación y vigilancia epidemiológica
Sin lugar a duda, uno de los desafíos sanitarios más complejos que enfrenta la administración encabezada por Cristina Lustemberg durante su primer año de gestión es la reaparición del sarampión. Se trata de una situación especialmente sensible para Uruguay, que desde 1999 mantenía el estatus de país libre de circulación autóctona de esta enfermedad. Sin embargo, el deterioro de las coberturas vacunales a nivel regional y global, sumado a la circulación activa del virus en países vecinos, generó un escenario de vulnerabilidad.
La alerta sanitaria se activó en noviembre en la localidad de San Javier, en el departamento de Río Negro, cuando el Ministerio de Salud Pública detectó un conjunto de casos importados vinculados a viajeros provenientes de Bolivia, donde el sarampión mantiene transmisión sostenida. La situación escaló el 9 de diciembre, con la confirmación de un caso de transmisión local, lo que elevó a siete el número total de contagios y puso en riesgo el reconocimiento internacional del estatus sanitario del país.
La respuesta de las autoridades fue inmediata y se ajustó estrictamente a los protocolos de vigilancia epidemiológica. Se activó la búsqueda intensiva de contactos y se estableció un seguimiento clínico durante 21 días para todas las personas consideradas sospechosas. A nivel comunitario, en San Javier se resolvió la suspensión temporal de las clases presenciales, que pasaron a modalidad virtual, y se exhortó a la población a evitar aglomeraciones como forma de cortar la cadena de transmisión.
Confirmada la circulación viral, el Gobierno optó por una estrategia de alcance nacional. El 6 de diciembre de 2025 fue declarado Día Nacional de Vacunación contra el Sarampión, con el objetivo de reforzar la inmunidad colectiva y proteger especialmente a las personas nacidas después de 1967 que no contaban con las dos dosis de la vacuna triple viral (SRP). La jornada se complementó con acciones sostenidas en los días siguientes y logró vacunar a unas 20.000 personas en todo el país. Desde el MSP se destacó esta respuesta como una señal de la rápida adhesión de la población y de la capacidad operativa de los equipos de salud, recordando que la vacunación sigue siendo la única herramienta eficaz frente a una enfermedad de alta transmisibilidad.
En paralelo, el sistema de vigilancia debió atender otras alertas sanitarias relevantes. Durante noviembre y diciembre de 2025 se detectaron murciélagos positivos al virus de la rabia en zonas urbanas de Montevideo, en áreas cercanas al Instituto de Higiene y a la Comisión Nacional de Zoonosis. Ante esta situación, el MSP desplegó jornadas especiales de vacunación antirrábica para mascotas en los perímetros afectados, reforzando la barrera inmunológica y reduciendo el riesgo de transmisión a humanos.
Asimismo, se avanzó en el fortalecimiento del diagnóstico y la prevención de infecciones de transmisión sexual. En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH, se implementaron nuevas directrices para facilitar el acceso a pruebas rápidas de VIH y sífilis en todos los prestadores de salud, con un énfasis particular en la eliminación de la transmisión materno-infantil. Estas medidas integraron una estrategia más amplia orientada a la vigilancia, prevención y acceso oportuno al diagnóstico como pilares de la política sanitaria.
Economía de la salud y regulación
El Presupuesto Quinquenal 2025-2029, aprobado en los últimos días, representó una síntesis de las prioridades sociales. En particular, se dispusieron incrementos significativos en las transferencias monetarias destinadas a la primera infancia, fortaleciendo el “Bono Crianza” y las asignaciones para embarazadas y niños de 0 a 3 años, que proyectaron alcanzar los $3.339 mensuales en 2026. A estas medidas se sumó la creación de una partida específica para la denominada canasta menstrual, orientada a garantizar el acceso a productos de higiene para mujeres en situación de vulnerabilidad, incorporando una perspectiva de género explícita a la política de salud pública.
Otro de los frentes relevantes en esta gestión fue la estabilidad del sector mutual, puesta a prueba por la situación financiera del CASMU. Frente a este escenario, el gobierno aplicó la Ley N.º 20.404 y dispuso una intervención de carácter técnico, condicionando la liberación de fondos de garantía al cumplimiento de metas concretas de gestión y saneamiento. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública comparecieron en reiteradas oportunidades ante el Parlamento para informar sobre el proceso, subrayando que el objetivo central fue preservar la continuidad asistencial. Según lo informado oficialmente, pese a las dificultades económicas de la institución, la atención a los usuarios se mantuvo sin interrupciones.
Por otro lado, el estudio de la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social mostró un estancamiento en el descenso de fumadores en Uruguay por lo que sus autores sugieren aumentar los impuestos al tabaco por considerar que es la herramienta más costo efectiva para reducir el consumo y evitar nuevas enfermedades y muertes.
Los estudios académicos estiman en unos 38 millones de dólares anuales el costo directo del tabaquismo para el Estado. Según el informe, la carga impositiva real sobre el tabaco se ha mantenido prácticamente sin variaciones significativas en los últimos años, y quedó por debajo de los estándares recomendados por la OMS, mientras que los costos médicos directos atribuibles al consumo de tabaco en Uruguay alcanzan al 1,5 % del PBI, lo que supera ampliamente la recaudación fiscal por impuesto al tabaco que ronda el 0,3 %.
En ese marco, la ministra Cristina Lustemberg y el equipo económico impulsan la discusión de un eventual “Impuesto Saludable”, orientado a desincentivar el consumo de productos nocivos como el tabaco y los alimentos ultraprocesados.
Al cerrar 2025, el balance de los primeros nueve meses de gestión sanitaria muestra un sistema en pleno movimiento. Hubo respuestas eficaces ante emergencias epidemiológicas, decisiones de fondo para reducir inequidades en la prevención, una inversión histórica en salud mental y una apuesta clara por la descentralización y la modernización. Los problemas persisten y son significativos. Las listas de espera quirúrgicas, la sostenibilidad financiera y la necesidad de consolidar los cambios iniciados, seguirán marcando la agenda. Sin embargo, el rumbo adoptado deja como señal que la salud pública volvió a ocupar un lugar central en la acción del Estado como expresión concreta de derechos, equidad y cohesión social.
