"Rebaja salarial de un 30% es inadmisible", denunció Utmides

La vocera del sindicato, Ana Casteluccio, explicó a Caras y Caretas que la declaración de conflicto responde a que el 44% de los trabajadores y trabajadoras de la plantilla tiene contratos precarios, a su entender, "una práctica común que el Ministerio ha utilizado para sus recursos humanos".

Ante la situación de precariedad laboral, prosiguió Casteluccio, el sindicato planteó este año ante el Parlamento la necesidad de un artículo que regularizara estos vínculos laborales, normativa que fue aprobada, pero que trajo sorpresas en su aplicación. "La administración decidió aplicar efectos retroactivos a dicho artículo, proponiendo rebajas salariales del 30% a 370 empleados para regularizar sus contratos".

De acuerdo a la entrevistada, la administración solicita a estos trabajadores realizar 10 horas adicionales sin compensación salarial, medida que el sindicato considera "inadmisible". Y añadió: "Estamos hablando de gente que hace muchos años que trabaja en este ministerio, que viene realizando las mismas tareas, por las que venían cobrando cierto salario y que ahora el ministerio decide que no lo va a pagar más esas horas. Es inadmisible una rebaja de un 30% del salario. Le pedimos a las personas que piensen si estarían dispuestas a trabajar en ese marco".

Por otro lado, la dirigente de Utmides manifestó el descontento de trabajadoras y trabajadores y denunció la falta de respuestas del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a una nota que el sindicato le entregó recientemente para explicar la situación.

Además, señaló que el sindicato siempre apostó a la negociación con las autoridades, pero que estas instancias no han sido fructíferas, ya que en la última reunión quedó claro que la administración rechaza las propuestas del sindicato.

La situación se agravó cuando el sindicato se enteró de que las personas que no acepten las nuevas condiciones no tienen garantía de mantener sus puestos laborales. En palabras de la vocera sindical, se enfrentan a la disyuntiva de aceptar una rebaja salarial significativa, trabajar bajo condiciones desfavorables o perder sus empleos.

"Nosotros buscamos una solución. También somos conscientes de que el Ministerio sacó este martes un comunicado a la opinión pública con su interpretación jurídica. No nos sorprende que su interpretación jurídica vaya en contra de los derechos de las trabajadoras porque este mismo Ministerio en 2020 entendió que era perfectamente legal que las personas pasaran seis meses sin cobrar sus salarios", concluyó.