En la lista difundida en el informe de la Comisión para la Paz del 2005 se encuentra el ex Batallón n.° 13 con 13 zonas señaladas además del Batallón de Paracaidistas n.° 14, la chacra militar de Camino Pajas Blancas, una cantera de Ancap, el centro clandestino de detención La Casona, la Chacra de Pando, distintos lugares de Maldonado, el parador Tajes, y la brigada de Artillería Antiaérea n.° 1.
En la actualidad, las búsquedas siguen en el Batallón n.° 13, en el 14, donde a mediados del año pasado se encontraron los restos de una mujer, en la Chacra de Pando y en la zona de la represa de Rincón del Bonete en Paso de Los Toros.
El ex Batallón de Infantería Blindado n.° 13 del Ejército Nacional se encuentra en Av. de las Instrucciones n.° 1933, limitando al norte con el arroyo Miguelete. Formaba parte de un complejo militar que incluía diferentes servicios: Servicio de Material y Armamento (SMA), Servicio de Intendencia del Ejército, Batallón de Infantería n.° 5 y Brigada de Comunicaciones n.° 1. De acuerdo con denuncias realizadas por instituciones de derechos humanos, comisiones parlamentarias y organizaciones de Familiares, dicha unidad militar fue, desde los inicios de la dictadura, Centro Clandestino de Detención (CCD), tortura y desaparición forzada de personas, conocido como “300 Carlos” o “Infierno Grande”.
Si bien hay un listado incompleto, se estima que más de 600 hombres y mujeres fueron detenidos de forma forzada y pasaron por allí.
Según el trabajo de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Serpaj, Ielsur y otros organismos de derechos humanos, las personas que podrían haber sido enterradas allí son: Eduardo Bleier (hallado), Otermín Montes de Oca, Elena Quinteros, María Claudia García, Amelia Sanjurjo, Fernando Miranda (hallado), Julio Correa Rodríguez, Julio Escudero, Oscar Tassino, Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo, Oscar Baliñas y Luis Eduardo González.
La unidad militar fue un espacio de represión, violaciones, asesinatos, torturas, desaparición forzada y enterramiento de personas. Hay una entrada conjunta que comparten el SMA (Servicio de Material y Armamento del Ejército) y el ex Batallón 13. De las instalaciones que están dentro del complejo, las víctimas reconocieron uno en particular como el espacio en el que fueron torturadas y secuestradas, ese galpón fue el n.° 4.
Durante 1975 y 1976 se llevó a cabo el Operativo Morgan, operativo represivo realizado por el régimen dictatorial contra el Partido Comunista de Uruguay.
Rodolfo Porley Corbo fue un periodista uruguayo que estuvo detenido desaparecido 147 días -entre 1975 y 1976- en 300 Carlos. En 1980 fue expulsado a Suecia, donde vivió hasta la salida de la democracia en Uruguay. Su testimonio, como el de otros y otras detenidos desaparecidos, es parte de la memoria de los sitios, palabras desde el sufrimiento y la resistencia.
Dentro del complejo había galpones que tenían una distancia de por lo menos 500 metros entre sí. “Estaba preparado cada milímetro, hicieron un mecanismo para aplicar desapariciones masivas y torturas sin que nadie de los alrededores se diera cuenta”, manifestó Porley.
Desde 2019 el lugar tiene el reconocimiento como Sitio de Memoria, con carácter comunitario territorial y barrial. Hay una comisión de personas y organizaciones que trabajan en el espacio para profundizar la sensibilización en el barrio. La organización se fundó en 2016 y tiene la finalidad de promover, sostener y difundir el sitio.
También se están colocando placas conmemorativas en distintos puntos del predio que señalan hechos graves allí ocurridos. A su vez, un programa de visitas periódicas al Galpón se viene realizando desde hace cuatro años con el fin de difundir una cultura de DDHH. Por otra parte, está prevista la construcción de un parque lineal sobre una margen del arroyo Miguelete (límite NE), próximo a donde se produjo el hallazgo de enterramientos humanos.
La negativa de UTE
En una de las jornadas de excavación fue cortado un cable de 6 mil voltios que dejó sin luz no solo a la unidad militar, sino a fincas particulares del barrio, y de puro milagro no ocasionó importantes daños al personal que estaba trabajando.
Se hallaron, además, otros cables subterráneos, algunos en funcionamiento.
Desde la Institución se solicitaron los planos de la instalación, pero las autoridades de la Unidad Militar no los encontraron. Tampoco pudieron precisar de cuándo datan las obras de enterramiento del cableado. Desde entonces las obras se encuentran paralizadas en esa zona.
La voz de la Directora Fernanda Cardona apelando a un gesto de buena voluntad de UTE, fue un eco en el desierto.
Impunidad y burocracia
El artículo n.° 72 de la ley 18.446 de creación de la Institución Nacional de Derechos humanos define la obligación de colaborar con la INDDHH: “Todos los funcionarios y dependientes de los organismos y entidades objeto de la competencia de la INDDHH tienen la obligación de colaborar con esta. A los efectos previstos en el inciso anterior, todos los organismos e instituciones públicas harán conocer entre sus funcionarios la presente obligación y harán efectiva la responsabilidad disciplinaria para el caso de incumplimiento. Asimismo, deberá comunicarse idéntica obligación a las empresas de servicios públicos tercerizados o concesionarios en el acto mismo del contrato a celebrarse, debiendo constar a texto expreso en los documentos que se suscriban”.
Este artículo parece quedar a criterio de los jerarcas de turno, fundando sus resoluciones en otra maraña de disposiciones legales.
El directorio de la Institución se puso en contacto con UTE para comunicar lo sucedido y sugerir, para poder seguir con el trabajo, si era posible que el organismo desviara el tendido eléctrico subterráneo.
La respuesta del directorio del organismo fue terminante: entiende que como esos cables están en predio militar no le compete a UTE resolver la situación, si bien su corte afectó a fincas externas y aledañas a la Unidad Militar.
Caras y Caretas, entendiendo que el directorio del ente energético le “pasó la pelota al Ministerio de Defensa”, consultó al mismo. Desde el despacho del ministro Javier García se informó que “como la zona de las excavaciones está cautelada por resolución judicial, ellos tampoco pueden intervenir”.
Así, entonces, amparados en fundamentos legales, la verdad sigue cautiva.
Consultado el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tayler, explicó que ante las razones dadas por UTE, están estudiando la posibilidad de contratar una empresa privada que haga el desvío necesario de los cables.
O sea que la INDDHH debe desviar el motivo principal de su razón de ser, incluso presupuestalmente, por la falta de voluntad política y compromiso con los derechos humanos.
