Según el ranking de Reporteros sin Fronteras sobre libertad de expresión, Uruguay descendió 26 puntos; por lo que desde diferentes organismos se ha manifestado preocupación y el informe de Amnistía Internacional fue negativo.
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La pandemia de COVID-19 siguen afectando a los grupos en situación vulnerable, se registraron varios ataques contra periodistas y medios de comunicación, lo que supuso una amenaza a la libertad de expresión; según divulgó Amnistía Internacional España.
Amnistía Internacional que se autodefine en su página web como un "movimiento global integrado por más de 10 millones de personas en más de 150 países y territorios, que actúan para poner fin a los abusos contra los derechos humanos", funciona como medio que actúa desde 1961 denunciando situaciones en contra de los derechos humanos.
Además de la situación que vive Uruguay tras la pandemia y la mención del caso Astesiano, el medio cuestionó los ataques que se registraron a la prensa uruguaya.
"El examen de Uruguay ante los comités de la ONU sobre la tortura, los derechos humanos y la desaparición forzada constató un debilitamiento del Mecanismo Nacional para la Elaboración de Informes y Seguimiento de Recomendaciones y una falta de diálogo con la sociedad civil", detalló el medio en el informe publicado.
A raíz de todo esto, Uruguay pasó de estar en el lugar 18 al lugar 44 en el ranking de libertad de expresión de países, que realiza Reporteros sin Fronteras.
En un informe publicado el año anterior, consta que durante el 2021 se habían registrado 51 casos de amenazas a periodistas, y que al menos 2 periodistas y medios de comunicación se enfrentaban a acciones judiciales por el contenido publicado -entre ellos, Caras y Caretas-.
Otro de los casos que conmocionó a la comunidad periodística del país y del mundo posteriormente, fue lo ocurrido en diciembre con los periodistas de El Observador. En su momento, los periodistas tuvieron que publicar la información por sus propias vías, entendiendo que era de interés público ya que involucraba un posible uso irresponsable y peligroso del sistema de seguridad del Estado.
Agravando la situación, varias solicitudes de información pública no obtuvieron respuesta, o la recibida fue insatisfactoria; lo cual se dio en marco de la examinación de un proyecto de ley para modificar la Ley 18.381 sobre el acceso a la información pública que, de aprobarse, obstaculizaría aún más la transparencia.
El informe publicado también evidenció una grave falta por parte de la justicia, ya que en setiembre del año anterior el jefe de seguridad del presidente fue acusado de falsificar documentos y durante su comparecencia en el juzgado, el juez no permitió la entrada de la prensa y declaró la vista a puerta cerrada. Esto fue considerado como un incumpliendo de las disposiciones del Código del Proceso Penal sobre audiencias públicas.